Serie de artículos de análisis del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Capítulo 7: El modelo de seguridad  

Una de los capítulos más relevantes del tomo de hallazgos y recomendaciones del informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad -CEV- es el relacionado con el modelo de seguridad. La grave situación de los derechos humanos, y las alarmantes cifras sobre infracciones al derecho internacional humanitario no pueden comprenderse sin considerar el rol decisivo del modelo de seguridad dominante.  

 Principales hallazgos  

 El informe de la CEV recoge las repercusiones de ese modelo, sus impactos y sus principales tendencias como elemento central para entender la historia reciente del país y su conflicto. Colombia tiene el aparato de seguridad y defensa más grande, con mayor inversión pública y con el mejor entrenamiento en el continente, solo superado por los Estados Unidos.   

 No obstante, señala el informe, ese aparato no ha tenido como objetivo prioritario la protección de la población civil, en buena medida gracias a un modelo de seguridad que ha tratado con abierta hostilidad las demandas de cambio del modelo económico y de garantía de derechos sociales. Un síntoma de tal tendencia es la permanencia de los estados de excepción, otrora denominados estados de sitio, como un factor decisivo en la configuración de un régimen político que allanó caminos para perseguir a la oposición empleando recursos estatales y propiciando violaciones reiteradas a los Derechos Humanos por parte de organismos del Estado y funcionarios públicos.  

 El informe también resalta la persecución, estigmatización y represión organizada dirigida a sectores sociales y políticos alternativos a las formas dominantes del poder político.  Valga resaltar que la doctrina del enemigo interno ha sido un factor fundamental que ha posibilitado estas tramas represivas. En ese orden, el informe muestra que la doctrina de seguridad adoptada por el Estado colombiano no obedeció a una defensa de los intereses nacionales ni de la soberanía interna, sino que adoptó un enfoque de seguridad nacional con una clara influencia de Estados Unidos.  

 Tal doctrina fue funcional a los sectores políticos y económicos más poderosos en el país y posibilitó prácticas antidemocráticas que generaron un clima de democracia restringida. Dicha situación se profundizó en el período 2002 y 2010, cuando la llamada política gubernamental de seguridad democrática se convirtió en el principal factor de persecución a los movimientos sociales, estigmatización a los defensores de Derechos Humanos, y bloqueo de una posible solución política al conflicto armado.  

 Para el informe, el modelo de seguridad posibilitó, al menos, tres tendencias que repercutieron negativamente en la garantía de derechos humanos:  en primer lugar, una constante militarización de los territorios que no sé tradujo en garantías para las poblaciones habitantes de esas áreas. En segundo término, una comprensión de la inteligencia qué priorizó la persecución y el perfilamiento de actividades lícitas, en lugar de perseguir organizaciones delincuenciales.  Además, negó el carácter civil de la Policía Nacional involucrando a esa institución en el conflicto armado y propiciando que adoptara también la doctrina el enemigo interno, lo que la llevó a tratar la protesta social con criterios de guerra interna y no como tensiones propias de un régimen democrático que permite el disenso.  

 Un aspecto crucial y poco señalado de la doctrina de seguridad que rescata el informe ha sido su impacto en la captación y desnaturalización de la administración de justicia.  El juzgamiento de civiles por militares,  los tribunales de guerra,  la justicia sin rostro  y la justicia penal militar,  han sido producto de una comprensión qué no solo ha vulnerado las garantías procesales, además ha propiciado el debilitamiento de la independencia judicial en nombre del derecho penal del enemigo.  

 Otro acierto del informe consiste en señalar el origen estatal del paramilitarismo, así como el rol que han cumplido esas organizaciones de crímen organizado en el modelo de seguridad.  El paramilitarismo no ha sido entonces un tercer actor en la dinámica del conflicto colombiano, ha sido una creación estatal que ha cumplido un papel decisivo en la guerra contrainsurgente a lo largo del conflicto armado en Colombia.  

 Elementos de reflexión 

 A pesar de sus innegables aciertos, el informe de la CEV, en lo relativo a la política de seguridad, tiene un inmenso vacío, pues tal política no solo ha sido impulsada por los Estados Unidos y por las Fuerzas Armadas en Colombia. A nuestro juicio, el rol que han jugado poderosos empresarios, políticos locales y mandatarios nacionales, no puede ser soslayado dado el papel que han jugado para legitimar, impulsar, defender y beneficiarse de ese modelo de seguridad.   

 Al respecto el informe dice poco, lo que lleva a una suerte de inconsistencia en el planteamiento. Si asumimos que el modelo de seguridad ha sido un factor que ha beneficiado  las grandes inversiones privadas y que ha facilitado  la persecución estigmatización y represión de los movimientos sociales que se han opuesto al modelo económico imperante, como señala el informe, entonces es clave asumir que ciertas fuerzas políticas y ciertos empresarios poderosos se han beneficiado de ese modelo de seguridad.  

 Asimismo, aunque el informe plantea el origen estatal del paramilitarismo, soslaya el rol qué tuvieron gremios empresariales, asociaciones de ganaderos y terratenientes en la creación y promoción de las organizaciones paramilitares.  

 Por último, el informe se queda corto al no mostrar que la política de seguridad impulsada en las últimas siete décadas en el país, reconfiguró el estado colombiano, captando sectores de la justicia, generando una hipertrofia del aparato de defensa por encima de otros organismos estatales y propiciando una actuación estatal diseñada para la guerra y no para la convivencia o la garantía de los derechos humanos. 

 Es una tarea urgente, la pregunta por cuál es el modelo de seguridad que requiere una sociedad en paz, con un Estado orientado a la plena garantía de los derechos humanos y una sociedad civil deliberante que respete el disenso y las opiniones diversas.  El informe nos da algunas pautas para pensar en ese problema. Pautas insuficientes, pero sin duda importantes. 
 

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