Bogotá, D.C., 14 de agosto de 2025.  La Corte Suprema de Justicia ha convocado para el día de hoy una audiencia pública en la que serán escuchadas las 14 personas preseleccionadas por esta Corporación para la conformación de la terna que debe presentarse al Senado de la República, con el fin de elegir al reemplazo del  magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien culmina su periodo constitucional el próximo mes de septiembre en la Honorable Corte Constitucional. 

Para las organizaciones que integramos la Comisión de Seguimiento a la Sentencia SU-546 de 2023, y Plataformas de Derechos Humanos firmantes, este proceso es de particular importancia, por cuanto el Despacho que dirige este Honorable Magistrado, conoce del proceso judicial que llevó a esta importante decisión. Dicha sentencia no solo  reconoció el  derecho a defender derechos humanos en Colombia, sino también declaró que la falta de protección a los liderazgos sociales y personas que defienden los derechos humanos en el país configura un Estado de Cosas Inconstitucional y emitió una serie de órdenes a diversas entidades para resolver la grave afectación a la vida e integridad de personas defensoras de derechos humanos. 

Sin embargo, persisten preocupantes vacíos institucionales en la implementación y seguimiento de esta sentencia. A la fecha, la Corte no ha conformado una Sala Especial de Seguimiento, como ha ocurrido en otros casos similares, ni ha establecido interlocución con la Comisión de Seguimiento, la cual ha presentado varias comunicaciones expresando su voluntad de trabajar en el seguimiento y con propuestas para la materialización de las órdenes. En consecuencia, la labor de evaluación y seguimiento a las entidades obligadas continúa dependiendo del despacho  que será ocupado por la persona que resulte electa de la terna definida  por la Honorable Corte Suprema. 

Ante la gravedad de la crisis humanitaria y de derechos humanos que enfrenta la población defensora de derechos humanos en Colombia, víctima de más de 1.577 homicidios desde 2016,  y el aumento  de estas agresiones, sumada a la notoria ausencia de planes institucionales efectivos de protección y prevención, hacemos un urgente llamado a la Corte Suprema de Justicia para que conforme una terna que cumpla rigurosamente no solo con el requisito de idoneidad profesional, y probidad de los y las candidatas, sino también su compromiso con los derechos humanos y la construcción de paz, asegurando así la integridad, honestidad y rectitud ética de quienes sean propuestos ante el Senado de la República. 

En este contexto, manifestamos nuestra profunda preocupación  ante la posible  inclusión  en la terna de Carlos Camargo Assis, ex Defensor del Pueblo entre 2020 y 2024 y ex Magistrado del Consejo Nacional Electoral entre 2015 y 2017. Camargo ha sido ampliamente cuestionado por su gestión en ambos cargos públicos.

Durante su paso por el Consejo Nacional Electoral, fue criticado por archivar sin fundamento investigaciones contra sus aliados políticos, y en la Defensoría se evidenciaron nombramientos en cargos directivos de personas vinculadas a los partidos políticos que apoyaron su elección en la Cámara de Representantes. Además,  es  de público conocimiento que durante su periodo en la Defensoría se otorgaron contratos a familiares de 7 de los 22 magistrados actuales de la Honorable Corte Suprema de Justicia. 

Adicionalmente, sobre la gestión de Carlos Camargo Assis como Defensor del Pueblo, pesan denuncias relacionadas con el presunto uso indebido del laboratorio forense de evidencia digital, financiado mediante un crédito de US$18 millones otorgado a la Defensoría del Pueblo por el Banco Interamericano de Desarrollo. Se ha señalado que dicho laboratorio fue utilizado para perfilar, espiar e investigar a funcionarios sindicalizados de la Defensoría del Pueblo críticos de su gestión. Aunque la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación al respecto, estos hechos configuran un riesgoso precedente  para un cargo de tan alta relevancia constitucional. 

En cuanto a su desempeño en la defensa y promoción de los derechos humanos en el país, su gestión ha sido calificada como deficiente. Dos situaciones concretas lo ejemplifican. Por un lado, la actuación de la Defensoría durante el Paro Nacional de 2021 fue totalmente ausente, habiendo omitido intencionalmente el acompañamiento al ejercicio de la protesta social, y facilitando con su ausencia deliberada las agresiones y el uso descontrolado y arbitrario de la fuerza que condujeron a la muerte de decenas de manifestantes, y caracterizada su actitud por falta de posturas claras frente a la evidencia de uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía, y la ausencia de  un ejercicio de documentación riguroso que permitiera obtener cifras verificables sobre agresiones a la ciudadanía . En segundo lugar,  frente a los graves hechos ocurridos en la masacre de Alto Remanso en marzo de 2022, donde el Ejército Nacional ejecutó extrajudicialmente a varios civiles, la Defensoría bajo el mando de Camargo Assis, no presentó una condena enfática del actuar desproporcionado de la Fuerza Pública.

Su postulación en la terna que será presentada al Senado, no sólo representa un desconocimiento del principio de probidad establecido en la convocatoria que  la Honorable Corte Suprema estableció, sino que también implica un grave riesgo  para la transparencia e imparcialidad del proceso de elección, dados las denuncias existentes sobre presunto tráfico de influencias en los distintos nombramientos y concursos en los que ha participado. 

Hacemos un respetuoso pero enérgico llamado a la Honorable Corte Suprema de Justicia para que en esta etapa final del proceso de selecciòn ejerza un estricto control de legalidad y ética pública, aplicando con el mayor rigor la exigencia de probidad, y analizando  exhaustivamente no sólo los perfiles profesionales sino también los antecedentes éticos de cada persona preseleccionada. 

Asimismo, y con el objetivo de garantizar la igualdad, paridad y representatividad de género en la Honorable Corte Constitucional, solicitamos se priorice la elección de perfiles con compromiso sólido y verificable con la defensa de los derechos humanos, dada la grave y compleja situación que enfrentan hoy en día quienes ejercen esta labor.

Suscriben: 

Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia 546 de 2023 – Derecho a Defender derechos- COSESU

Coordinación Colombia- Europa- Estados Unidos – CCEEU

Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

Colectivo de Abogadas y Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar)

Programa Somos Defensores

Asociación Minga

Corporación Jurídica Yira Castro

Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA

Campaña por la Independencia de la Justicia

Plataforma de Organizaciones Sociales, de Víctimas y Defensa de los Derechos Humanos de Nariño – POSVDH

Campaña por la Independencia de la Justicia

Corporación Jurídica Libertad (CJL)