Bogotá, 25 de septiembre de 2026. Los consejos comunitarios, organizaciones sociales y colectivos territoriales articulados en la Ruta del Cimarronaje alertan sobre el impacto negativo de los recortes presupuestales a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), convocan a la veeduría internacional y reivindican la justicia restaurativa como el único camino sin odio para reparar integralmente a las víctimas.
Colombia, septiembre de 2026. Desde la Ruta del Cimarronaje, como plataforma que articula a consejos comunitarios, organizaciones afrodescendientes, procesos comunitarios y colectivos territoriales partícipes en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —particularmente en el marco del Macrocaso 08—, manifestamos nuestro categórico y firme respaldo a la JEP ante la preocupante situación de desfinanciación que atraviesa por decisión del Gobierno Nacional.
La desfinanciación de la JEP no es un simple ajuste presupuestal; representa un riesgo directo contra los derechos constitucionales de millones de víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Reducir la capacidad operativa de la JEP frena las investigaciones en los territorios, congela las medidas de protección a sitios sagrados y debilita la consolidación de la paz.
Rechazamos los discursos que pretenden deslegitimar la justicia transicional. A diferencia del modelo de justicia retributiva tradicional —que históricamente ha alimentado ciclos de polarización, venganza y discursos cargados de odio sin resolver las causas estructurales del despojo—, la justicia restaurativa que administra la JEP ha demostrado ser un modelo verdaderamente transformador y necesario.
La justicia restaurativa sitúa a la víctima y al territorio en el centro. No busca el castigo infructuoso, sino la reconstrucción del tejido social, la asunción de responsabilidades colectivas e individuales, el esclarecimiento de la verdad histórica y la reparación tangible de los daños causados por el conflicto armado.
La legitimidad de la JEP no radica en la retórica, sino en sus avances concretos en favor de las comunidades golpeadas por la violencia:
- La acreditación e impulso de la Ruta del Cimarronaje —una iniciativa común acogida y prohijada dentro de las actuaciones procesales de la JEP— constituye un paso histórico para visibilizar el impacto diferenciado del conflicto en los consejos comunitarios y pueblos afrodescendientes, validando sus luchas ancestrales y su resistencia.
- Mediante la adopción de medidas cautelares rigurosas, la JEP ha blindado los sitios sagrados de enterramiento y fosas comunes, garantizando la preservación de la memoria y protegiendo el derecho inalienable de las familias a buscar a sus seres queridos.
- En el marco de la participación de nuestras organizaciones y consejos comunitarios en el Macrocaso 08, la JEP ha reconocido que el territorio mismo ha sufrido el conflicto. Proteger los ecosistemas vulnerados es proteger la cultura, el agua, la biodiversidad y la supervivencia de las comunidades que los habitan.
Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los demás organismos internacionales a ejercer una veeduría activa, rigurosa e independiente sobre este proceso. Entendemos que los entes internacionales constituyen los máximos garantes de la neutralidad e imparcialidad para asegurar que no se ponga en riesgo la labor transformadora de la JEP. Su vigilancia es indispensable para verificar que decisiones presupuestales o coyunturas políticas no quebranten las garantías de verdad, justicia, reparación integral y no repetición a las que tienen derecho las víctimas y los consejos comunitarios, salvaguardando el inmenso bien social e histórico que representa la JEP para el país.
Exigimos al Gobierno Nacional y a las instituciones del Estado garantizar de manera inmediata los recursos financieros, logísticos y humanos indispensables para el funcionamiento pleno y sin restricciones de la JEP. Desfinanciar la justicia transicional es darle la espalda a las víctimas, a los ecosistemas devastados y al futuro de la paz.
Apoyar el mandato de la JEP no es un asunto coyuntural; es un deber ético con la verdad y la historia. La justicia territorial y restaurativa no se puede detener.
“Creemos en la JEP porque ha dignificado nuestra memoria ancestral, ha protegido a nuestros desaparecidos y ha blindado nuestro territorio. Exigimos la garantía de recursos y el respaldo internacional para que la verdad y la justicia no se detengan.”
— Vocería de la Ruta del Cimarronaje y Consejos Comunitarios
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