Comunicado de prensa, Bogotá, D.C., Febrero 9 de 2006. A seis años del asesinato del humorista y periodista Jaime Garzón, y a pesar que el Tribunal Superior de Cartagena, acaba de confirmar el fallo que condena a 38 años de prisión a Carlos Castaño Gil como coautor del hecho y haya absuelto a Juan Pablo Ortiz, alias Bochas y a Edilberto Antonio Sierra, alias Toño, el caso aún continúa en la impunidad. Es decir, los verdaderos culpables y demás responsables aún no se encuentran pagando por la muerte de quien durante mucho tiempo ha significado un símbolo de la libertad de expresión en el país.

 

Pero este no es el único caso de un periodista que está en la impunidad. Recordemos por ejemplo el caso de Emeterio Rivas, periodista asesinado por paramilitares en el 2003 en Barancabermeja, el cual luego de un año del cierre de la investigación, aún no ha calificado el merito de la instrucción, o el de Efrain Varela, cuya muerte ocurrida en Arauca en el 2002 también se atribuye a paramilitares, o para no ir tan lejos el del ex director del diario La Patria de Manizales, Orlando Sierra, de quien aún no se ha podido determinar los autores intelectuales de su asesinato ocurrido el mismo año.

Si esto sucede con los casos de periodistas reconocidos en el ámbito nacional e internacional, entonces qué se podrá esperar de aquellos que día a día exponen sus vidas en regiones donde el conflicto armado se intensifica cada vez más o que dada su labor en derechos humanos, independiente o alternativa han tenido que recurrir a duros esquemas de seguridad o salir al exilio.

Tal es el caso del director del periódico de oposición Voz, Carlos Lozano, quien junto con el periodista Hollman Morris del programa “Contravía” recibieron a mediados del año pasado coronas mortuorias en sus lugares de residencia. O el del también director de la Red Independiente, Noticias Uno, Daniel Coronell, quien tuvo que salir a finales del año del país. Esto sin olvidar el caso de William Parra, reconocido periodista que se desempeñaba en una agencia de prensa y quien fuera atacado por desconocidos que lo dejaron gravemente herido.

La crítica situación no cambia, por el contrario se recrudece, sobre todo en época pre electoral. Según reporta la Fundación para la Liberta de Prensa, en lo que va corrido del año, se han denunciado 2 amenazas en contra de periodistas que trabajan en zonas de conflicto como Barrancabermeja y Caquetá y un intento de asesinato en Córdoba.

En ciertas regiones, incluso, el número de periodistas amenazados u hostigados en lo que va corrido del 2006, y que de alguna manera constituyen un sub registro, se ha recrudecido. Es el caso de los 4 periodistas amenazados en Santander, Jenny Manrique del periódico Vanguardia Liberal, Alvaro Pérez del canal local de televisión de Barrancabermeja Telepetróleo, Marcos Perales Mendoza del periódico Portada de la misma ciudad y Diro César González del Semanario la Tarde a quien intentaron asesinar el pasado 17 de enero.

No obstante estos hechos, y con el ánimo de no ceder ante los múltiples silenciadores, y por el contrario, consolidar mecanismos que permitan no solo la denuncia y el apoyo a periodistas amenazados u hostigados producto de su quehacer diario, así como la lucha contra la impunidad, se viene consolidando desde el año pasado, la Coordinación Colombiana de Medios Alternativos, de la cual el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” hace parte.

Ésta tiene como uno de sus principales objetivos, además de el de propender por la defensa de la verdad y de la libertad de prensa y expresión, el de colaborar en el fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias a través del desarrollo de proyectos comunicativos alternativos.

Por esta razón la Coordinación Colombiana de Medios Alternativos, pretende este año liderar una campaña nacional e internacional por la Libertad de Expresión en Colombia, que concientice a todos los sectores, no solo, sobre el valor de la función social que tienen los periodistas, sino, sobre la necesidad de denunciar y apoyar su labor, que cada vez más se ve amenazada. Sobre todo en el caso de periodistas independientes, quienes por ser voces críticas ante las políticas de Estado y la situación del país, son los más afectados por la represión y el silenciamiento.

En este punto vale la pena recordar la profunda preocupación manifestada por el relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su visita el año pasado, sobre la estigmatización de quienes realizan una labor crítica del Gobierno, basada en las denuncias recibidas sobre ciertas declaraciones de altos funcionarios del Gobierno que se han manifestado públicamente en contra de la labor de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

Igualmente no hay que dejar pasar por alto algunas de las recomendaciones realizadas por esta relatoria en las que recomienda al Estado colombiano adoptar medidas de fortalecimiento del sistema judicial que pongan fin a la demora injustificada en las investigaciones de casos de periodistas; mantener desde las más altas instancias del Gobierno la condena pública de los ataques contra los comunicadores sociales, con el fin de prevenir acciones que fomenten estos crímenes, evitando se desarrolle un clima de estigmatización hacia quienes desarrollan una línea crítica de las acciones del Gobierno y promover la incorporación de los estándares internacionales sobre libertad de expresión desde las instancias judiciales , pues constituyen herramientas eficaces para la protección y garantía del marco normativo sobre libertad de expresión vigente.

Por último, la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, espera que ante la ratificación del fallo por el asesinato de Jaime Garzón, el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS -, aclare las causas del desvío de la investigación y la Fiscalía General de la Nación continúe con la misma, con el fin de dar pronto con los verdaderos responsables del asesinato del reconocido periodista.