Capítulo 2: Por una democracia sin violencia  

En su capítulo “por una democracia sin violencia”, la CEV aborda como aspecto general la lucha alrededor de la construcción de la democracia en nuestro país. Con este fin, a partir de un recuento histórico de los diferentes intentos de construir una paz estable y duradera en las últimas seis décadas en Colombia, la Comisión se refiere a tres pactos o acuerdos: i. el Frente Nacional; ii. la constitución de 1991 y; iii. el Acuerdo Final de Paz. 

 Hallazgos generales  

 El capítulo parte de una conclusión fundamentada en datos: en Colombia hubo una guerra selectiva y masiva, en la cual se intentó eliminar a un “enemigo ampliado”. Esto significó que el conflicto se dirigió en contra de un enemigo cuya comprensión se extendió paulatinamente en el objetivo de destruir apoyos reales y, sobre todo, imaginarios de la contraparte. Así fue cómo se dirigió de manera mayoritaria hacia la población civil bajo la perversa pretensión de “quitarle el agua al pez”.  

 Un ejemplo de esto es que, hacia finales de la década de 1990, los paramilitares sólo excepcionalmente se enfrentaron en combates con las guerrillas: atacaron principalmente a la población civil, al tiempo que se propusieron acabar con sectores críticos como defensores de DDHH, periodistas, investigadores judiciales, etc. De esa manera, junto con otras estrategias, se buscó silenciar la democracia indiscriminadamente. 

 Concluyó la Comisión que la democracia en Colombia ha sido violenta y se ha desarrollado principalmente desde trincheras ideológicas que han buscado la destrucción física y moral del adversario: en ella se confundió al contradictor ideológico o político con un enemigo. La construcción de los opositores como «enemigos internos» facilitó el ejercicio de la violencia política justamente porque convirtió en subversivos e insurgentes a quienes ejercieron legítimos derechos o a quienes apostaron por la competencia política legal. Esta extensión de las lógicas de la guerra –la enemistad– al  campo político –los adversarios– tuvo consecuencias graves en términos de violaciones de los DDHH y de infracciones al DIH. 

 Además, en esta guerra y violenta democracia, el Estado se forjó sobre la tensión entre legitimidad, legalidad y crimen que a su vez, en la relación entre fines y medios, conllevó a que instituciones estatales hayan cometido todo tipo de violaciones de los derechos humanos e incurrido en actos de corrupción tolerados y justificados por mecanismos legales. 

 

A pesar de las dificultades propias de este violento contexto, en medio de los espacios que dejaba la guerra, la sociedad civil ha jugado un importante papel en la construcción de democracia a través del voto, la movilización y el debate público, y el impulso de procesos dialécticos de los sectores de élite y las comunidades que buscan empoderamiento.  

 Este análisis histórico permite evidenciar entonces que la construcción de democracia pacífica en Colombia ha sido un proceso, aún incompleto e imperfecto, de menor a mayor inclusión y de mayor a menor violencia empujado en particular por los sectores pacifistas de la sociedad civil que estuvieron en contra de las armas como camino para el cambio social. 

 Elementos de reflexión 

 No obstante estos importantes hallazgos, existen por lo menos dos puntos que requieren ser problematizados en el ejercicio de construcción colectiva de verdad para la paz. Primero, la CEV se refiere en algunos apartes al fenómeno paramilitar como una expresión de la lucha contrainsurgente o de autodefensa. Estas manifestaciones resultan contradictorias incluso en la lógica interna del apartado que, como se señaló, estableció cómo el paramilitarismo actuó mayoritariamente en contra de la población civil. Consideramos importante reiterar que el paramilitarismo ha sido en Colombia un proyecto encaminado al mantenimiento y defensa de intereses políticos y económicos de las élites.  

 Un segundo punto se relaciona con la afirmación de que el  “derecho de rebelión” no es aplicable en el país porque está reservado en la comunidad internacional para quienes se levantan contra regímenes opresores. El Código Penal reconoció y trató con benevolencia al delito político y el Estado les concedió a los rebeldes varias amnistías e indultos desde mediados de los 50 para llegar a la Constitución de 1991. 

 Queremos destacar la importancia de las recomendaciones realizadas por la Comisión a fin de avanzar hacia una paz completa, lo que supone la implementación del Acuerdo Final de Paz, la materialización de un acuerdo con el ELN y el avance hacia al sometimiento a la justicia de las bandas criminales.  

 Los retos para la democracia colombiana subsisten. Por lo cual refiere la Comisión que es necesario consolidar la posibilidad de la alternancia pacífica en lo nacional, pero sobre todo en lo local; sacar las armas definitivamente de la política; abrir mayores espacios a las minorías y los grupos no hegemónicos; seguir avanzando en la consolidación de normas e instituciones que profundicen la libertad, los derechos y el buen vivir; cesar la crispación y serenar el debate público; y sacar a todas las mafias –y en especial a las del narcotráfico– del poder político, las instituciones del Estado y la vida social. 

 Quizá un comentario final merece la subsistencia de la implementación del concepto del enemigo interno que ha permeado diferentes instituciones y cuyos efectos aún hoy se mantienen. La superación de este concepto y de la doctrina de la seguridad nacional es un reto que debe ser afrontado: no se trata de figuras pasadas y superadas, aún hoy el opositor político es entendido como un enemigo. Vale la pena entonces analizar también cómo la destrucción de ese enemigo ha adoptado nuevas expresiones consistentes en estigmatización, criminalización y persecución.   

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