La responsabilidad del “hombre de atrás” en ejecuciones extrajudiciales

La responsabilidad del “hombre de atrás” en ejecuciones extrajudiciales

El tema que refiere es el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, como Crímenes de Lesa Humanidad, perpetradas por el Ejército Nacional desde el 2003 hasta el 2004 y desde el 2007 hasta el 2008, mediante las unidades militares del Batallón de Artillería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez (BAJES) y distintos batallones adscritos a la Brigada XIV, en tres subregiones del departamento de Antioquia: Magdalena Medio, Oriente y Nordeste. Los casos fueron cometidos en el marco de la Política de Seguridad Democrática, la cual fue desplegada en el territorio colombiano entre el 2002 y el 2010, mientras Álvaro Uribe Vélez ocupaba la Presidencia de la República.

Las ejecuciones extrajudiciales, bajo la modalidad de falsos positivos, se definen como el homicidio ocasionado por agentes del Estado en contra de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, en el marco de una estrategia que tiene como objetivo simular resultados operacionales para demostrar que se está triunfando en la guerra. Esta práctica criminal no solo refiere al homicidio sino que comprende un conjunto de conductas complejas que agrupan delitos de diversa naturaleza, como la retención ilegal, secuestro, tortura física y psicológica, amenazas, desaparición forzada y desplazamiento forzado, los cuales son perpetrados en diferentes fases, generando impactos no solo sobre la víctima directa sino también sobre sus familiares y pobladores de un territorio determinado.

Este informe expone información sobre un universo de casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas bajo la comandancia del Teniente Coronel ® Juan Carlos Barrera Jurado en el BAJES, entre el 4 de diciembre del 2003 y el 22 de diciembre del 2004, y en la Brigada XIV entre el 30 de octubre del 2007 y el 31 de octubre del 2008. Estos hechos tienen características comunes que al ser analizadas evidencian una práctica sistemática y generalizada de ataques contra la población civil a razón de la necesidad de mostrar resultados operacionales por parte de agentes del Estado e integrantes del Ejército Nacional.

Con el fin de proyectar que el Ejército Nacional era una fuerza efectiva que estaba “ganando la guerra”, los agentes de la Fuerza Pública asesinaron a campesinos que habitaban en zonas de conflicto y posteriormente los reportaron como dados de baja en enfrentamientos contra la insurgencia. Para dar apariencia de legalidad a estos sucesos, los castrenses simularon combates, emitieron documentos operacionales fraudulentos, plantaron armas a sus víctimas y ocultaron sus identidades.

Partiendo del análisis de los casos, se pretende identificar y exponer los principales patrones de macrocriminalidad que rodearon las ejecuciones extrajudiciales; dejar en evidencia la actuación de los máximos responsables, esbozando cómo este ejercicio criminal implementado durante la comandancia de Barrera Jurado en el BAJES, se trasladó a la Brigada XIV del Ejército Nacional cuando este también ocupó su comandancia; así mismo, se pretende individualizar a otros superiores jerárquicos de las unidades militares que tienen responsabilidad en la comisión de estos crímenes, y exponer la manera en que la presentación de bajas como resultados operacionales está estrechamente relacionada con la implementación de la Política de Seguridad Democrática.

En este informe también se realiza una caracterización de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales que acá se relacionan; se determinan los daños identificados en los familiares y comunidades de las que estas hacían parte, y se realiza una valoración de los mismos con el fin de construir propuestas concretas respecto a medidas de reparación integral para la construcción de paz.

La metodología utilizada para la investigación consistió en la consulta de fuentes primarias y secundarias: sentencias, doctrina y documentos oficiales de órganos nacionales e internacionales, investigaciones y revistas académicas, fotografías, libros, mapas, revisiones de material de prensa y consulta en diferentes bases de datos, entre ellas, la base de datos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) y archivos de las organizaciones firmantes.

Adicionalmente, se realizó la sistematización y análisis de documentos e información judicial que obra en los expedientes de los casos que han sido representados en la justicia ordinaria e internacional por las organizaciones firmantes, así como de documentos sobre otros hechos victimizantes conocidos por las mismas.

Descarga el informe completo aquí: 

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