Capítulo 3

Valoraciones de derechos humanos e infracciones al derecho Internacional Humanitario

“(…) Tener tantas violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, durante tantos años, en casi todos los rincones del país, realizadas por los diferentes actores del conflicto, contra millones de personas, hizo que Colombia fuese reconocida como una de las democracias más violentas del mundo (p. 211)”.  

En Colombia no ha existido una sola generación que haya vivido en paz. Con esta reflexión empieza el tercer capítulo del tomo de “Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad. Han sido 60 años de conflicto armado, en los cuales la principal afectada ha sido la población civil y la violencia sobre ella, fue utilizada por los actores armados como medio para controlar los territorios.  

 

La Comisión presenta los principales hallazgos frente a (16) violaciones1 a los derechos humanos e infracciones al DIH sufridos por las víctimas, con la precisión metodológica de que se excluyen los hechos que pudieron sufrir los propios actores armados.  

 

  1. los civiles los más vulnerados en su derecho a la vida 
  1. Secuestro 
  1. Reclutamiento de niños/as, adolescentes. 
  1. Las Masacres 
  1. Extorsión   
  1. Trabajos forzados 
  1. Ejecuciones extrajudiciales y asesinatos selectivos 
  1. El pillaje 
  1. Ataques indiscriminados 
  1. Atentados al derecho a la vida 
  1. Tortura 
  1. Ataques a bienes protegidos 
  1. Desaparición forzada 
  1. Violencias sexuales 
  1. Desplazamiento forzado 
  1. Libertad Personal: Detenciones arbitrarias 
  1. Amenazas a la vida 
  1. Confinamiento. 
  1. Despojo de Tierras. 

 

Sobre las dinámicas de violencia, la CEV determina varias: una lógica de exterminio físico y simbólico de quien se consideraba enemigo por razones políticas, movimientos sociales o población civil a la que se estigmatizó desde diferentes bandos y grupos; dinámicas de control del tejido social; reconfiguración violenta del territorio mediante el desplazamiento forzado, el despojo de tierras, o el control de la política local y de las regiones; la violencia sobre la población para obstruir la solución política del conflicto armado; retaliaciones y respuesta a otros hechos. 

 

Conforme la base de datos del proyecto JEP-CEV-HRDAG el conflicto armado habría producido: 450.666 muertos, 121.768 desaparecidos forzadamente, 50.770 secuestros, 16.238 niño/as y adolescentes reclutados, alrededor de 8 millones de desplazados y más de 1 millón de personas tuvieron que abandonar el país con estatus diversos. Con relación a la responsabilidad de los diferentes actores, la CEV la caracteriza a partir de dichas violaciones.  

 

Así, la responsabilidad del Estado en el conflicto armado se le atribuye por:  

 

  • El incumplimiento de sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos de nacionales y extranjeros habitantes del territorio nacional, la cual se configura tanto por la participación directa de funcionarios públicos en violaciones graves de derechos humanos e infracciones al DIH, como por su falta de prevención, investigación y sanción de dichas violaciones e infracciones. 

 

  • La acción directa de sus agentes, tanto integrantes de la fuerza pública, como autoridades civiles y quienes teniendo un deber, no previnieron o no investigaron adecuadamente. Se resalta que ante la JEP se han sometido más de 500 integrantes del Ejército por violaciones al derecho a la vida, por lo que se trata de casos aislados, sino de responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas.  

 

  • El Estado además, es responsable por la existencia y accionar de los grupos paramilitares, dado que hasta finales de la década de los 80, estos actuaron como agentes del Estado. En la siguiente década (1995-1997), el paramilitarismo actuó con la cobertura legal que permitió el funcionamiento de las Convivir. Señala la CEV que algunos miembros de la Fuerza Pública actuaron conjuntamente en supuestas operaciones contrainsurgentes que generaron graves crímenes. 

 

  • A pesar de las múltiples denuncias, el negacionismo fue un factor para la persistencia del paramilitarismo y su extensión en el país. 

 

  • Anota la CEV que el paramilitarismo no se trató de simples ejércitos privados, sino que se trató de un “entramado de relaciones estrechas entre diversos sectores del narcotráfico, la economía legal e ilegal, el Estado y sectores políticos y empresariales de la sociedad civil, desde el orden regional y nacional, que contribuyeron en su creación, funcionamiento y expansión, con diferentes propósitos como la lucha antisubversiva y el control de economías licitas e ilícitas”. La relación de sectores de las Fuerzas Militares con el paramilitarismo fue determinante para su creación, expansión y consolidación, y por tanto las Fuerzas Militares como los Gobiernos tienen una corresponsabilidad por su accionar. 

  

  • El paramilitarismo controló además el narcotráfico, para su beneficio y para el beneficio de políticos, empresarios, y agentes del Estado. El narcotráfico se introdujo en la política y propició el acceso a cargos de elección popular. La “parapolítica” refleja que los recursos del narcotráfico financiaron campañas electorales y beneficiaron a políticos en el ámbito local, departamental y nacional. Así mismo, la economía del país no se explica sin el narcotráfico, lo que involucra la responsabilidad colectiva e institucional. 

 

Sobre la responsabilidad de organizaciones, élites políticas y empresas, la CEV indica que estas se lucraron y beneficiaron de la guerra, no solo como cómplices, sino como promotoras de graves crímenes. Los llamados terceros civiles asumieron diversos roles: como instigadores, patrocinadores, cooperantes, financiadores y apoyos pasivos al tolerar y omitir una debida diligencia beneficiándose de la guerra. 

 

Respecto a las organizaciones guerrilleras, la Comisión establece su responsabilidad tanto en infracciones al DIH y abusos de derechos humanos, en los siguientes términos: 

 

  • Por tomar decisiones políticas y estratégicas en el desarrollo de la lucha armada que generaron acciones violentas con gran impacto en la población civil.  
  • Por haber supeditado su relación con la población civil, al cumplimiento de resultados en el campo militar.  El “todo vale” para ganar la guerra, llevó al involucramiento con el narcotráfico, “donde el desprecio por la vida de la gente considerada parte del enemigo fue parte de su modus operandi”.  
  • A pesar de la masividad y sistematicidad de la violencia guerrillera, los altos mandos no tomaron decisiones que frenaran y previnieran la comisión de graves infracciones al DIH.  Entre estas se destacan el uso de métodos prohibidos, el secuestro y los tratos crueles e inhumanos a los que fueron sometidas las personas privadas de la libertad, el reclutamiento de niños y niñas, entre otras acciones. 

 

La Comisión destaca las responsabilidades de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional ELN y otros grupos post-desmovilización como las disidencias de las FARC-EP y la segunda Marquetalia en la continuidad de la guerra y en infracciones al DIH. Frente a las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, señala su responsabilidad en la comisión de múltiples violencias como el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, el desplazamiento forzado de comunidades campesinas y étnicas, el asesi nato de reincorporados de FARC–EP y el asesinato a líderes y lideresas sociales.  

 

Con relación a las violaciones al derecho a la vida, señala el informe que frente a los 450.000 homicidios cometidos entre 1985-2018 en el marco del conflicto armado2, que el Estado es responsable del 57% de estos hechos, 12% por la actuación directa de sus agentes y el 45% por el accionar de paramilitares.   De este universo de casos, el 45% se cometieron bajo los gobiernos de Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez.  De los 8.208 casos de ejecuciones extrajudiciales registrados entre 1978 y 2016, el 78 % se cometió bajo el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez que corresponden a 6.402.  

 

Frente a las 4.237 masacres cometidas entre 1958 y 2019, el más alto número se cometió durante el Gobierno de Andrés Pastrana (1998 – 2002).  Respecto a la desaparición forzada, la Comisión registra alrededor de 121.768 personas desaparecidas entre 1985 y 2016, donde se incluyen personas reclutadas, secuestradas o ejecutadas extrajudicialmente. En el 60 % de estos casos se atribuye la responsabilidad al Estado, ya sea por la acción directa de sus agentes o por la actuación de grupos paramilitares. En relación a los asesinatos selectivos, de 178.076 personas integrantes de organizaciones sociales, comunitarias o políticas de oposición, el Estado es responsable del 46% de los casos, por acción directa (3%) y por la actuación de los grupos paramilitares (43%).  Se destaca el caso de la Unión Patriótica respecto del cual se señala que se “trató de un plan sistemático y generalizado de exterminio”, 

 

Algunas reflexiones sobre los hallazgos 

 

En primer lugar, quisiéramos proponer un matiz a una de las principales conclusiones del capítulo que señala que todos los actores armados cometieron violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. Si bien las guerrillas cometieron graves agresiones contra la población civil, estas no pueden catalogarse conceptualmente como violaciones a derechos humanos, sino como infracciones al derecho internacional humanitario. Nombrarlas como violaciones a derechos humanos, desdibuja el rol estatal de garante de los derechos humanos de la población.  

 

En segundo lugar, y en relación con ello, en el informe se trasluce una equiparación de responsabilidades; no existe ninguna mención a la responsabilidad agravada de los agentes del Estado dada su condición de garantes. En el caso de la desaparición forzada, se desdibuja también esta responsabilidad. Si bien se reconoce su carácter sistemático y que es perpetrada por agentes estatales y grupos paramilitares, también se menciona a las guerrillas como responsables, ello significa acoger la definición del Código Penal y no la definición internacional que se caracteriza por la identificación de esta conducta como un crimen de Estado y la concurrencia de tres elementos en su comisión: a) la privación de la libertad b) la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de esto y c) la negativa de reconocer la detención o de revelar la suerte o paradero de la persona. 

 

En tercer lugar, no se refleja en el informe la diferencia entre conflicto armado y violencia política. En el informe de la CEV se insiste en analizar lo ocurrido en relación a la persecución contra los procesos sociales desde el único lente del conflicto armado y limitándose al asesinato selectivo, al que se califica como “extensión de la guerra”, negando que más allá de la confrontación existieron políticas y prácticas sistemáticas de eliminación y exterminio a determinados sectores sociales y políticos. Al explicar lo ocurrido única y exclusivamente desde la óptica de la guerra se “naturaliza, que esta se concibe como parte de una realidad inmodificable, que parece homogeneizar un comportamiento violento y relaciones sociales en Colombia y que esconde simultáneamente, de dicho modo, a los tipos de relaciones sociales modificadas, a las víctimas de dichas transformaciones y a quienes se han beneficiado de la destrucción de lazos sociales”. 2 

 

Nuestro trabajo de más de 40 años nos lleva a concluir, tal y como fue presentado en diversos informes a la Comisión, que en Colombia ha existido una práctica genocida que se ha extendido en el tiempo,  y que no se explica en la necesidad de ganar la guerra, obtener ventaja militar sobre el contendiente, amilanar la fuerza del adversario o excederse en el uso de la fuerza. La pretensión de estos procesos de aniquilamiento ha sido la destrucción de la identidad de unos grupos y colectivos mediante el terror, buscando defender un sistema de acumulación y de intereses asociados al aparato de poder.   

 

El genocidio contra procesos sociales y organizativos cometidos en Colombia ha producido efectos en el conjunto de la población colombiana y esto influye como lo expresó la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos TPP (2021) en la forma como se narra la historia de lo ocurrido. La reducción de la práctica genocida en Colombia al conflicto armado, o su encubrimiento en éste, impide entender el impacto real que tiene y ha tenido la violencia estructural, en la propia sociedad colombiana, en las posibilidades de reparación, en la elaboración de la experiencia del aniquilamiento, en el descubrimiento de las intencionalidades políticas de los perpetradores, en los procesos de memoria y resistencia, y en la puesta en marcha de las garantías de no repetición.   

 

Por nuestra parte, acogemos la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (2021) que concluyó la existencia de un genocidio continuado de una profunda conjunción de violencia estatal y para-estatal, con la intención de destruir y aniquilar, sistemática y organizadamente durante más de 70 años  a subgrupos nacionales que compartían identidades, “ formas de militancia, estructuras de sentido, modos de organización, tradiciones, sueños, proyectos” (…) que eran considerados como un peligro a los intereses de un modelo de nación con la cual se identifican “agentes del estado, y las capas e instituciones más poderosas del conglomerado social colombiano” 3 

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