Medellín, 8 de mayo de 2025 – En la Universidad de Antioquia, decenas de víctimas de crímenes de Estado se reunieron para dejar su firma en respaldo a la querella que la justicia argentina tiene en sus manos hace año y medio. La acción legal busca esclarecer la responsabilidad del expresidente, Álvaro Uribe Vélez, en los casos de ejecuciones extrajudiciales de personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate por parte del Ejército colombiano.

“Cansadas de esperar a la justicia colombiana, las víctimas acudimos a la justicia universal en Argentina. Esperamos encontrar las respuestas que aquí no hemos podido. Esta es una lucha no solo de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, sino de todas las víctimas de crímenes de Estado”, señaló Alexander Castro, hermano de Humberto León Pulgarín Castro y sobrino de Jhon Fredys Nabarro Martínez, ejecutados extrajudicialmente el 23 de octubre del 2006 en Campamento, Antioquia.

Aunque la querella fue presentada ante los jueces federales de Buenos Aires el 7 de noviembre de 2023, no se han registrado avances significativos en la investigación. La acción penal fue ratificada por la justicia argentina el día 15 de noviembre y dio reconocimiento a las víctimas en julio del año pasado. Diez meses después, las víctimas colombianas esperan saber cuáles son las acciones que fiscales y jueces argentinos tomarán para garantizar sus derechos a la verdad y la justicia que no han podido satisfacer en Colombia.

La querella también ha recibido apoyos internacionales. Representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS-Argentina), Committee on the Administration of Justice (CAJ-Irlanda del Norte/Belfast) y Pat Finucane Centre (PFC-Irlanda del Norte/Derry), quienes trabajan activamente en la lucha contra la impunidad en el conflicto de Irlanda del Norte y Argentina, han manifestado su apoyo a la querella interpuesta contra el expresidente Uribe.

“Colombia y el mundo tienen derecho a saber la verdad. Apoyamos la lucha de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos que impulsan este proceso en la jurisdicción universal”, indicó María José Guembe, presidenta del CELS.

Esta denuncia fue interpuesta por 11 víctimas de ejecuciones extrajudiciales (familias de cuatro víctimas identificadas y siete víctimas sin identificar) y tres organizaciones defensoras de derechos humanos: el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL), quienes hacen parte del Espacio de Litigio Estratégico.