Recibimos con preocupación e indignación la noticia sobre las amenazas a líderes locales y la situación de confinamiento denunciada por los habitantes de once comunidades negras y alrededor de treinta comunidades indígenas del municipio de Bojayá a causa de la presencia de hombres pertenecientes al grupo paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional.
Este es un hecho que se torna grave porque llega en medio de las reiteradas denuncias y alertas tempranas que durante el 2019 fueron emitidas por la población civil, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones sociales y étnico territoriales ante el Gobierno Nacional.
Cabe recordar cómo la frase “Ni una gota más de sangre en Bojayá” fue el reclamo principal de las comunidades negras, indígenas y campesinas durante la conmemoración número diecisiete de la masacre ocurrida en su municipio entre abril y mayo de 2002 donde más de noventa personas fallecieron. Un reclamo hecho canto en el que las mujeres que entonaron el “Alabao por la paz” como respaldo a los acuerdos entre gobierno y FARC, exigían, como lo han hecho cada 2 de mayo y en cada evento público en el que participan, garantías por la no repetición de la guerra y de la violencia armada en su territorio.
Este reclamo fue reiterado en noviembre de 2019 cuando la comunidad bojayaseña recibió, después de diecisiete años, los cuerpos de las víctimas de la masacre para enterrarles y dar descanso a sus almas. En ese momento la comunidad habló de un cierre del duelo incompleto, pues la presencia continua de grupos paramilitares, fuerza pública y ELN, así como el interés por el control del territorio, no son más que la reiteración y la repetición de los hechos que antecedieron la conocida “masacre de Bojayá”.
Por ello, durante los días de duelo comunitario, se convocó al presidente Iván Duque para que atendiera, no sólo el acto solemne, ritual y colectivo más importante de su gobierno, sino la grave crisis humanitaria que viven el conjunto de comunidades afro e indígenas que habitan la región baja y media del río Atrato, sin embargo, el presidente no asistió. Los bojayaseños reconocieron entonces que la situación de miedo y zozobra experimentada en medio de la velación, entierro y novena realizada a sus difuntos, era correlato de la omisión del Gobierno Nacional de implementar, proteger y viabilizar los acuerdos de paz logrados en La Habana, así como de su decisión de no buscar salidas negociadas con el ELN.
Inevitable es recordar ahora el estribillo cantado años atrás por las cantadoras de Pogue al expresidente Santos: “Estribillo extremo a extremo / nosotros queremos paz / y por estas alabanzas /es que hemos venido acá // Oiga señor presidente / hágasenos para acá / y con esos otros grupos / díganos qué va a pasar (…)”. En esta reflexión se condensa una profunda comprensión de las comunidades de que la paz se logra a partir de un trabajo mancomunado de negociación con el conjunto de grupos y de intereses que sumergen a este territorio en una
guerra prolongada y que requieren de una urgente transformación de las relaciones sostenidas con sus comunidades, las cuales aún están ancladas en la discriminación, la explotación y la extracción de su riqueza natural, cultural, ancestral y económica.
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