Serie de artículos de análisis del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar- 

Capítulo 9: Hacía la Paz Territorial  

Este capítulo del Tomo Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad hace una breve presentación de las disputas históricas por la tierra, con el fin de explicar cómo el conflicto armado interno produjo la transformación violenta de territorios, a través del desplazamiento forzado y el despojo, entre múltiples formas de violencia. Para ello presenta un contexto histórico, donde aborda nociones como la desigualdad, los diseños institucionales y la violencia, como herencias del sistema colonial que han influenciado la distribución y la disputa por la tierra.  

Principales hallazgos 

Inicialmente, la CEV hace un análisis de cómo la influencia de este legado colonial en el proceso de formación del Estado nacional dio origen a un modelo de ordenamiento territorial elitista, cuyo fundamento es la concentración de la tierra como fuente de riqueza y poder político. La Comisión explica cómo el conflicto armado facilitó que las élites nacionales y los grupos de poder regionales -tradicionales y emergentes- siguieran tomando decisiones frente a la gobernanza de los territorios, en beneficio de sus intereses particulares, frenando de este modo la democratización de la tierra en el país. 

Como resultado de esas relaciones entre los grupos de poder y los actores armados, la CEV encontró que existen patrones de despojo, ocupación, distribución y uso del territorio, donde grandes terratenientes con vínculos en el poder político y judicial acaparan las tierras más productivas y no hacen un uso agrícola de las mismas. En cambio, presionan el desplazamiento de campesinos y campesinas y comunidades étnicas, la ampliación de la frontera agrícola y la colonización de tierras en laderas de montaña, bosques tropicales cálidos y selva.  

Estos patrones de concentración y despojo a través de la guerra impulsaron la ganadería extensiva, un desaprovechamiento del potencial agrícola en las tierras más productivas del país y la imposición violenta de proyectos agroindustriales y minero – energéticos, con costos ambientales que superan escasamente los beneficios que se obtienen de la concentración de estas tierras.  

 En ese sentido, la Comisión explica que la guerra no ha permitido y ha hecho inalcanzable el goce efectivo de los derechos reconocidos para las comunidades étnicas, así como ha impedido la protección y desarrollo de la economía, así como del proyecto político del campesinado. Este modelo de ordenamiento territorial, impulsado por las deficientes reformas agrarias y la acumulación violenta, dejó por fuera de los procesos de producción y acumulación de riqueza a gran parte de las poblaciones de estos territorios arrojándolas a la informalidad y a las economías ilegalizadas.  

Consecuencia de lo anterior, cientos de comunidades étnicas y campesinas se desplazaron de sus territorios ancestrales a las periferias de las ciudades, dando paso de la colonización rural a procesos de colonización de las principales urbes del país. En dicho proceso, no hubo un cambio sustancial ni positivo que diera lugar a la transformación de las condiciones de vida de las víctimas de desplazamiento forzado. Por el contrario, esto agudizó las condiciones de pobreza de la población inmigrante, así como las tensiones con las poblaciones receptoras debido a las disputas por los servicios públicos, el equipamiento y acceso a derechos ciudadanos.  

A su vez, la CEV señala como los órdenes territoriales violentos permitieron una cooptación de la institucionalidad que no se limitó al uso del derecho para el ataque, la expropiación y la humillación de ciertas comunidades étnicas y campesinas que consideraban enemigas. También se impusieron regímenes normativos paralelos, reglamentos de conductas individuales y colectivas, y militarización de los territorios, con el objetivo de controlar la vida cotidiana. Esto permitió la alianza permanentemente renovada entre los diferentes grupos de poder político – económico y los grupos armados.  

 De este modo, se consolidaron liderazgos políticos nacionales y locales, así como sectores económicos que veían en las reformas agrarias y las comunidades étnicas y campesinas, obstáculos para su enriquecimiento. De modo que, los órdenes territoriales violentos, especialmente los paramilitares, permitían: i) sumar las élites locales como aliadas estratégicas; ii) ampliar la captura de rentas; y iii) formalizar un orden social derivado del control territorial.  

 De la consolidación de los liderazgos políticos y económicos que se beneficiaron del despojo y la concentración de la tierra, el informe muestra que en desmedro las organizaciones sociales y políticas de oposición, los pueblos étnicos y campesinos fueron víctimas de la subrepresentación política. A pesar de la lucha campesina por la reforma agraria que se libró en el siglo XX, desde el poder ejecutivo y legislativo fueron revertidos estos esfuerzos a través de una contrarreforma agraria violenta, que persiguió, estigmatizó y marginalizó a campesinos y comunidades étnicas.  

 Ahora bien, la CEV también advierte cómo las dimensiones subjetivas de los territorios fueron transformadas por la guerra, entendiendo que la identidad campesina no se refería únicamente a una relación productiva con la tierra, sino a una cosmovisión y forma de vida, a un “ser” y no solo a un “tener”; así, el desplazamiento implicó que la identidad territorial también se desplazara y que el despojo de tierra fuera consecuentemente el despojo y la ruptura de múltiples vidas campesinas y étnicas.  

 Así, del recuento de la política de despojo y concentración de tierras en diferentes momentos históricos como el Frente Nacional y la guerra (contra) insurgente, los efectos de la apertura económica en la reconfiguración territorial, la irrupción del narcotráfico, la contra reforma agraria violenta, la descentralización y la disputa por el poder local y finalmente un subcapítulo titulado ¿ y la tierra para qué?, la Comisión concluye que: en efecto, en el país la desigualdad en el acceso a la tierra es casi absoluta.  

 En ese sentido, el conflicto fue funcional a las desigualdades y permitió: i) la concentración de la tierra, ii) evitó las reformas democráticas y participativas y iii) frustró procesos participativos de planeación del ordenamiento y desarrollo territorial.  

 A modo de conclusiones, la CEV presenta una serie de afirmaciones y recomendaciones relacionadas principalmente con la necesidad urgente de involucrar social y políticamente a una parte del país en la construcción de una Colombia incluyente. Ese país es el de las comunidades étnicas y campesinas que los regímenes políticos y económicos han excluido históricamente, la de los territorios que se convirtieron en el epicentro de la guerra. La inclusión de estas regiones de manera efectiva en las reformas democráticas, políticas y económicas que se requieren harán posible que en Colombia avance la consolidación de la paz.  

 Para la Comisión, la paz estable y duradera solo será posible si se incluye al país excluído en la construcción de consensos y principios que orienten el desarrollo territorial, atendiendo al reconocimiento de múltiples interrelaciones económicas y sociales, con las formas de uso y ocupación del territorio, además de las trayectorias culturales y político – institucionales que son base de los conflictos.   

 Advierte la CEV que la paz territorial además implica:  

• Un cambio en las políticas públicas relacionadas con los problemas de la tierra.  
• Creación y fortalecimiento de los instrumentos e instituciones para hacer una gestión eficaz de los recursos del territorio, para que la tierra cumpla con su función social y ambiental.  

• Garantizar la formalización del régimen de propiedad de la tierra, reconocimiento de los derechos de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas al territorio productivo y clarificando la legalidad de los derechos de posesión extensiva de la tierra, para excluir del reconocimiento del derecho de propiedad la adquirida con recursos ilícitos, la apropiada ilegalmente sobre áreas y bienes públicos de la nación –como playones y ciénagas y la tierras baldías– y finalmente, la tierra apropiada por el despojo violento durante el conflicto armado.  
• Romper el sesgo urbano para construirse desde las miradas, las necesidades y las agendas de aquellas poblaciones, sectores y territorios históricamente estigmatizados y empobrecidos.  
• Avanzar en procesos de desarrollo territorial a través de las historias regionales y aportes a la verdad sobre el conflicto armado interno que sean “la semilla de una nueva conciencia común, colectiva y de país”.  

 Como parte fundamental del capítulo se encuentra que la CEV tiene por referencia los aportes de la Misión para la Transformación del Campo en 2014 y el documento “Bases para la Política General de Ordenamiento Territorial” donde se especifica el peso de la vida rural, de como el 60% de los municipios del país son rurales y como la población rural representa un poco más del 30% de la población del país.  

 Y en el marco de la relación campo-ciudad advierte la importancia de un cambio estructural de visión de desarrollo de ordenamiento territorial, reposicionar en la agenda pública los asuntos de paz que están relacionados con los conflictos territoriales, la desigualdad y la exclusión de las víctimas.  

 La CEV indica como una de las conclusiones finales del capítulo que es necesario ajustar la organización político-administrativa de la Nación: organización, territorios, poblaciones y recursos en regiones que garanticen su mejor gobierno y administración, considerando las razones geográficas, los criterios poblacionales y las razones de la distribución del poder político entre los territorios. 

 Elementos de reflexión 

 Lo expuesto en el capítulo resulta fundamental para el entendimiento de muchas de las causas del conflicto armado en Colombia. Como se advierte, en definitiva los problemas con la tierra y los intereses de poderes políticos y económicos en los territorios, son una de las causas fundamentales del mismo; los cambios y transformaciones que además se entrelazan con las recomendaciones de otros capítulos implican un gran reto, que a nuestro parecer, son los escenarios de participación real y efectiva en la construcción de las políticas públicas y los cambios hacia un nuevo ordenamiento territorial, así como la recuperación de la gobernabilidad.  

Los procesos de conciencia alrededor de la necesidad y la importancia de los espacios de participación real y efectiva, sobre todo, situándose desde la realidad geográfica que habitan las comunidades étnicas y campesinas, implica un cambio sobre los imaginarios y el entendimiento sobre lo que es el desarrollo. Está comprobado, por ejemplo, que los lugares con agudos conflictos socioambientales son también resultado de los intereses económicos impuestos, donde hay distintas visiones acerca del desarrollo que están en constante tensión y que deberían ser tenidas en cuenta en la construcción propuesta por la CEV del nuevo ordenamiento territorial.  

En estos nuevos ordenamientos territoriales, será fundamental que primen la armonía con el territorio y los buenos vivires, una transformación de la mirada exclusivamente antropocéntrica sobre la naturaleza y el territorio, donde sean los campesinos y comunidades étnicas históricamente excluidas, atacadas y marginalizadas las protagonistas de su desarrollo. Sin que esto implique a su vez, imponer cargas desproporcionadas a los mismos sobre el cuidado de las regiones naturales para garantizar la tan anhelada sostenibilidad de los ecosistemas y la vida. Para ello será imperativo entonces, una consolidación real en materia de derechos e inversión del cuidado del Estado social de derecho con una mirada diferencial frente a los históricamente excluidos. 

 

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