Solicitamos al Estado colombiano protejan los derechos fundamentales del señor Héctor Sánchez (i) absteniéndose de criminalizar el ejercicio del derecho a la protesta, (ii) exhortando a las empresas de seguridad privada abstenerse de realizar conductas arbitrarias, exclusivas de la fuerza pública, sancionándolas en los casos en los que sus conductas hubieren resultado en contra de la ley y (iii) manteniendo el esquema de protección del Señor Sánchez.
CARTA ABIERTA – EL OBSERVATORIO / CAJAR
Bogotá D.C.-Paris-Ginebra
20 de octubre de 2016
Doctor
Juan Fernando Cristo
Ministro del Interior
Doctor
Carlos Alfonso Mayorga Prieto
Superintendente de Vigilancia y Seguridad
Doctor
Néstor Humberto Martínez Neira
Fiscal General de la Nación
General
Jorge Hernando Nieto Rojas
Director de la Policía Nacional de Colombia
Doctor
Diego Fernando Mora Arango
Unidad Nacional de Protección
Ref. Garantías para la labor de defensa de los derechos humanos del líder ambientalista y sindical Héctor Sánchez Gómez
Reciba un cordial saludo del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.
El Observatorio es un programa creado en 1997 por la FIDH y la OMCT, y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos.
El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR es una organización no gubernamental de defensa y promoción de los derechos humanos, con más de 38 años de experiencia luchando en contra de la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de la violencia socio-política, la defensa de los territorios y la terminación del conflicto armado, que dé paso a la construcción de una paz estable y duradera. En particular, acompaña al Comité Ambiental, Agrario y Comunitario de Puerto Gaitán – Meta ACAAC, del cual hace parte y representa el señor Héctor Sánchez Gómez, quien por su defensa de los derechos sindicales y ambientales ha sido amenazado, perseguido y criminalizado.
Actualmente, el señor Héctor Sánchez es investigado en al menos tres procesos penales por la comisión de delitos en el marco de las protestas sociales en las que las comunidades y los trabajadores del Campo petrolero Rubiales y Quifa, exigían sus derechos laborales y ambientales a la empresa multinacional Pacific Exploration and Production. A pesar de ser claro que la participación en manifestaciones sociales legítimas y pacíficas es un derecho fundamental, las empresas petroleras insisten en su ejercicio de denuncia e incitación a la persecución penal del señor Sánchez[1]. Asimismo, continúan las labores de seguimiento por parte de miembros de Inteligencia de la Policía Nacional[2].
De otro lado, continúan las prácticas irregulares por parte de la seguridad privada de la empresa multinacional y Ecopetrol. En varias ocasiones, el ACAAC y CAJAR han denunciado retenes ilegales, empadronamientos y seguimientos en las vías de la vereda en las que se encuentran los Campos petroleros. No obstante, la Policía Nacional ha hecho caso omiso a las denuncias y han consentido las actuaciones irregulares de las empresas de seguridad, quienes se abrogan competencias exclusivas de la fuerza pública en contravía de los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos humanos, que deben ser especialmente observados en zonas de conflicto y baja gobernabilidad.
Estas conductas irregulares tienen como antecedentes las bitácoras de seguimientos de las actividades políticas de la Unión Sindical Obrera, y recopilación de información de inteligencia, sobre la que desconocemos su objetivo y paradero. Sumado a las constantes amenazas recibidas por el señor Héctor Sánchez, se presenta un panorama muy preocupante para la garantía de su vida y el ejercicio de su derecho a defender los derechos humanos.
Como consecuencia de los hechos anteriormente narrados, solicitamos al Estado colombiano protejan los derechos fundamentales del señor Héctor Sánchez (i) absteniéndose de criminalizar el ejercicio del derecho a la protesta, (ii) exhortando a las empresas de seguridad privada abstenerse de realizar conductas arbitrarias, exclusivas de la fuerza pública, sancionándolas en los casos en los que sus conductas hubieren resultado en contra de la ley y (iii) manteniendo el esquema de protección del Señor Sánchez.
Agradecemos la atención que su despacho le brinde a la presente, siempre en procura de brindar protección y garantía a los defensores de derechos humanos.
Atentamente,
Jomary Liz Ortegón
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
Dimitris Christopoulos
Presidente de la FIDH, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
Gerald Staberock
Secretario General de la OMCT, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
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[1] Esta situación se denuncia y detalla en el Informe “El Costo humano del petróleo: Estudio de impacto en los derechos humanos de las actividades de Pacific Exploration & Production Corp. En Puerto Gaitán”, FIDH, PASO, CAJAR, 12 de julio de 2016, https://www.fidh.org/IMG/pdf/colombie_informe_es_version_web.pdf
[2] Ver por ejemplo los Llamados Urgentes del Observatorio COL 009 / 0815 / OBS 062 y COL 009 / 0815 / OBS 062.1.