Bogotá, 6 de diciembre de 2022. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), en representación de la familia del candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, advertimos al fiscal general Francisco Barbosa Delgado en mayo de 2021 que la decisión de enviar a Chocó al fiscal Mauricio Javier Ponce Mena, encargado de la investigación del asesinato de Carlos Pizarro durante los últimos siete años, era un mecanismo de impunidad que atentaba contra los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia.
Las organizaciones representantes de la familia Pizarro Leongómez vemos con preocupación que el fiscal Mauricio Ponce haya sido apartado de la investigación y enviado a Chocó mientras avanzaba en establecer la responsabilidad de Manuel Antonio González Henríquez, exjefe de protección del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y Flavio Trujillo Valenzuela, exjefe de la sección de corporaciones públicas de la misma entidad. Sumado a esto, Mauricio Ponce había solicitado a la fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia investigar al exdirector del DAS, Miguel Alfredo Maza Márquez.
Hugo Alexander Tovar Pérez, fiscal adscrito a la dirección especializada contra violaciones a los derechos humanos, fue nombrado para llevar a cabo las funciones desempeñadas por Mauricio Ponce. Tovar tenía la función de continuar con esta investigación y, además, fungir como parte en el juicio contra el exescolta del DAS, Jaime Ernesto Gómez, quien fue acusado de participar en el magnicidio del candidato presidencial. Después de más de un año, podemos afirmar que se consolidó el mecanismo de impunidad que en su momento identificamos con el cambio de fiscal, pues la investigación no ha tenido avances en este tiempo. Adicionalmente, el fiscal Hugo Tovar fue recientemente nombrado en la Dirección de la Unidad de Derechos Humanos, a pesar de su pobre gestión, enfrentando el caso, nuevamente, a un cambio de fiscal.
Es igual de preocupante que Jaime Ernesto Gómez, procesado por el magnicidio de Carlos Pizarro, desde hace más de dos años solicitó su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sin el compromiso de aportar a la verdad de manera plena; sumado a esto, cambió de abogado y recusó sin fundamento alguno a los jueces en la justicia ordinaria que están encargados de su juicio, todo esto con el objetivo de conseguir su libertad por vencimiento de términos, situación frente a la cual no se pronunció el fiscal delegado Hugo Tovar.
Hay que tener en cuenta que el traslado de fiscales debe contemplar la especialización y fortalezas adquiridas en el transcurso de la carrera del funcionario, y deben responder a criterios públicos y objetivos para que no se tornen contrarios a los intereses del proceso, especialmente cuando han adoptado decisiones de carácter sensible en materia de graves violaciones a derechos humanos; un traslado en tales condiciones podría tener por objetivo separarlos de tomar una decisión que pudiera afectar los intereses de otros poderes y servir de mecanismo para materializar la impunidad.
Por estas razones, y basados en su trayectoria y experiencia en el grupo temático de magnicidios, además de sus conocimientos sobre los patrones criminales que los caracterizan y sobre este caso en particular (que hoy cuenta con más de cien cuadernos y 25.500 páginas), es que insistimos en la solicitud de que se restituya al fiscal Mauricio Ponce en el caso.
El magnicidio de Carlos Pizarro tiene una trascendencia histórica indudable en Colombia, por lo que amerita asegurar de parte de la Fiscalía General de la Nación las mejores decisiones y los mayores esfuerzos para identificar, llevar a juicio y sancionar a los responsables.
Comisión Colombiana de Juristas y Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo