• Desde hace dos años, las víctimas emprendieron la búsqueda de justicia en Argentina, a través de una querella, para que se esclarezca la responsabilidad de Uribe Vélez en las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante su mandato, ya que en Colombia no han encontrado justicia.
• Tras casi dos años de estudio preliminar, el Juez Federal Número Dos, Sebastián Ramos, notificó hace unas semanas el archivo de la querella.
• Las víctimas y organizaciones querellantes solicitaron revocar el archivo y dar continuidad al proceso. 

Bogotá, 12 de noviembre de 2025 – En la Cinemateca de Bogotá, se hizo el lanzamiento del corto documental que narra cómo las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y organizaciones de derechos humanos emprendieron desde 2023 una monumental búsqueda de justicia en Argentina: instauraron una querella (denuncia) para que se esclarezca la responsabilidad del expresidente Uribe Vélez en las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante su mandato.

Durante el lanzamiento, Osmaira Nieves, hermana de Luis Eduardo Oñate, víctima de ejecución extrajudicial, señaló que la justicia que espera es aquella que juzgue a los máximos responsables de estos atroces crímenes, a quienes dieron la orden.

“Aquí solamente se juzgó a los militares que accionaron las armas, pero aquí, aparte de los militares, hay un máximo responsable, porque ellos no se mandaban solos. Ellos no eran jefes de Estado (…) Para ese entonces el país recibía ayuda para acabar grupos ilegales, pero, si se analizan las estadísticas, la mayoría eran jóvenes civiles. Y al momento de ejecutarlos, les quitaron su nombre y sus apellidos para borrarlos. ¿Qué clase de Estado era? ¿Qué clase de mandatario estaba al frente?,” señaló.

Bertina Badillo, otras de las víctimas, resaltó la importancia que han tenido los procesos organizativos para afrontar estas décadas de búsqueda de justicia, verdad y de reivindicar el nombre de sus seres queridos, en medio de estigmatización, señalamiento y amenazas.

“Hemos sido mujeres y huérfanos enfrentados contra el Estado, un Estado criminal. Un Estado ensamblado con paramilitares para asesinar civiles en ejecuciones extrajudiciales. Mujeres viudas e hijos huérfanos enfrentados a un gigante. Es difícil esta causa, pero no dejaremos de perderemos la fuerza para insistir en la búsqueda de justicia,” destacó.

Durante el evento, las víctimas hicieron un llamado a todas las personas a respaldar con su firma la solicitud de que en Argentina avance el proceso e instaron también a los jueces de ese país a priorizar los derechos de las víctimas. 

¡El derecho a saber la verdad es de todxs! Apoya el avance de las investigaciones firmando la petición en change.org/justiciaparalas6402. 

El cortometraje “No sabían que éramos semilla”: la búsqueda de justicia por las 6.402” evoca la transformación del dolor en la persistencia de la hija, la tía, la hermana y el hijo para encontrar justicia y verdad por sus seres queridos ejecutados extrajudicialmente (los mal llamados “falsos positivos”). Más que revivir los hechos de violencia o quedarse en la denuncia, esta producción va a la intimidad de cuatro familias, a las anécdotas, los recuerdos de quienes ya no están y el corazón abierto detrás de las voces de exigencia que escuchamos en las calles.

Las directoras del documental son Natalia Muñoz y Valentina Vargas. Natalia es defensora de derechos humanos colombiana, socióloga y magíster en memoria, que  ha acompañado a distintos colectivos de víctimas del conflicto armado en la reivindicación de sus derechos. Por su parte, Valentina es una documentalista colombiana cuyo trabajo entreteje temas ancestrales, históricos y profundamente personales en producciones como el cortometraje “En la Resistencia Está la Vida” (2015) que fue exhibido en festivales internacionales.

¿Qué ha pasado en Argentina?

La querella (denuncia) se interpuso en Buenos Aires, Argentina, en noviembre de 2023 en el marco de la jurisdicción universal. Tras casi dos años de estudio preliminar, el Juez Federal Número Dos, Sebastián Ramos, notificó hace unas semanas el archivo de la querella. Las víctimas y organizaciones querellantes solicitaron revocar el archivo y dar continuidad al proceso investigativo con los testimonios de las víctimas, la práctica de las pruebas y las demás medidas judiciales necesarias. Ahora está en manos de la Cámara de Apelaciones decidir si reabre la investigación en los juzgados argentinos.

La querella fue interpuesta por 11 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y tres organizaciones defensoras de derechos humanos: el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL). Las querellantes están representadas por Máximo Castex,  abogado  argentino, y asesoradas por el abogado internacional Bénédict De Moerloose, ambos expertos en este tipo de procesos.