Las organizaciones sociales, las plataformas de DDHH y el Proceso Social de Garantías (Antioquia), acompañantes de la Caravana Humanitaria por la Vida y la Paz en el Bajo Cauca antioqueño, manifestamos a la opinión pública, a la comunidad nacional e internacional:

1. Que en el transcurso de la Caravana encontramos tres países: donde viven los gobernantes, donde vive el común de la gente y donde viven los de a pie, en las peores condiciones de vida, porque en el territorio no existe Estado Social de Derecho.

2. Evidenciamos la presencia y el control territorial y social por parte de todos los actores armados ilegales.

3. Los territorios y las comunidades están abandonadas por parte del gobierno nacional, departamental y municipal. Las administraciones locales se encuentran en quiebra; no hay coordinación interinstitucional, sobre todo en lo relacionado entre Estado-Nación-territorio en la implementación de los Acuerdos de Paz, que favorezcan a las comunidades.

4. Advertimos con la debida anticipación que la situación humanitaria del Bajo Cauca se podía empeorar. Las Alertas Tempranas, emitidas por la Defensoría del Pueblo, han sobre diagnosticado la situación, no encontrando respuesta positiva de parte de las instituciones responsables.

5. Los pobladores de los territorios, comunidades y organizaciones afectadas por mega proyectos, como lo es Hidroituango, manifestaron a la Caravana Humanitaria el abandono, la persecución, la estigmatización del que han sido víctimas por parte de EPM.

6. Los integrantes de las organizaciones del Bajo Cauca nos informaron de todos los crímenes de lesa humanidad, violaciones de DDHH y de los tipos de victimización y revictimización que están sufriendo los habitantes, las organizaciones y las defensoras y defensores de DDH, tales como: reclutamiento y utilización forzada de niños, niñas y adolescentes, explotación sexual de menores, feminicidios, homicidios en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado, emplazamiento y, sobre todo, estigmatización, amenazas, persecución y asesinatos de los defensores y defensoras por su labor en los territorios.

7. Encontramos gente con mucha esperanza, trabajadora, con ganas de salir adelante, pero empobrecida, y sin oportunidades de vida digna. Por ejemplo, comunidades sin acceso al agua potable, a la salud, al empleo; niños, niñas y adolescentes sin oportunidades para estudiar, instalaciones educativas inadecuadas, carencia de espacios para la cultura y la recreación, etc.

8. Niños, niñas, adolescentes y demás integrantes de las comunidades afectados física y emocionalmente por la guerra, sin reparación y atención psicosocial por parte del Estado.

Por todo lo anterior, proponemos y exigimos:

1. A las autoridades civiles y militares, tanto municipales, departamental y nacional, propiciar espacios de diálogo, articulación y coordinación para desarrollar acciones en el territorio del Bajo Cauca, que permitan avanzar en la implementación de los Acuerdos de Paz.

2. Las comunidades afectadas por el mega proyecto Hidroituango exigimos: verdad, justicia y reparación a las comunidades afectadas y al medio ambiente; que se garantice la permanencia en el territorio de las comunidades barequeras, pesqueras y agricultoras con calidad de vida integral.

3. Promover e incidir ante el gobierno nacional y el Congreso de la República, la aprobación de un COMPES especial para el Bajo Cauca.

4. Estructurar y desarrollar planes, programas y proyectos de reparación integral de los territorios más afectados por la guerra, y la atención psicosocial a la población y las comunidades.

5. Establecer de manera urgente una Mesa Interinstitucional que realice seguimiento, análisis y acciones para mejorar las condiciones de seguridad y de protección para los territorios, las comunidades y las organizaciones.

6. Desarrollar todos los programas y proyectos necesarios para mejorar la calidad de vida de las comunidades del Bajo Cauca y las condiciones de seguridad de manera integral.

7. Exigir a la Fiscalía General de la Nación avanzar significativamente en el desmantelamiento de las estructuras criminales y paramilitares que hacen presencia en el territorio del Bajo Cauca; investigar y sancionar a los integrantes de la fuerza pública y demás funcionarios públicos que tengan nexos con estas estructuras, y avanzar en las investigaciones de los responsables de los crímenes cometidos contra los Defensores y Defensoras de DDHH, líderes y lideresas sociales.

8. Al gobierno nacional y al Presidente Iván Duque, que demuestre con acciones en los territorios su proclamada voluntad de paz, avanzando en la implementación cierta de los Acuerdos de Paz.

9. Concretar y afianzar las relaciones con entidades Humanitarias y DDHH a nivel internacional, que acompañan los diferentes procesos de protección a defensores y defensoras de DDHH y líderes sociales, como garantía de bienestar y seguridad para las comunidades, y como confirmación de una apuesta por parte del Estado para garantizar el Derecho a la Vida.

10. Insistir en los acercamientos entre las instituciones del Estado, las comunidades y los diferentes grupos armados para construir acuerdos humanitarios que busquen el reconocimiento y la protección de los derechos de la sociedad civil dejándolos por fuera de la confrontación armada.

11. Insistirle al Gobierno Nacional sobre la importancia de retomar la Mesa de Diálogo con el ELN; los acercamientos para el sometimiento de las AGC, y la exploración de posibilidades de diálogo y sometimiento con los demás actores armados ilegales.

Proceso Social de Garantías para Defensores y Defensoras de DDHH – Antioquia

Que La Paz No Nos Cueste la Vida