Serie de artículos de análisis del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo 

El pasado 28 de junio, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) presentó su Informe Final en cumplimiento del mandato otorgado por el Acuerdo Final de Paz suscrito entre la guerrilla FARC – EP y el Estado colombiano. Son once tomos que contribuyen al reconocimiento de las víctimas como sujetas de derechos, a la visibilización de las múltiples violencias que han dejado profundas heridas en nuestro país, a la comprensión de las dinámicas del conflicto armado y a la formulación de recomendaciones que pueden operar como garantías de no repetición.

A pesar de los indudables aportes, nos hubiera gustado como acompañantes y víctimas de crímenes de Estado que se señalara de manera más clara la ocurrencia de un genocidio político contra amplios sectores de la población y la responsabilidad estatal en el mismo, como estableció el Tribunal Permanente de los Pueblos que sesionó en Colombia el año pasado. Así mismo, tal y como lo documentamos y argumentamos en decenas de informes presentados al Sistema Integral para la Paz, que se diferenciara entre hechos del conflicto armado, entendidos como consecuencias del enfrentamiento entre grupos armados, por un lado, y hechos de violencia sociopolítica entendida como acciones deliberadas para afectar proyectos políticos y sociales de transformación, por el otro. 

 Aún con estas ausencias, como defensoras y defensores de derechos humanos y representantes de víctimas de crímenes de Estado, acogemos las recomendaciones que plantea el Informe Final y trabajaremos por su efectiva implementación en los escenarios jurídicos, políticos y sociales.  

 En cumplimiento de esa tarea y como contribución a la labor de pedagogía y análisis crítico a la que estamos llamadas y llamados, presentamos esta serie de documentos que condensan de manera sintética los enunciados del Tomo “Hallazgos y Recomendaciones” en doce entregas correspondientes a cada uno de los capítulos del Tomo, cada una de las cuales finaliza con una mirada crítica del capítulo, en la expectativa de continuar el diálogo social iniciado por la CEV sobre la manera cómo entendemos el conflicto armado y la violencia política, sus efectos sobre las víctimas, la verdad y las garantías de no repetición, hacia la construcción de una democracia más sólida y de un auténtico Estado Social de Derecho.  

 

Capítulo I:  La Colombia Herida 

 Los hallazgos Generales 

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (en adelante “CEV”) inició el tomo de “Hallazgos y recomendaciones” de su Informe Final con un abordaje del sufrimiento de las víctimas y los impactos del conflicto armado en los colombianos y colombianas. Este capítulo está construido a partir de las experiencias de las víctimas, resaltando tanto los efectos que causaron los hechos, como sus formas de resistencias. De manera general, se pueden apreciar algunos hallazgos comprendidos en cuatro acápites referidos a: i. Acercanos a la experiencia de las víctimas, ii. Sobre la Colombia herida y los impactos en la vida cotidiana, iii. Los impactos de la degradación de la guerra y iv. Los caminos de la reconstrucción. 

En primer lugar, el capítulo identificó dos consecuencias del recrudecimiento del conflicto armado interno: i. una sociedad urbana que siguió adelante sin mirar lo que ocurría en las zonas rurales y ii. la imposición de una visión dualista del conflicto que enmarcó a las personas como amigos o enemigos (bueno o malo), sembrando la idea de que se podía eliminar a quien pensaba diferente.  

Adicionalmente, se determinó el negacionismo como un factor de persistencia del conflicto y la violencia en los territorios, sumado a otros elementos como la estigmatización y señalamientos a ciertos sectores de la población. Lo anterior, trajo como consecuencia la deshumanización que se constituyó como un aspecto relevante para mantener la guerra. En ese sentido, se identificó que la insensibilidad, el desapego emocional y desestabilización de las relaciones como sociedad son una consecuencia psicológica de la guerra.  

En este capítulo, la CEV reconoció las afectaciones en niñas y niños al haber crecido en un contexto que manifestaba diferentes dinámicas de la guerra, indicando que uno de los impactos más significativos se relaciona con que esta población no avizora un futuro.  

Asimismo, se estableció que los múltiples intentos impulsados por parte de los movimientos sociales y políticos para consolidar la paz y que resultaron fallidos generó impactos en la sociedad. Concretamente, la persistencia de la impunidad condujo a que las víctimas perdieran esperanza en la justicia. Por esta razón, el informe resaltó las formas de resistencia de las víctimas como un mecanismo para minimizar los impactos del conflicto. 

El capítulo señaló que desde la década de los 70 se instauró un régimen excluyente dominado por las élites en la lucha por el poder político y el poder por la tierra. La dinámica de la guerra por la tenencia de la tierra se concentró en contra de la población campesina. Así, se mencionó que los diferentes grupos armados y actores económicos y políticos tienen responsabilidad debido al contexto que hizo posible la comisión de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Posteriormente, la lucha por el territorio trascendió a imponer dinámicas como el narcotráfico, lavado de activos y proyectos extractivos.   

Todo ello conllevó a la pérdida de modelos de vida, procesos organizativos y producción agraria tradicional, ocasionado por el despojo de tierras y el desplazamiento forzado. 

También, se determinó la existencia de una estigmatización hacia movimiento social, debido a que los actores armados relacionaban sus luchas con las dinámicas del conflicto armado interno y que, en otras ocasiones, las comunidades se vieron obligadas a colaborar con estos grupos. De esta manera reconoció como poblaciones más afectadas a: i. Población campesina; ii. Población urbana empobrecida; iii. Pueblos étnicos; iv. Mujeres en situación de pobreza; y, v. Niños, niñas y jóvenes en zonas rurales o urbanas marginalizadas. 

De acuerdo con la CEV, las víctimas fueron invisibilizadas y su reconocimiento se dio debido al impulso que tuvieron para dar a conocer lo sucedido a través de las organizaciones de derechos humanos, destacando el litigio nacional e internacional como una forma de resistencia. La CEV reconoció que escenarios como este son el resultado de la lucha de las víctimas. 

Otros elementos relevantes son la necesidad de obtener verdad como un mecanismo para mitigar el dolor, la importancia del reconocimiento y la necesidad de eliminar los prejuicios sobre quienes estaban en una situación de estigmatización. La CEV indicó que con el tiempo, las víctimas pasaron del sufrimiento a iniciar un proceso de reivindicación buscando verdad y justicia, negándose a olvidar como una forma de resistencia. En ocasiones, las víctimas iniciaron diálogos directos con los grupos armados con la finalidad de frenar la violencia.  

La CEV estableció que entre 1998 y 2008 hubo una agudización de la guerra y victimizaciones en contra de la población civil que se extendió a los diferentes territorios, de manera que en este periodo se produjeron el 75% de las víctimas del conflicto armado según los registros oficiales, lo cual generó un trauma colectivo y social.  En este capítulo, la CEV puso de presente que etapas de la historia como el Frente Nacional no funcionó para aliviar el trauma, por el contrario, lo extendió en el tiempo. Otro suceso que marca este trauma, es el asesinato de candidatos presidenciales que tenían una opción alternativa a quienes ostentaban el poder y otros hechos como los estados de conmoción interior.  

Sobre todos estos episodios ilustrativos, la CEV reconoció que el dolor individual, familiar y colectivo trasciende el cuerpo y perfora el alma de la sociedad. 

De manera puntual, la CEV señaló que las nuevas generaciones están atravesadas por diferentes tipos de victimización. Incluso, en ocasiones tuvieron que cambiar sus nombres para evitar ser perseguidas como consecuencia del estigma. Estas situaciones se evidencian actualmente, pues la CEV reconoció que cuando se avecinan propuestas de cambio promovidas por la juventud se responde con violencia. Al respecto, en otro apartado se refieren las movilizaciones sociales de 2021, señalando que este episodio constituye un aliento de esperanza y el posicionamiento de una idea distinta dirigida al rompimiento del ciclo de violencia.  

El capítulo también se centra en las afectaciones a la salud generadas por la multiplicidad de hechos victimizantes. Después de los hechos, hubo un aumento significativo del deterioro de las condiciones de salud ocasionado principalmente por la zozobra, la guerra sufrida y el riesgo latente de que la violencia pudiera repetirse. La Comisión reconoció que, pese a que las víctimas sufren de manera prolongada los efectos de la victimización, no existe un componente efectivo de rehabilitación.  

Finalmente, La CEV identificó que hubo efectos en haber reconocido de manera tardía la existencia de un conflicto armado interno; también que hubo una normalización de las dinámicas del conflicto armado interno, una falta de respuesta institucional y una desprotección hacia la población. Todos estos factores generaron una degradación del daño y una deshumanización.   

Elementos de reflexión  

Desde nuestra perspectiva, existen algunas preocupaciones en el abordaje del capítulo La Colombia Herida. En primer lugar, no se mencionan de manera puntual las responsabilidades del Estado en la comisión de graves violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado interno y los eventos perpetrados en razón de la violencia sociopolítica, como un pilar fundamental para esclarecer la verdad, pues como se ha insistido en diferentes documentos, los hechos perpetrados como consecuencia de este tipo de violencia debe ser diferenciada de aquellos eventos que se enmarcan netamente dentro del desarrollo del conflicto armado interno.  

Asimismo, observamos con preocupación que dicha distinción tampoco se extiende al mencionar la responsabilidad de otros actores políticos y económicos. Aunque se menciona la existencia de unas lógicas sobre el concepto de enemigo que se ensañaron en contra del movimiento campesino, sindical y organizativo en general, este capítulo establece que todos estos sucesos hicieron parte de la dinámica de la guerra.  

Sumado a lo anterior, en el capítulo se mencionó que el concepto del enemigo fue utilizado para hacer señalamientos a diferentes sectores políticos y sociales y en razón de ello, perpetrar diferentes violaciones a los derechos humanos. No obstante, no hizo referencia expresa a la responsabilidad del Estado en la creación del concepto del enemigo interno y la aplicación de la doctrina de seguridad nacional.  

La CEV, manifestó la necesidad de reconocer el sufrimiento de todas las víctimas que no alude a la equiparación de responsabilidad entre el Estado y los otros actores armados sino a empatizar con el dolor de todas y también identificó el impacto que significó que durante décadas solo algunas víctimas fueran reconocidas con esta calidad, negando la existencia de otras. Sin embargo, es importante señalar que, aunque reconocemos que se intenta integrar los daños e impactos de las víctimas y las formas de resistencias llevadas a cabo durante décadas, un inventario integral de daños plantea desafíos en la identificación y diagnóstico en sus diferentes dimensiones (individual, familiar, colectivo y territorial) y con la inclusión de diferentes enfoques diferenciales y de género que resultan de gran relevancia para presentarle a la sociedad colombiana y al mundo la forma indiscriminada en que se afectaron las formas de vida y el relacionamiento de las víctimas. En el presente capítulo echamos de menos el proceso metodológico en que se llevó a cabo para realizar el diagnóstico de los daños, su abordaje en este capítulo se realizó de una forma general que no permite evidenciar hallazgos concretos que den una orientación más adecuada para la formulación de una política pública de reparación integral que materialice la recomendación que la CEV realizó en ese sentido. 

Es muy significativo que la CEV haya reconocido los impactos sobre la naturaleza y el territorio. No obstante, al abordar este aspecto, este capítulo no identifica los daños que requieren la aplicación de enfoques diferenciales y de género, por ejemplo, no hay menciones al enfoque interseccional que se requiere al abordar afectaciones a la salud física y psicológica de mujeres indígenas cuando sus territorios han sido afectados.  

Si bien la CEV dedicó otro Tomo del Informe “Mi cuerpo es la verdad” a examinar las violencias contra mujeres y personas LGBTIQ+, sus factores explicativos y efectos, consideramos que en este apartado al poner de presente las vivencias de las víctimas y brindar recomendaciones en aspectos tan importantes que incluyen políticas públicas de reparación con un componente de rehabilitación debió ser más enfático en presentar hallazgos concretos sobre los diferentes tipos de daño que sufren las personas con identidades de género y orientaciones sexuales no normativas. 

Asimismo, dentro de los hallazgos de este capítulo, la CEV señala que el Estado siguió funcionando en la forma, con una división de poderes, elecciones libres y leyes garantistas y medios de comunicación independientes, señalando que a pesar de la violencia no se dio una crisis política. Esa afirmación permite preguntarnos: ¿realmente se puede describir al Estado colombiano con estas características cuando incluso la creación de políticas y otros mecanismos legales también permitieron la violación masiva de derechos humanos?  

De otro lado, el capítulo abordó las formas de resistencias de las víctimas, haciendo especial énfasis en las movilizaciones sociales o litigios llevados a cabo por organizaciones de derechos humanos y las víctimas. No obstante, consideramos que, aunque es una mención importante, no se relacionaron otras formas de resistencia a nivel comunitario con los diferentes enfoques diferenciales y de género. 

Finalmente, es preciso resaltar que aunque la CEV reconoció de manera general responsabilidades de diferentes actores armados y actores económicos y políticos en diferentes dinámicas de la guerra, en el último acápite de este capítulo se identificaron desafíos a futuro que trasladan a la sociedad y a las víctimas la carga de asumirlos, sin establecer de forma concreta las acciones que los diferentes actores deben adoptar para la superación de las mismos. Dichos desafíos son:i. Potenciar una conciencia social sobre el bien y el mal; ii. Cruzar las fronteras de la solidaridad; iii. Despolarizar las actitudes y creencias; y,  iv. Fortalecer los procesos territoriales.