El agua del río Ranchería estaría siendo destinada al Proyecto Carbonífero del Cerrejón. Además, el agua existente se encuentra retenida en la represa El Cercado, inaccesible a las comunidades indígenas. La solicitud de medidas cautelares alega que los beneficiarios se encontrarían en riesgo debido a la presunta falta de acceso a agua potable y el estado de desnutrición de niños y niñas de la comunidad. Según la información de la solicitud, esta situación habría causado la muerte a 4770 niños y niñas durante los últimos ocho años.

 

i) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares de protección al pueblo Wayúu.

El 11dic15, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió solicitar al Estado colombiano la adopción de medidas cautelares a favor de niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu, en el departamento de la Guajira, Colombia.

La solicitud de medidas a la Comisión fue efectuada el 09feb15, y en ella los peticionarios fundamentaron que las vidas e integridad personal de este Pueblo están en riesgo en vista de la falta de acceso a agua potable y por el estado de desnutrición que afecta a los miembros de la comunidad, en especial, a niñas y niños, lo que ya ha generado la muerte de 4770 menores en los últimos ocho años, a lo que se suma la falta de asistencia médica y de acceso a los servicios de salud.

Los Wayúu son un pueblo diseminado en La Guajira, asentado en más de 15.000 km2 del departamento. Es una región de clima cálido, seco e inhóspito y uno de los departamentos que, según la Encuesta Nacional de Salud y Situación Nutricional de Colombia de 2010, ha registrado los más altos índices de desnutrición global, ocupando el primer lugar en Colombia.

Informan los solicitantes que los sistemas de almacenamiento de agua y los arroyos que le proveían agua a las comunidades están completamente secos, lo que les priva de agua para consumo humano y para realizar las actividades que son la base de su sustento básico, tales como la cría y pastoreo de ganado caprino y los cultivos de pancoger.

La cuenca del río Ranchería es una zona en proceso de desertificación y en ella se está implementando el llamado ‘proyecto Cerrejón’, una basta operación de minería de carbón a cielo abierto. El agua del río Ranchería estaría siendo destinada al Proyecto Carbonífero del Cerrejón. Además, el agua existente se encuentra retenida en la represa El Cercado, inaccesible a las comunidades indíegenas. El Presidente de la República habría inaugurado un acueducto que traería agua a dos sectores de la comuna 10 en Riohacha, pero los solicitantes indican que la obra sólo habría funcionado el día en el que se encontraba el Presidente durante la inauguración.
La Defensoría del Pueblo de Colombia realizó un informe en el año 2014 titulado “Crisis Humanitaria en La Guajira”, en el que afirma que en este Departamento se vendrían presentado “muertes evitables de niños y niñas, en su mayoría indígenas, por desnutrición severa grado III tipo Marasmo y Kwashiorkor…

Los peticionarios denuncian también que Javier Rojas Uriana, líder Wayúu, fue amenazado por “grupos de mafias en cabeza de funcionarios de las administraciones local y departamental en la Guajira”, situación denunciada ante el Fiscal General de la Nación. El 02abr15 recibió amenazas de muerte de paramilitares, que le exigían retirar estas denuncias y el 21oct15 recibió la alerta de que habrían contratado sicarios para matarlo. También los miembros de la Asociación Shipia Wayúu habrían sido castigados por las denuncias realizadas…

Los solicitantes han denunciado también corrupción en la contratación de los programas de nutrición para menores Wayúu y malos manejos de los recursos destinados a la atención integral de la primera infancia, asuntos éstos que estarían siendo investigados por las autoridades competentes.

En consecuencia, y porque el presente caso reúne los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad exigidos para decretar las medidas cautelares, la Comisión solicitó al Estado de Colombia que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu, en el departamento de la Guajira.

MC 51/15 – Niñas, niños y adolescentes de las comunidades de Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu, departamento de la Guajira, Colombia

El 11 de diciembre de 2015, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu, en el departamento de la Guajira, Colombia.

La solicitud de medidas cautelares alega que los beneficiarios se encontrarían en riesgo debido a la presunta falta de acceso a agua potable y el estado de desnutrición de niños y niñas de la comunidad.

Según la información de la solicitud, esta situación habría causado la muerte a 4770 niños y niñas durante los últimos ocho años.

Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información, en principio, demuestra que los miembros de estas comunidades se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal se encontrarían amenazadas y en riesgo.

En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó al Estado de Colombia que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu, en el departamento de la Guajira.

En particular, se solicitó asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud, con un enfoque integral y culturalmente adecuado, con el fin de atender la desnutrición infantil, así como tomar medidas inmediatas para que las comunidades beneficiarias puedan tener, a la brevedad posible, acceso al agua potable y a alimentos en calidad y cantidad suficientes.

Asimismo, la Comisión solicitó al Estado de Colombia que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y a informar a la Comisión sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas en forma periódica.

[Fuente: CIDH, Washington, 17dic15]

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