Foto:Movice
En el Día internacional de las víctimas de desaparición forzada, recordamos a aquellas personas que fueron privadas de la libertad por agentes estatales, sustraídas de sus familias y cuyo paradero seguimos sin conocer. Durante décadas, hemos acompañado a sus familias en su exigencia de regreso y una respuesta de la justicia. La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, reconoce que tanto las personas desaparecidas como sus familiares son víctimas y que sus derechos deben ser restablecidos.
De acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro de Memoria Histórica, serían 80.742 las víctimas de desaparición forzada, 68.597 hombres y 9.311 mujeres. Esto significa que la mayoría de víctimas directas son hombres, lo que podría explicar parcialmente que la mayoría de quienes buscan sean mujeres. Pero también ocurre, que la búsqueda de quienes no están se convierte en la extensión de las labores de cuidado no remuneradas, no solo frente al ser querido que no está, sino de todos los que no están: “no buscamos a uno, buscamos a todos”, es la frase que suelen usar las mujeres que hacen parte de colectivos y organizaciones de víctimas.
La búsqueda que realizan las mujeres enfrenta numerosos obstáculos. En sociedades patriarcales, la desaparición forzada del principal proveedor del hogar trae consigo un cambio de roles que implica que son las mujeres las que, en adelante, deben ser el principal sostén económico. Al tiempo, ellas realizan acciones de movilización, exigencia de justicia y búsqueda, sin que abandonen el rol de madres, hermanas y cuidadoras de otras personas del núcleo familiar. La búsqueda se convierte así, en una jornada adicional de trabajo no remunerado, que se suma a los trabajos domésticos, a los oficios remunerados y a las mayores necesidades económicas que trae consigo la búsqueda: los viajes, las fotocopias, los elementos simbólicos, las acciones de memoria, normalmente cubiertas por ellas mismas.
Para que la política estatal de realización de los derechos de las víctimas avance en el restablecimiento de la situación particular de las mujeres buscadoras debe contemplar mínimamente: Primero, la dimensión de reconocimiento, tanto público -de exaltación de sus aportes históricos a la legislación, a la búsqueda y a la verdad- como particular, en los procesos judiciales y de búsqueda, tomando en cuenta su trayectoria y experiencia. Segundo, la dimensión de participación que supone tanto tomar en cuenta su presencia y voz en todas las diligencias, como las garantías físicas y económicas para que esta sea posible. También garantizar su formación sobre sus derechos, legislación y asegurar su conocimiento de la estructura estatal. Tercero, la dimensión de reparación integral, que incluye la compensación económica de los daños y perjuicios, el mejoramiento de sus condiciones de vida, de posibilidades de educación, de oportunidades económicas, etc. Es importante que se considere la reforma al artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) que excluye a los militantes de grupos armados desaparecidos como víctimas y niega, a su vez, los derechos de sus familiares a la reparación integral. Cuarto. Las garantías de no repetición expresadas en directrices a la fuerza pública que prohíban taxativamente y sancionen de manera ejemplar las detenciones arbitrarias y el abuso de la figura del traslado por protección, con fines de desaparición forzada.
Hoy rendimos un homenaje a todas las mujeres buscadoras, quienes han permitido que los nombres de sus seres queridos persistan en la memoria colectiva, las que llenan las plazas, las calles, los espacios conmemorativos con sus nombres, con sus fotografías, las que llevan una escarapela que simboliza que aunque los y las desaparecidos no están físicamente, siempre están con nosotros y nosotras a través de su lucha. A ellas, cuyos rostros, manos y voces son nuestro sostén e inspiración, nuestros profundos agradecimientos y reconocimiento por su labor.