La Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación deben garantizar la continuidad de las investigaciones que involucran al saliente Fiscal y los funcionarios de la Fiscalía que hayan incurrido en conductas al margen de la ley y deben velar por el respeto a las decisiones de la JEP para evitar rupturas del orden Constitucional colombiano.
Bogotá, mayo 18 de 2019
La renuncia del Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez lejos de ser
una crisis institucional debe ser una oportunidad para que la sociedad colombiana, en ejercicio de su derecho a la participación, exija que quien ocupe este alto cargo reúna las condiciones de independencia e imparcialidad para que cumpla con las funciones que la Constitución y la Ley le otorgan y le exigen.
La verdadera crisis la están generando los reiterados ataques contra el proceso de paz y las entidades a cargo de su implementación, que se producen de manera permanente desde el Ejecutivo. Ello exacerba los sistemáticos ataques contra los líderes y lideresas sociales y las personas en proceso de reincorporación que creyeron en las garantías de seguridad del Acuerdo. Esto demanda medidas de urgencia desde el gobierno Duque.
La Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación deben garantizar la continuidad de las investigaciones que involucran al saliente Fiscal y los funcionarios de la Fiscalía que hayan incurrido en conductas al margen de la ley y deben velar por el respeto a las decisiones de la JEP para evitar rupturas del orden Constitucional colombiano.
Las organizaciones de la sociedad civil colombianas articuladas en la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos -CCEEU-, La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, y la Plataforma Colombiana de DDHH, Democracia y Desarrollo -PCDDD-, hacemos un llamado de urgencia en defensa del Estado Social de Derecho y exhortamos a que se respete la separación de poderes como principio estructural y transversal de la Constitución y se reafirme y proteja la independencia de la rama judicial frente a las indebidas presiones que se han desplegado desde diversas orillas para que desconozca la palabra empeñada por el Estado colombiano en el Acuerdo suscrito con las Farc – EP.
Reiteramos nuestro compromiso con la Paz de Colombia y en ese sentido estaremos atentas al desarrollo de estos acontecimientos y ofrecemos nuestros buenos oficios para superar esta difícil situación.
Exhortamos a la comunidad internacional, de manera particular a los países garantes, a la Misión de Observación de las Naciones Unidas, a la Unión Europea y sus países miembros, a que acompañen y se pronuncien frente a estos preocupantes hechos que atentan contra nuestra democracia.
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