- El caso se refiere a la responsabilidad del Estado por crímenes atrocescometidos por paramilitares con la aquiescencia, colaboración y participación de agentes estatales, y más de 27 años de impunidad.
- En la audiencia declararon dos familiares de las víctimasde la masacre, quienes reclamaron justicia, verdad y reparación, incluida la reivindicación del buen nombre de sus seres queridos y la búsqueda diligente de 16 de las víctimas que continúan desaparecidas.
- Se solicitóa la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por las graves violaciones de derechos humanos y ordene al Estado reparar integralmente a las víctimas con medidas integrales de verdad, justicia, búsqueda y reparación.
- El Estado reconoció su responsabilidad en lasejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, así como las deficiencias en las
San José de Costa Rica, 29 de enero de 2026. – La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó ayer, 28 de enero, una audiencia pública en el caso Masacre del 16 de mayo (Cañas Cano y otros vs. Colombia), en la que se examinó la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la incursión paramilitar ocurrida el 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja, en el departamento de Santander, en la subregión del Magdalena Medio. Esta intervención que se llevó a cabo con la aquiescencia, colaboración y participación de agentes estatales dejó siete personas asesinadas y 25 desaparecidas forzadamente, entre ellas una mujer y tres adolescentes, tal como lo reconoció el propio Estado ayer y en este proceso internacional. Durante el conflicto armado interno, el Magdalena Medio, una zona con una fuerte tradición de activismo sindical, social y político, fue una de las más afectadas y con mayor presencia paramilitar.
Durante la audiencia, la Corte escuchó, entre otros, los alegatos de las organizaciones representantes de las víctimas, así como los testimonios de dos familiares, quienes relataron lo ocurrido la noche del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja y el impacto causado por los asesinatos, las desapariciones forzadas, la estigmatización y el desplazamiento forzado, así como las amenazas, asesinatos y otros ataques que sufrieron algunos familiares por buscar justicia y a las personas desaparecidas. En sus intervenciones, insistieron en su reclamo de justicia, verdad, reparación, preservación de la memoria y en la necesidad de limpiar el nombre de sus familiares, quienes fueron erróneamente señalados como colaboradores de la guerrilla para intentar justificar los graves crímenes cometidos en su contra.
Como ha sido reconocido por el propio Estado, la ejecución extrajudicial de 7 personas y la desaparición forzada de las otras 25 fueron el resultado del accionar de agentes estatales en incumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía. Las representantes evidenciaron que a incursión paramilitar fue planeada y ejecutada con la participación y el conocimiento de integrantes de agentes estatales, así como con la intervención de terceros particulares. Las víctimas fueron estigmatizadas como parte del “enemigo interno” en aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, sin fundamento alguno.
Por otro lado, los y las representantes expusieron ante la Corte las graves falencias que han caracterizado la investigación durante más de 27 años, enfatizando que estas no se limitaron a las etapas iniciales de la investigación, sino que persisten hasta la actualidad. En particular, señalaron que la impunidad sigue siendo la regla, especialmente respecto de agentes estatales y terceros que planearon, financiaron o se beneficiaron de la masacre. En este contexto, el propio Estado reconoció que las investigaciones adelantadas presentaron serias deficiencias en sus primeras etapas, al no ser imparciales ni efectivas, ni agotarse las líneas lógicas de investigación dentro de un plazo razonable. Asimismo, amplió su reconocimiento de responsabilidad por la violación del derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas, señalando que el daño sufrido no solo deriva de las fallas procesales iniciales, sino también de las circunstancias de las desapariciones, la impunidad prolongada, la incertidumbre persistente sobre el paradero de sus seres queridos y el temor a represalias durante décadas de búsqueda de justicia. Cabe destacar que, a más de 27 años de los hechos, 16 personas aún continúan desaparecidas.
Durante la audiencia también se abordaron los profundos impactos de la estigmatización, la falta de una respuesta estatal adecuada frente a las amenazas y ataques en contra de algunos familiares tras la masacre, y el desplazamiento forzado sufrido por al menos 45 familiares, quienes debieron abandonar Barrancabermeja para proteger sus vidas, renunciando a sus proyectos personales y familiares. Las representantes de las víctimas destacaron el daño colectivo que afectó el tejido social de toda una comunidad y dejó una marca persistente de exclusión y vulnerabilidad así como la deuda estatal en relación al esclarecimiento de los hechos y la verdad judicial de la masacre. Además, tampoco se ha satisfecho el derecho a la verdad, a través de la determinación del paradero de las personas responsables.
Por todo ello, las organizaciones representantes de las víctimas, el Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (Cajar) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), solicitaron a la Corte IDH que declare la responsabilidad internacional del Estado colombiano por las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas en este caso, incluyendo los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la verdad, a la honra y dignidad, a la libertad de circulación, a la vida familiar, a la protección especial de la niñez y a la búsqueda efectiva de personas desaparecidas. Asimismo, pidieron que se ordene la investigación, juzgamiento y sanción de todos los responsables en todos los niveles, el reconocimiento de los hechos como crímenes de lesa humanidad, la adopción de un plan integral de búsqueda de las personas desaparecidas y la implementación de medidas de memoria que reivindiquen la dignidad de las víctimas de este caso y de la comunidad de Barrancabermeja.
Las voces de las víctimas
Rocío Campos, hermana de Daniel Campos, desaparecido forzadamente en la masacre del 16 de mayo, y quien se desempeña desde hace años como secretaria técnica del capítulo Magdalena Medio del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), narró cómo durante estos 27 años han sido los familiares quienes han tenido que asumir labores de búsqueda y de investigación, debido a la falta de voluntad del Estado colombiano.
” (…) Vivimos en un duelo congelado en el tiempo, porque no hemos podido encontrar a nuestros familiares (…),” señaló Rocío, quien destacó que uno de los anhelos más grandes para ella y su familia era llegar a la CorteIDH, pues persisten en la búsqueda de verdad, de justicia y de encontrar a su hermano y a todas las personas desaparecidas forzadamente ese 16 de mayo de 1998.
Finalmente, indicó que espera que en esta instancia internacional se avance en materia de justicia, verdad y reparación, así como que se tomen determinaciones respecto a la construcción de memoria para la dignificación de las víctimas.
Por su parte, Luz Almanza Suárez, esposa de Ricky Nelson García, desaparecido forzadamente en la masacre del 16 de mayo, indicó que “(…) lo que más tenemos que limpiar es el buen nombre de nuestros familiares. Cuando se los llevaron, nos tildaron falsamente de guerrilleros y hoy en día reconocen que no fueron guerrilleros. Queremos que esto se haga público: que nuestros familiares no eran guerrilleros. Eran civiles, hombres de familia, hermanos y hermanas, a quienes aún hoy seguimos buscando”.