Leer la verdad: Algunas claves sobre el Tomo de hallazgos y recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad 

Leer la verdad: Algunas claves sobre el Tomo de hallazgos y recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad 

Serie de artículos de análisis del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar-

10. La relación entre la cultura y el conflicto colombiano

La UNESCO define cultura como “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social.   Este capítulo del Tomo de Hallazgos y recomendaciones del Informe Final de la CEV, parte de esta definición para introducir su análisis sobre cómo el conflicto armado y la cultura “se han retroalimentado en una especie de círculo vicioso” y refuerza esta noción con la cita del periodista Germán Reyes según la cual el conflicto armado ha sido “una inmensa tragedia cultural”, por lo que además de tener causas objetivas, también se reproduce por asuntos intangibles, creencias, valores y prejuicios que han sustentado “órdenes raciales y de clase” que caracterizan una “democracia de baja intensidad”. 

Principales hallazgos   

Como antecedente histórico, la CEV ubica en el régimen colonial el surgimiento de un sistema de castas basado en la raza y el género, en el cual se configura tempranamente la idea del “otro”, que se convierte en “enemigo” al rebelarse contra la opresión; y al hacerlo, “terminaba siendo el culpable de la misma violencia que se ejercía contra él”. La inversión de la culpa, la sospecha frente a ciertas identidades (“seguro ese algo hizo”), ha implicado que las luchas dignas sean percibidas como amenazas. 

El informe destaca cuatro hallazgos principales: i) una idea sesgada del “otro” que impide construir un “nosotros”; ii) una herencia cultural de origen colonial que propicia la exclusión; iii) una reeedición de valores, imaginarios y prácticas arraigados a la matriz cultural y iv) una democracia y justicia de baja intensidad.  

Con relación a la “otredad”, señala el informe que nuestra sociedad es profundamente clasista, reproductora del “miedo al pobre” y de la noción de ciudadanías de primera y segunda clase. La construcción del “otro” como enemigo se basa en su deshumanización, alguien sin derechos, prescindible, anulable.  Es la situación de los pueblos étnicos, un ejemplo cotidiano es que aún se utilizan las palabras “negro” “negra”” “indio” o “india” de manera despectiva y esa subvaloración se reproduce en el conflicto.   

Para el informe, los pueblos afrodescendientes, indígenas, raizales, palenqueros y campesinos, son los más pobres y quienes más han sufrido a causa de la guerra; la violencia estructural se cruza de manera dramática con la violencia armada. Las narrativas coloniales, se han trasladado a sus territorios a través de políticas y prácticas de despojo, acaparamiento, denominación como terrenos baldíos. Hay una relación directa entre la imposición del modelo de acumulación y la violencia en sus territorios, y los procesos de asimilación cultural, militarización y exterminio.  

 Un ejemplo paradigmático que se cita es el del Pueblo Barí, en Norte de Santander, cuya población fue reducida en un 70% y su territorio despojado en un 80%, desde la llegada de la actividad petrolera en los años 30.  Otros ejemplos son las 321 masacres en la región de Urabá, Darién y el Bajo Atrato, en zonas que “se prestan para todo” como relató a la CEV un paramilitar. Pero también el traslado de personas entre territorios por parte de las guerrillas para trabajar en cultivos de uso ilícito, la imposición de monocultivos y agroindustrias por parte de grupos paramilitares, y de megaproyectos económicos como la represa Urrá I, que le costó la vida al líder indígena Embera Kimmy Pernia Domicó. 

 El informe también señala cómo el patriarcado, como sistema de opresión, ha operado de forma particular y violenta en las existencias y cuerpos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, a partir de ideas tradicionales de lo femenino y masculino y lecturas binarias de los roles de género.   Los hallazgos de la CEV son dicientes sobre las formas en las que operó el patriarcado en el conflicto: Por un lado, el ejército y los paramilitares usaron los cuerpos de las mujeres como botín de guerra, haciéndolas víctimas de violaciones, tortura y asesinato. Sus acciones, contenían una profunda carga de crueldad y sevicia contra las mujeres y sus cuerpos como mecanismo efectivo de terror. En el caso de mujeres guerrilleras, los vejámenes en sus cuerpos buscaban disciplinarlas y castigarlas.  

Por el otro lado, al interior de las filas guerrilleras el panorama no era más alentador, mientras que las mujeres civiles fueron objeto de diferentes violencias sexuales; las mujeres en las filas fueron víctimas de control y dominación por sus compañeros, de violencia reproductiva y violencia sexual. Las compañeras sentimentales de combatientes guerrilleros también fueron blanco de la lógica patriarcal de otros actores con la intención de controlar sus cuerpos para usarlos cómo blanco con el objetivo de humillar al adversario.   

La población LGBTIQ+ fue víctima de “medidas correctivas” por parte de grupos armados que promovían espacios para “combatir la enfermedad de la homosexualidad”. Las amenazas en panfletos, el desplazamiento, el escarnio público, las maternidades forzadas, la violación y el asesinato fueron los resultados de la cultura patriarcal ejercida en esferas públicas y privadas, con la legitimidad de comunidades anestesiadas que justificaban la violencia ejercida en orientaciones sexuales divergentes y trasgresoras del binarismo de género.  

En relación con la desprotección de la niñez, el informe señala que las niñas y los niños más empobrecidos fueron instrumentalizados por actores armados para ganar terreno en el plano de la guerra ante el adversario. La pobreza, desigualdad, la injusticia social y el abandono del Estado favorecieron el reclutamiento armado y la vulneración de sus derechos fundamentales.   

Una reflexión valiosa de este apartado que reconoce cómo la doctrina del enemigo interno se ha inscrito en la cultura consciente e inconsciente de nuestro país, que por años ha sido puente para justificar acciones violentas contra personas defensoras de derechos humanos, lideres sociales, sindicalistas y miembros de partidos de izquierda. Es importante responsabilizar al Estado y los gobiernos de derecha que han atizado la violencia con mensajes estigmatizantes y peligrosos.   

La anestesia de nuestra sociedad, la imposibilidad de crear relatos de reconciliación y la negación para construir una paz que acoja a gran parte de los actores que han sido promotores y protagonistas de la violencia en Colombia es resultado de la persistencia del conflicto armado. La naturalización de la violencia en la vida cotidiana se convirtió en una forma de adaptación de las comunidades, al final, el no vivir, sino el sobrevivir, constituyó un trauma que sin querer fue tramitado con el adormecimiento y la resignación a la muerte.  

Las muertes y la barbarie se convirtieron en cifras y titulares que a diario se transmiten. La gran pregunta que queda es: ¿Cómo reconocer que toda vida es valiosa y nada justifica su eliminación? 

En relación los territorios, las cosmogonías, la identidad y la cultura, el informe señala que el arraigo es parte fundamental para que comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas vivan de forma digna. Es importante reflexionar sobre la profunda cicatriz de la violencia en millones de personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado a causa del despojo.  Esta realidad, al igual que la violencia, se ha naturalizado, hasta llegar a punto de culpar a comunidades que se ven obligadas a desplazarse a las grandes urbes, a esas otras selvas, pero de cemento con el fin de conservar sus vidas y las de su familia.  En las grandes ciudades pasan a ser marginadxs, insultadxs y vinculadxs a redes de criminalidad, para convertirse porco a poco en parte del paisaje de las ciudades colombianas. 

Otra de las reflexiones fundamentales del Informe se basa en la premisa de que “La democracia en Colombia no se cumple para todos” situación que genera un desapego e incumplimiento de las leyes, el desmembramiento de los conceptos de sociedad y comunidad y los bajos índices de confianza en las instituciones.  

Para la Comisión de la Verdad este daño cultural profundizó el actuar de las insurgencias, el paramilitarismo y el narcotráfico en los territorios, creando además nuevos ordenes territoriales donde las administraciones municipales y departamentales eran cooptadas por organizaciones criminales. Los narcotraficantes pasaron a financiar las ferias y fiestas, fundamentales en la tradición colombiana, siendo esto el génesis de lo que se denomina “cultura traqueta”. 

Como una respuesta a esta forma en la que la cultura era cooptada, se analizan posteriormente los efectos del arraigo, la cultura propia de las etnias y las manifestaciones de defensa comunitaria que surgieron como fuerza democratizante y de resistencia que se contrapusieron a un modelo único de país y cómo gracias a ellos la democracia vivió.  La Comisión rescata los enormes actos de valor de las personas y movimientos sociales que se atrevieron a encarar el conflicto y explica la forma en la que esos esfuerzos, que en varios casos costaron hasta la vida, han servido para develar la verdad. Cada uno de esos actos fueron gotas que siguen hoy agrietando las rocas.  

Elementos de reflexión 

Dentro de los sectores sociales que fueron víctimas de la construcción de una visión negativa del otro, desvalorización y blanco de violencia, el capítulo incluye a los empresarios junto con los campesinos de zonas “rojas” y los habitantes de barrios populares. Una perspectiva al menos problemática si se tiene en cuenta que la clase empresarial colombiana en su conjunto no fue propiamente víctima de señalamiento ni persecución, que no es equiparable en su relación con el Estado y que, por el contrario, ha jugado el papel de perseguir y estigmatizar a opositores a sus intereses, empezando por el movimiento sindical que sí fue víctima de una persecución sistemática y generalizada que llegó a constituirse en una verdadera cultura antisindical y que también ejemplifica la construcción de ese otro negativo y la inversión de la culpa. 

Por otra parte, aunque en el capítulo se reconocen antecedentes de discriminación racial y de clase, en algunos apartes se insiste en equiparar o igualar la violencia ejercida desde las élites con los movimientos alzados en armas, lo que desconoce los contextos históricos del surgimiento de las insurgencias en América Latina y en Colombia, así como la noción misma del derecho de los pueblos a rebelarse contra regímenes injustos (I) 

Uno de los apartes que pudo mejorar su enfoque tiene que ver con el rol que jugaron los medios de comunicación. Creemos que amerita una reflexión diferenciada el papel de los medios nacionales, los regionales, los comunitarios y las formas de comunicación del movimiento social y las organizaciones defensoras de Derechos Humanos. En nuestra opinión no se deberían equiparar ni poner simplemente en la misma bandeja, sino que es necesario un análisis crítico del papel que jugaron los medios masivos y sus líneas editoriales. 

En relación con el narcotráfico y la cultura, hubiese sido valioso un desarrollo del análisis de esta incidencia más allá de territorios específicos y escenarios de fiestas populares para adentrarse en la perspectiva de la contrarrevolución cultural (II) que el profesor Medófilo Medina ha caracterizado con los siguientes elementos: Pautas de pensamiento y acción que se orientan y buscan legitimarse bajo la conocida divisa de que el fin justifica los medios, el pragmatismo amoral, la aceptación social del uso de la violencia en las relaciones entre las personas, el culto al militarismo estatal, insurgente o paramilitar, el recrudecimiento del autoritarismo y de las diversas formas de la intolerancia, la exasperación de los sentimientos de revancha y castigo en el discurso público, y la expansión en ciertos medios sociales de la estética del Kitsch traqueto (III) 

Transformar estos dispositivos, sin duda, es uno de los grandes desafíos para el país, más allá de los cambios institucionales y normativos, como lo menciona el informe, y que no puede asumirse sin tener en cuenta el papel de los medios corporativos, así como la prevalencia y complejidad de la cultura derivada de esta contrarrevolución. 

Para terminar por el principio, las preguntas a la sociedad indolente ante la guerra que se lanzan en la introducción de este capítulo, como la de ¿Por qué el acomodo complaciente y silenciosos de la sociedad ante la guerra?  O la que hace habitualmente su presidente, el padre Francisco de Roux de ¿Cómo nos atrevimos a dejar que pasara? incurren en generalidades que, incluso entendiendo que se dirigen a élites y mayorías indiferentes, corren el riesgo de invisibilizar a quienes, como documenta el mismo informe, entregaron su vida para superar el conflicto armado y la violencia sociopolítica, que no trivializaron la muerte, se movilizaron y se movilizan ante robos de tierras, ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a los derechos humanos.  

Por otra parte, gran parte de esta población indiferente a la que interpela la CEV con vehemencia e indignación está compuesta por millones de personas que sobreviven a diario, muchas veces ellas mismas víctimas de las violencias descritas, excluidas de los derechos fundamentales y también del debate político, para no hablar de la constante doctrina del shock (IV) a la que ha sido expuesta nuestra sociedad a través de décadas de represión para imponer el modelo económico aún imperante. Un país con nueve millones de víctimas no permitió que le pasara, y el reconocimiento colectivo de responsabilidades hasta el más alto nivel –y no la disolución de estas responsabilidades entre el conjunto social- es garantía de no repetición.

Notas: 

[I] Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.“  Preámbulo de la Declaración Universal delos Derechos Humanos, 1.948.

[II] “La Academia debe estudiar la contrarrevolución cultural que hemos vivido” Conferencia del profesor Medófilo Medina, Encuentro Nodo Centro Redunipaz, 2013, Edición y producción Tercer Canal – Cajar. https://www.youtube.com/watch?v=Fd_j1qpffsk

[III]La firma de la paz y la historia de Colombia, Medina, Medófilo, En: Razón Pública, Agosto 22 de 2016, recuperado en: https://razonpublica.com/la-firma-de-la-paz-y-la-historia-de-colombia/

[IV] La doctrina del shock es un concepto propuesto por la periodista canadiense Naomi Klein y planteado en el libro La Doctrina del Shock. El Auge del Capitalismo del Desastre, publicado en 2007. Puedes consultar el documental en: https://www.youtube.com/watch?v=Nt44ivcC9rg 

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