Serie de artículos de análisis del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Capítulo 6 :Narcotráfico como protagonista del conflicto armado y factor de persistencia
En el presente artículo la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad aborda el fenómeno del narcotráfico en el conflicto armado interno y la violencia política, no solo destacando su relación con los grupos armados, sino también los efectos nocivos que produjo en el desarrollo rural y el medio ambiente, en la reconfiguración de las dinámicas del poder político en el país y en el condicionamiento de las relaciones internacionales con los Estados Unidos mediante la implementación de la “guerra contra las drogas”.
Hallazgos generales
La CEV sostiene que el narcotráfico debe verse como un actor del conflicto, y como un factor de persistencia de este, debido a la fuerte influencia que tiene en la política y en la economía del país, a través de la reproducción de un modo de acumulación mafioso de riqueza y poder, a partir de una economía ilegalizada.
El capítulo señala que todos los actores armados tuvieron relación con el narcotráfico. En el caso de los grupos insurgentes, su involucramiento implicó un cambio en las dinámicas de relación con las comunidades y un aumento de la violencia. Las FARC pasaron de una posición prohibicionista en la década de los 70, a una posición de mediación entre los campesinos y los narcotraficantes por medio del cobro de impuestos. En algunos casos, tuvieron incluso laboratorios para la cristalización de la coca y ejercieron control sobre la cadena de producción. Señala la CEV que, aunque las políticas formales del ELN hasta la actualidad plantean un deslinde del narcotráfico, en realidad tienen varias formas de intervención: desde impuestos a los compradores de la pasta y seguridad a los cultivos y cristalizaderos, hasta participación en los eslabones claves de la economía de la coca.
Frente a la relación de los paramilitares con el fenómeno del narcotráfico, la CEV planteó que esta es orgánica, como una bisagra entre el crimen y el poder para la defensa del negocio y sus intereses. Para lograr legitimidad política, los narcotraficantes asumieron un rol contrainsurgente mediante alianzas que califica como poco estables.
Dinámicas rurales del cultivo de coca
La CEV encontró que, aunque en el Acuerdo de Paz sí se trató el tema de los cultivos ilícitos, el alcance de los programas de erradicación de estos se vio reducido por la falta de un impulso político que lograse proveer un marco legal con recursos e infraestructura suficientes para la regulación y transformación integral de la economía rural.
Para la CEV, el proceso de expansión de los cultivos de coca en todo el país responde a los constantes aplazamientos para tratar una reforma agraria, a una crisis crónica en el desarrollo rural, al deterioro de las exportaciones, a la falta de promoción de una soberanía alimentaria, así como a la aplicación de una conducta estrictamente reactiva en la política antidrogas con efectos contraproducentes (por ejemplo, en el caso de las fumigaciones aéreas con glifosato y la destrucción de laboratorios).
Paralelamente, la CEV analizó que la siembra de coca como alternativa productiva impulsó el crecimiento de las microeconomías de las regiones permitiendo al campesinado tener acceso a recursos económicos, educativos o sociales, pero que, al mismo tiempo, sus medios ilegales de comercialización incrementaron la violencia armada, las vías de hecho y otros graves delitos relacionados con la violencia contra las mujeres (como prostitución y trata de personas) y contra los pueblos originarios y étnicos (como explotación, desplazamientos forzados, despojos y desculturización).
Afectaciones al medio ambiente
Sobre las afectaciones al medioambiente, la CEV destacó que las fumigaciones con glifosato se han usado repetidamente en el país pese a las quejas por daños a la salud y a la naturaleza de organismos especializados, y a los comprobados efectos negativos en las poblaciones circundantes. El debate de las fumigaciones ha estado mediado siempre por la estrategia de lucha contra los grupos insurgentes (calificados de narcoterroristas), y las presiones de actores externos. En este sentido, la Comisión señaló cómo las fumigaciones masivas promovidas por los EEUU como parte de la aprobación de financiamientos y préstamos a Colombia durante los gobiernos de Pastrana y Uribe influyeron en el rumbo de la guerra, al punto de forzar el traslado de los cultivos ilegales hacia otras regiones con menos presencia estatal, generando nuevas formas de colonización y despojo.
El control del poder político y del Estado
El informe plantea que el narcotráfico penetró el poder político desde los años 60, con lo cual se reconfiguraron las élites nacionales y supuso la entrada al país de personas vinculadas al negocio para el establecimiento de redes internacionales en EEUU y otros países. En la década siguiente, dineros del narcotráfico ingresaron a varias campañas presidenciales, generando una crisis de legitimidad en las instituciones representativas, y un deterioro en la forma en que son percibidos por la población la función pública y el rol del Estado.
Esta fue una de las maneras de adquirir poder político que, en los tiempos del cartel de Medellín, perseguía el objetivo de eliminar la extradición, y después la realización de acuerdos locales para el apoyo a políticos en lo que se denominó la parapolítica. La CEV describe la penetración del narcotráfico como parte de un entramado de relaciones, coaliciones y vínculos entre diferentes actores políticos, económicos, armados o militares, que se funda en el beneficio y la acumulación de capital, pero también en redes clientelistas y relaciones familiares.
Seguridad y relaciones internacionales
La tesis planteada por la CEV señala que la declaración de guerra en contra del narcotráfico en los años 80 estuvo condicionada por la influencia de las políticas de Estados Unidos. Con ello, el narcotráfico pasó a convertirse tanto en parte del conflicto armado como en factor de su persistencia. Primero en las disputas del Estado con los carteles, luego con el apoyo de estos y, posteriormente, con su integración a la lucha contrainsurgente por medio de los ejércitos paramilitares.
La política antidrogas de corte bélico enfocó sus esfuerzos para eliminar al enemigo, concepto que incluía por igual al guerrillero y al campesino cultivador, pero que, paradójicamente, el narcotráfico (aunque en algunos casos individuales fueron capturados narcotraficantes y algunas pequeñas organizaciones desarticuladas), siguió contando con influencia política y económica, como parte de las elites nacionales. Así, las élites colombianas han tenido un doble discurso frente al narcotráfico con la «guerra contra las drogas», focalizándose en las guerrillas y el campesinado cocalero, mientras mantienen relaciones con los traficantes, en lo que la CEV ha denominado un “péndulo moral”. El modelo de acumulación de capitales a partir del tráfico de drogas ha sido amplio en el país y, en algunos casos, tan frecuente y profundo, que se ha convertido en un atentado a la democracia y a la independencia de las instituciones.
Aunque en la época del auge del cartel de Medellín existió una fuerte oposición a la figura de la extradición, los Estados Unidos se valieron de la extrema corrupción del narcotráfico en la política para presionar sus propias agendas. En ese sentido, a partir de los años 80 hubo un aumento progresivo de la presencia de agencias internacionales como la DEA que propiciaron una reconfiguración del Estado en la lucha contra las drogas. Un ejemplo de lo anterior fueron las alianzas con grupos criminales como “Los Pepes”, precursores del paramilitarismo en Antioquia, con la participación y beneplácito de estas agencias. También la militarización de las regiones de la lucha contra el narcotráfico mediante el Plan Colombia, a partir del cual se empezó a justificar la ayuda militar en la lucha contrainsurgente. Fue cuando las FARC empezaron a ser consideradas organizaciones narcoterroristas. Finalmente, la decisión de fumigar masivamente con glifosato fue tomada bajo la presión de los Estados Unidos, pese a la ausencia de información sobre su eficacia y las dudas sobre los posibles efectos nocivos para la salud y el medio ambiente.
Elementos de reflexión
El capítulo sobre el narcotráfico y su papel en el conflicto armado es un importante paso en el reconocimiento del fenómeno del narcotráfico como algo que va más allá de un problema de criminalidad organizada con poca relación con el conflicto. En contraste, la CEV lo caracteriza como un grave problema económico, social y político, de nivel internacional, y no solo un asunto delictivo o de carácter militar, que ha condicionado históricamente la relación entre Colombia y Estados Unidos desde los años 70.
La visión exclusivamente militar que ha imperado conllevó a que las respuestas de las políticas públicas sobre el particular hayan sido parciales, desconociendo la complejidad del fenómeno por sus otras dimensiones. La CEV sostiene que el efecto de estas políticas sin integralidad es que no se han alterado las redes políticas de corrupción, los recursos incautados no han sido usados para la reparación de las víctimas, y se han agudizado fracturas internas en las FFAA por el involucramiento de algunos de sus miembros en el negocio ilegal, sin mejorar en ningún caso la seguridad en los territorios continuamente afectados por los enfrentamientos armados por el control del negocio ilegal.
A pesar de las formas en las que se manifestó la compleja relación entre la violencia y el narcotráfico, a las víctimas de este fenómeno no se les ha considerado parte de la política pública de reparaciones. Lo anterior, no obstante el enorme impacto que en las poblaciones rurales y urbanas más empobrecidas ha tenido la guerra contra las drogas. Sumado a lo anterior, aún persiste la violencia y la victimización ligadas a este fenómeno en muchas regiones del país, que está relacionada con el incumplimiento al Acuerdo Final de Paz en torno a la reforma rural integral y la solución al problema de las drogas ilícitas.
Para abordar la complejidad del fenómeno, la CEV plantea un necesario cambio de paradigma orientado por la atención integral con un enfoque de regulación, y convertirlo en una economía legalizada por el sistema económico nacional e internacional. Para desarticular a los entramados criminales, políticos y económicos, plantea oportuno la implementación de un enfoque macrocriminal por la crisis en las que se encuentra el modelo de investigación centrado en la determinación de responsabilidades individuales y la extradición a los EEUU. La CEV considera un aumento de las capacidades judiciales de Colombia con respecto a los años 80, que pueden ser aprovechadas para el desmantelamiento de las redes criminales, sus economías, y la garantía de la verdad de las víctimas.
Quedan debates abiertos sobre los enfoques de justicia más adecuados para abordar este fenómeno criminal.
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