La organización Colombia Caravana UK lawyers Group, que funciona en el Reino Unido desde 2008 y agrupa a juristas de diferentes partes del mundo, presentó su quinto informe sobre el trabajo que realizan sus miembros con los abogados y defensores de los derechos humanos en el país suramericano.

Original publicado en el semanario londinense en español Express News

El evento que se realizó el pasado 18 de noviembre en la sede de la Law Society, en Londres, sirvió para dar a conocer a los asistentes un resumen de lo que recogieron en su quinta visita a Colombia, a propósito del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

La reunión contó también con la participación del vicepresidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), Reinaldo Villalba, quien ha trabajado por varios años para que los culpables de las violaciones de derechos humanos sean sancionados. Villalba presentó un balance sobre la situación actual en su país natal y habló sobre su percepción en materia del acuerdo de paz que busca poner fin a más de cinco décadas de guerra.

La fundadora y directora de la campaña Colombia Caravana, la abogada Sue Willman, miembro del Comité de Derechos Humanos de la Law Society, comentó durante su intervención, sobre la incertidumbre que existe en Colombia en cuanto al proceso de paz, y destacó que para lograr una paz verdadera es necesario que se reconozca el papel de la justicia y de los derechos humanos, de los abogados que brindan el acceso a la justicia y de los fiscales y jueces que la administran. “Nuestra esperanza es que el pueblo colombiano encuentre finalmente el camino para poner fin al conflicto armado y lograr una paz duradera y con justicia”, recalcó Willman

El informe presentado por la organización en el que se ven reflejados casos de crímenes, acosos, agresiones, amenazas, desapariciones, entre otros, hace un llamado para que la comunidad internacional continúe apoyando a la sociedad civil en Colombia en este momento crítico y se comprometa con los esfuerzos que se están llevando a cabo camino a alcanzar la paz.

Entre los panelistas invitados estuvo el ex embajador del Reino Unido en Colombia (2008-2012), John Dew, quien desde su experiencia en Bogotá ha mantenido un gran interés por los temas de derechos humanos en el país. El abogado londinense Mark Cunningham, quien formó parte de las caravanas en el 2008 y 2012, y el abogado Sean O’Reilly, de Colombia Caravana Irish Group Lead, presentaron sus perspectivas sobre la realidad colombiana y sus impresiones en cuanto a la gravedad de la situación y los riesgos que a diario enfrentan quienes han decidido defender a las víctimas.

En resumen, el informe de este año señala la falta de voluntad política para investigar los crímenes cometidos por paramilitares y militares en Colombia como uno de los problemas que deben resolverse. La negación del Gobierno en reconocer la existencia de paramilitares es parte de las dificultades a las que se enfrentan los jueces y abogados. Según indica el texto, estos niveles de abandono judicial amenazan el proceso de paz que se centra fuertemente en el tema de la impunidad.

La violencia en cifras

El vicepresidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), Reinaldo Villalba, ofreció, con su frase inicial, una breve pero contundente descripción de la realidad de los derechos humanos en su país: “tengo 57 años y no he conocido lo que es un país en paz. No solamente porque durante este tiempo ha perdurado la guerra, sino porque no se establecen las condiciones para una vida digna para la inmensa mayoría de los colombianos”. Su experiencia personal es la de muchos colombianos que por más de medio siglo no han vivido otra realidad que la que se desprende del conflicto armado.

Entre las cifras que presentó el abogado Villalba, destacó que de 1989 a 2015 han sido asesinados unos 308 (corregido del original) funcionarios de la justicia que quisieron cumplir con su deber. Durante ese mismo periodo, más de tres mil sindicalistas fueron asesinados, así como cuatro mil militantes o simpatizantes de la Unión Patriótica. El representante de CCAJAR señaló que en los últimos años se produjeron más de 5.700 ejecuciones extrajudiciales presentadas como falsos positivos, “lo que quiere decir que se trató de civiles asesinados y presentados como muertos en combate luego de uniformarlos”. A la lista se suman unos 152 periodistas asesinados desde 1977 y varias decenas de víctimas que intentaron reclamar sus tierras.

El riesgo de defender a los más vulnerables

Durante su presentación, notablemente afectado, Reinaldo Villalba admitió que realizar labores en defensa de las víctimas en este clima de inseguridad que se vive en Colombia tiene consecuencias que van mucho más allá de la persona y afectan la vida familiar, laboral y social. “Imagínense lo que sentí cuando mi hijo que tenía 5 años me dijo: ‘Papá, ¿a ti por qué te matan tanto a tus amigos? Porque muchas veces estaba en la casa cuando me llamaban para contarme de la muerte de mis amigos”, relató con tristeza al recordar el precio que muchos han tenido que pagar por tratar de ayudar a quienes no pueden defenderse.

Lamentó que el trabajo que realizan los defensores de los derechos humanos no sea reconocido como una contribución a la sociedad, a la democracia y la justicia, sino que, desde las estructuras del Estado, “tanto autoridades militares como civiles nos han dicho que hacemos guerra jurídica y que sacamos de combate a héroes de la patria y los metemos a la cárcel y a los jueces los acusan de hacer guerra judicial”, dijo.

Manifestó su preocupación por la decisión de la Unidad Nacional de Protección de retirar algunas medidas de seguridad a defensores en el país, lo que incrementa el riesgo de ser víctimas de agresiones y persecuciones. “Les invito a que les escriban a las autoridades para revertir esa información”. Pidió apoyo de las organizaciones para que continúen con las medidas de seguridad que protegen la vida de quienes ejercen esta profesión.

La ayuda internacional, un apoyo imprescindible

En entrevista para Express News, el abogado Villalba destacó la contribución de organizaciones como la Caravana porque ellos van a las regiones afectadas y conocen lo que está pasando directamente de quienes ayudan a las víctimas. “Si la Caravana recoge sus testimonios y les dice que están dispuestos a acompañarlos en caso de riesgo, no se sienten solos. Yo diría que este tipo de solidaridad internacional es como el combustible para seguir caminando, es un verdadero alimento”.

Destacó que se necesita más apoyo especialmente con el proceso de paz que podría darse: “sabemos que vienen tiempos difíciles, incluyendo en el aspecto de la seguridad y por eso necesitamos que la comunidad internacional no crea que con la firma de un acuerdo se resolvieron los problemas de violencia política, entre otras cosas porque no toda la violencia de este tipo se explica a partir del conflicto”. Consideró como necesario el inicio de un acuerdo que le dé un nuevo rumbo a su país “para que las nuevas generaciones puedan gozar de lo que a muchas generaciones se les ha privado”.