El panorama alentador corre por cuenta de la sociedad colombiana quien además de solidarizarse frente a las víctimas del pasado 17 de enero, no parece ya dispuesta a seguir avalando una confrontación militar que solo lleva a la pérdida de vidas.
El gobierno del presidente Iván Duque está tratando de convertir el dolor frente al grave atentado del ELN contra de la Escuela Superior de Cadetes “General Santander” en un cheque en blanco para conducir al país a un nuevo ciclo de violencia, y contribuir a enrarecer el clima de las relaciones internacionales con Cuba y Venezuela, en consonancia con la política exterior del presidente Donald Trump en la región.
Adicional al nefasto anuncio de la ruptura de los diálogos de paz con el ELN, en un hecho inédito el Presidente requirió al gobierno de Cuba, país garante de las negociaciones, capturar a la dirigencia de la guerrilla, rompiendo los protocolos establecidos para estas negociaciones.
Los protocolos fueron suscritos por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en su calidad de Jefe de Estado, quien invitó a países para que fueran facilitadores y garantes de su cumplimiento. El carácter en que actuó el entonces mandatario obliga al Estado en su conjunto, incluyendo al nuevo mandatario nacional, a cumplirlos de buena fe, a la luz de la Constitución Nacional y los principios de derecho internacional público.
Dichos protocolos establecen que en caso de ruptura de las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN se dispondrá un plazo de 15 días para planear y concretar el retorno de la delegación de paz del ELN a Colombia, el cese de operaciones militares y otras garantías de seguridad para la delegación. Lo anterior no significa que los responsables de estos hechos queden eximidos de su responsabilidad política y penal en el atentado.
En cambio, inclumplirlos sí genera un clima de inestabilidad y desconfianza sobre la seriedad del Estado colombiano en sus relaciones y obligaciones internacionales, así como para la posibilidad de futuros diálogos con la misma guerrilla. Constituye además, un acto de mala fe al crear un falso dilema para estigmatizar como aliados del terrorismo a los países garantes que, como Noruega, han anunciado que en honor a sus compromisos internacionales respetarán lo acordado. Todo un despropósito en las relaciones internacionales.
Ahora bien. La extraña tesis de que las negociaciones de paz con el ELN son una agenda de gobierno y por tanto no vincularía al actual mandatario, contraría la sentencia C-630 de 2017 que declaró constitucional la reforma que le da estabilidad jurídica al Acuerdo Final de Paz en la que se reitera que la paz es una política de Estado.
Para sustentar su postura, el canciller Carlos Holmes Trujillo distorsiona lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-379 de 2016 que aprobó la realización del plebiscito por la paz y en la cual se señala que el gobierno está encargado de la conducción de los diálogos de paz, lo que dista mucho de la afirmación del canciller.
Aún más, la citada sentencia explicita que:
«“35. Con todo, el hecho de que el Presidente sea la autoridad competente para firmar un acuerdo final en materia de paz, no implica que este sea el único poder constituido sobre el que recae la obligación de adelantar acciones tendientes a la consecución de la paz. De hecho, ello resultaría un imposible en el Estado colombiano fundado sobre el principio de división de poderes y la colaboración armónica de las ramas del poder público. Es decir que si bien la competencia de restablecer el orden público le corresponde al Presidente de la República y este indefectiblemente es quien debe firmar un acuerdo final de paz, las otras ramas del poder público también deben desarrollar lo que les corresponda dentro de la órbita de sus respectivas atribuciones en esta materia.»
En sesión del Consejo de Seguridad celebrada este miércoles 23 de enero, los países miembros además de reiterar la solidaridad por el atentado, insistieron en la necesidad de mantener la búsqueda dialogada con el ELN, así mismo el Jefe de la Misión de Verificación Sr. Carlos Ruiz en su informe trimestral ante este organismo, expresó frente a los trágicos hechos ocurridos en Bogotá, “la urgencia de poner fin a la violencia y preservar en los esfuerzos para garantizar un futuro más pacífico para todos los colombianos” Urge la continuación de la mesa de negociación con el ELN que permita pactar Acuerdos Humanitarios con base en el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra para la protección de la población civil en las zonas donde se prevé la profundización de la confrontación. Las comunidades que viven la zozobra de estos momentos, por otra parte, esperan que esta ruptura no sea definitiva y exigen buscar la vía para retomar los diálogos de paz.
El panorama alentador corre por cuenta de la sociedad colombiana quien además de solidarizarse frente a las víctimas del pasado 17 de enero, no parece ya dispuesta a seguir avalando una confrontación militar que solo lleva a la pérdida de vidas. Cada vez les es más difícil a quienes la defienden, sostener la idea de que el incendio se apaga con gasolina. Por eso es de prever que a las causas de la movilización social contra la corrupción y los derechos básicos, se sume ahora la defensa de la paz como la única salida para poner fin al terror, a la guerra, a la violencia sistemática contra liderazgos sociales, comunidades, contra combatientes y no combatientes, contra colombianas y colombianos. La paz no tiene reversa.