Las pruebas que busca la Corte Constitucional en el Río Atrato

Las pruebas que busca la Corte Constitucional en el Río Atrato

Este territorio se encuentra destruido en un 84% denunciaron los líderes locales y quienes expresaron su preocupación no sólo la contaminación por mercurio y el deterioro ambiental, sino también por la usurpación de los territorios colectivos debido a la entrega de títulos mineros y de licencias ambientales sin haber sobre ellos ningún control estatal y sin el consentimiento de las comunidades.

Del 27 al 30 de enero se llevó a cabo en Quibdó una audiencia pública ordenada por la Corte Constitucional en donde dos magistrados llegaron a territorio chocoano para recolectar pruebas sobre la devastación del río Atrato y la contaminación a la que está expuesta gran parte de la población.

La visita de la Corte se da en el marco de las acciones jurídicas que tienen demandadas a 26 entidades del Estado y que adelantan los Consejos Comunitarios COCOMACIA, COCOMOPOCA y ASCOBA, de la mano de la Corporación Tierra Digna y del Foro Inter Étnico Chocó – FISCH.

Igualmente se realizó una inspección judicial en la que se recorrió la cuenca del Río Quito, constatando el daño ambiental como consecuencia de la minería mecanizada, en donde se pudo observar por lo menos 25 dragas a lo largo del río, el cual perdió su cauce y en donde es fácil perderse.

Dentro de las solicitudes que hizo la Corte estuvo la de escuchar a la comunidad, es por esto que se hizo una asamblea comunitaria en Paimadó a orillas del río. Este territorio se encuentra destruido en un 84% denunciaron los líderes locales y quienes expresaron su preocupación no sólo la contaminación por mercurio y el deterioro ambiental, sino también por la usurpación de los territorios colectivos debido a la entrega de títulos mineros y de licencias ambientales sin haber sobre ellos ningún control estatal y sin el consentimiento de las comunidades.

Dentro de la agenda de la audiencia se llevó a cabo sobre vuelo por el Río Atrato donde se recorrieron los ríos Neguá, Bebará y Beberamá. Se estima que en Chocó 40 mil hectáreas se encuentran degradadas por la minería. La fiebre por el oro ha llevado a exacerbar las tensiones sociales derivadas de los conflictos ambientales entre quienes quieren que se haga la minería y los que no, explicaron los expertos que dieron testimonio en la audiencia pública.

De este modo, los consejos comunitarios del Chocó esperan que la inspección judicial beneficie a las comunidades y se minimicen los daños ambientales causados en los territorios colectivos y en general en todo el departamento.

Según expresó Ximena González quien representa a la Corporación Tierra Digna, “se espera que en el mes de marzo la Corte tenga listo el fallo el cual esperamos favorezca a las comunidades éticas del Chocó”

Share This