La llamada apertura económica y las políticas abiertamente neoliberales desplegadas con todo furor en 1990 a partir de la famosa y engañosa frase el entonces presidente, César Gaviria Trujillo “Bienvenidos al futuro”, tuvo como uno de sus elementos centrales la privatización de la salud y de la seguridad social. Se presentó a los fondos privados de pensiones como lo más avanzado del momento y fueron muchos los engañados que dejaron el régimen de prima media del sistema público, tras el espejismo del llamado sistema de ahorro individual. Varias décadas después se ha revelado la falacia del régimen privado, al grado que grandes oleadas de trabajadores están regresando al régimen de prima media, mucho más justo y seguro, a pesar de las numerosas fallas de la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-

Sin embargo, en vez de reformar de manera justa la normativa pensional de manera que garantice el derecho a la pensión y al mínimo vital a todos los colombianos (solamente un 25% de las personas obtienen una jubilación) y elimine la diferencia abismal entre quienes reciben bajas pensiones (el promedio ronda los dos salarios mínimos) y la minoría privilegiada de aquellos que reciben mesadas supermillonarias, el Gobierno Nacional tomó recientemente una medida que pone en alto riesgo los ahorros pensionales de las personas afiliadas a los fondos privados.

Mediante el decreto 1385 de junio de 2015 se autorizó que las sociedades administradoras de fondos de pensiones (AFP) para que utilicen los recursos de sus afiliados para ser prestados a su matriz, filiales o subsidiarias, o sea a sus propietarios.

Utilizando un sofisticado léxico legal, en el fondo se permite los autopréstamos mediante se dio protagonismo a un complicado y sospechoso mecanismo de inversión conocido como private equity, fondos de capital privado o fondos de fondos, un agujero negro financiero al que se le puede meter cualquier cosa, pero por experiencias similares sabemos que lo que allí entrará son los miles de millones y millones de pesos de los trabajadores.

Esta modalidad de autopréstamoses prohibida incluso en Chile, de donde fue imitado el modelo pensional privado. Hasta la flamante Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la famosa OCDE a la que los gobernantes colombianos tienen tanta prisa en ingresar, considera prudente la prohibición. Aún así, los funcionarios tratan de justificar el decreto diciendo que dichas operaciones “no pueden ser consideradas como ‘autopréstamos’, en la medida en que deben realizarse a precios de mercado con transparencia y seguridad”.

Que supuestamente las operaciones se hagan a precio de mercado no es garantía de nada porque solo en la teoría existe un mercado libre, amén de que tales “fondos de fondos” o “prívate equities” (muchas veces utilizan nombres en inglés para confundir más) no tienen mercado y su precio no se define por oferta y demanda, subasta o puja alguna. En esas condiciones el precio lo definen es ellos mismos y cabe entonces preguntar: ¿Cuál transparencia? ¿Cuál seguridad? Quizá las mismas que operaron en los casos de las pirámides o de Inverbolsa, posibles por la pasividad de las entidades oficiales que deben velar por los intereses de los ahorradores.

Dada la complejidad del tema y las implicaciones para los aspirantes a pensionarse, el Cajar viene estudiando la posibilidad de acciones legales contra esta medida tan lesiva para el país. Desde luego, la batalla jurídica será importante, pero debe ser solo una parte de toda una estrategia más amplia en la que lo decisivo es la movilización y la lucha social.

Llamamos a las centrales obreras y a los movimientos sociales a enfrentar decididamente este nuevo atropello contra el pueblo colombiano.

Inaceptable conflicto de interés que el Gobierno justifica con requisitos formales de supuesta “independencia de sus directivos”, olvidando que Pablo Albir, exyerno de Luis Carlos Sarmiento, quien a su vez es dueño AFP Porvenir, fue condenado a diez años de cárcel por hurto calificado y agravado por la confianza y falsedad en documento, en su calidad de presidente de esa AFP.

En Chile existe una comisión de usuarios del sistema de pensiones, que evalúa y reporta sobre el funcionamiento del sistema pensional y propone las estrategias de educación e información. También existe un consejo técnico de inversiones, pero en Colombia no, y pareciera manejarse tan importantes recursos como la caja menor del Gobierno, o de intereses particulares. Es hora de poner orden en ese multimillonario frente.

Infografía tomada de http://esnoticia.co/noticia-6825-la-realidad-de-las-pensiones-