Primer Ministro canadiense debe implementar reformas para que las empresas mineras de su país cumplan con los más altos estándares internacionales de derechos humanos. Las organizaciones firmantes, entre las que está el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, solicitan que Canadá garantice los más altos estándares internacionales en sus políticas de fomento a la minería y en sus relaciones con los países donde operan empresas canadienses.
Más de 190 organizaciones basadas en América Latina, Europa y los Estados Unidos entregaron hoy al Primer Ministro de Canadá una carta pública instando a que su gobierno promueva reformas legales y administrativas con el fin de regular más eficazmente la acción de empresas mineras canadienses en el mundo.
El apoyo diplomático y financiero del estado canadiense a empresas mineras que cometen o toleran violaciones de derechos humanos en América Latina ha sido evidenciado por comités temáticos y relatorías especiales del Sistema Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas), así como en audiencias públicas llevadas a cabo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tales pronunciamientos refuerzan las conclusiones de un informe elaborado una coalición de organizaciones de América Latina titulado El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá, divulgado en el 2014.
Las organizaciones firmantes solicitan que Canadá garantice los más altos estándares internacionales en sus políticas de fomento a la minería y en sus relaciones con los países donde operan empresas canadienses. Por otra parte, solicitan también la creación de mecanismos de acceso a la justicia en Canadá para que las víctimas de violaciones a derechos humanos provocados por empresas canadienses puedan ser reparadas por los daños provocados, cuando esto no ha ocurrido en el pais donde ocurrieron los hechos.
En Colombia, los beneficiados han sido exclusivamente las empresas canadienses, que sin garantías a las comunidades, trabajadores e indígenas han creado un nuevo panorama de precarización de las condiciones socio-económicas, lo cual sin duda representa la constitución de una agenda social que exige renegociación y/o anulación de este tratado internacional, en defensa de la soberanía nacional y los recursos naturales (1).
Las organizaciones firmantes de la carta reconocen los gestos de apoyo hacia un mayor respeto a los derechos humanos manifestados por el gobierno de Justin Trudeau desde su nombramiento como Primer Ministro. Sin embargo, esperan que el discurso de apertura hacia nuevas politicas de derechos humanos se materialice en medidas concretas para que las empresas mineras con sede en Canadá actúen dentro de un marco legal consistente con las obligaciones internacionales del Estado canadiense.
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1. Esta semana, el 28 de abril, también se presentará en Colombia un informe suscrito por siete organizaciones deensoras de derechos humanos, sindicales y ambientales que recoge el impacto del TLC Colombia – Canadá, presentado al gobierno canadiense con motivo de la evaluación a tres años de entrada en vigor, que realizará en mayo el parlamento canadiense. El informe recoge impactos en zonas de exploración y explotación petrolera como el territorio Awá en el Putumayo, el Páramo de Santurbán, en Santander, y los proyectos Gramalote y Quebradona, en Antioquia.