Martes 20 de enero de 2015, por Red de Medios Alternativos y Populares Valle

(Pintura Mi prisionero de Hermel Orozco) - La crisis y atrocidades que padecen los prisioneros en las cárceles colombianas han sido denunciadas constantemente por organizaciones de derechos humanos. Sin embargo a la fecha no se vislumbran soluciones por parte del Gobierno colombiano que brinde salidas a esta situación. Desde interior de los centros penitenciarios las voces de miles de prisioneros denuncian estos hechos. Tal es el caso del Complejo Penitenciario y Carcelario de Jamundí, ubicado en el departamento del Valle del Cauca, donde las prisioneras políticas exponen su situación y solicitan a la mesa de diálogos, que se desarrolla en La Habana entre el Gobierno y las Farc, se atiendan sus exigencias. A continuación el documento de las prisioneras políticas:

A LA MESA DE CONVERSACIONES DE LA HABANA, CUBA

Jamundí, Valle del Cauca. Enero de 2015

Las prisioneras políticas detenidas en el Complejo Penitenciario de Jamundí, Valle del Cauca, les presentamos nuestro respetuoso saludo.

Quisimos integrarnos en esta etapa del proceso en que se debate la existencia y conexidad del delito político, no para abordar su enfoque teórico y el devenir histórico del concepto, que ustedes ya conocen, sino para hablar desde nuestra experiencia, desde esta cruda realidad inmediata que afrontamos, y desde esta óptica podemos aseverar que esa histórica conquista de la humanidad que reconoce el derecho de los pueblos a resistir –incluso con las armas– a la tiranía, la injusticia y la violencia institucional, para nosotras no es más que un mero formalismo retórico, al igual que la mayoría de garantías y derechos constitucionales en Colombia.

En las cárceles no solo ha aumentado el número de mujeres detenidas, en su mayoría por delitos económicos ligados al microtráfico y el hurto (“ensayos delincuenciales” que son juegos de niños comparados con los delitos de “cuello blanco” que quedan en la impunidad). También el número de prisioneras políticas se ha incrementado –aunque no se reconozca como tales–. Así como el Estado ha asesinado a miles de jóvenes pobres para presentarlos como guerrilleros muertos en combate, así también ha venido sumando procesos jurídicos y montajes judiciales, imponiéndonos condenas tan altas que en la práctica equivalen a cadenas perpetuas. En este irracional populismo punitivo se han incrementado las penas y se han creado nuevos delitos sin tener en cuenta la grave crisis humanitaria que desde hace décadas afrontan las cárceles del país. Una caótica situación en donde casi nunca se menciona a las mujeres detenidas, lo que quizás es una evidencia más de que las mujeres no somos tenidas en cuenta en nuestra especificidad.

El mal remedo gringo que aquí se conoce como “nueva cultura penitenciaria” no nos tuvo en cuenta ni en su burdo diseño arquitectónico ni en la normatividad. En estos “depósitos de personas” malvivimos las mujeres, la mayoría alejadas de nuestro entorno familiar y social, sin suministro de agua permanente, con pésimas condiciones alimentarias y de salud y una enorme serie de restricciones absurdas e innecesarias que no pueden ocultar el ánimo de vindicta y humillación que las inspira.

Las prisioneras políticas coexistimos con las sociales, soportando las mismas limitaciones pero además experimentamos una vuelta de tuerca adicional: somos tratadas como el “enemigo interno”. En una farsa bien montada tuvimos aparentes garantías procesales pero se ignoraron los principios universales que regulan la complejidad del tipo penal de rebelión y los fines altruistas que lo inspiran. Nuestros abogados apelaron a ellos pero la legislación que está sujeta a los vaivenes políticos solo ha dejado un ridículo caparazón de esta figura. Los delitos conexos inherentes a él no son subsumidos y son juzgados como hechos autónomos dando como obvio resultado las condenas de 40 y 60 años que muchas enfrentamos. Tal parece que en nuestro país solo está permitido rebelarse contra un Estado excluyente a punta de mordisquetas porque hasta las pacíficas protestas sociales han sido penalizadas como un vano intento por intimidar el inconformismo social frente a un nefasto modelo económico que ubica a nuestro país como uno de los más inequitativos del planeta. ¡Pero a veces la indignación puede más que el miedo a la muerte y a la cárcel!

Este nuevo intento de solucionar por la vía política el conflicto social y armado, ha vuelto a exponer de manera descarnada que sus causas obedecen a una historia de exclusión política, económica y social y a las múltiples violencias del Estado, incluida el terrorismo oficial, que golpean en mayor medida a las mujeres. Sin embargo manipula la información y hace propaganda negra desviando la atención hacia la insurgencia y el delito contra la propiedad privada como los peores males de la sociedad. En ese juego distractor, por ejemplo, lanzan voces plañideras por los menores en la guerra pero no cuestionan las razones por las que mueren diariamente niños por hambre y desnutrición, enfermedades curables o físico abandono.

No todas las que estamos detenidas somos culpables del deber de rebelarnos contra un régimen despótico que legisla en favor del gran capital. Pero eso no importa. Lo que importa es que ni aun en el encierro hemos perdido la sensibilidad social y todas compartimos el anhelo de las mayorías que por un sentido elemental de justicia se ponga fin a las causas del conflicto en un acuerdo político donde el único vencedor sea el pueblo colombiano.

Esperamos lo mejor de este nuevo intento pero también estamos preparadas para lo peor, que sería la continuación de la guerra. La justeza de sus ideales no le resta crudeza pero desafortunadamente las palabras no transforman el mundo ni pueden sustituir los hechos.

Estamos seguras que la mesa, atendiendo a la realidad política y a principios internacionales, restablecerá un trato benévolo para el delito político reconociendo la conexidad de esta compleja figura, su finalidad altruista, los ideales de justicia social que lo inspiran y nos otorgarán los beneficios de indulto y amnistías. Como estas decisiones solo serán aprobadas con los demás puntos que propenden por sentar las bases de una democracia integral y avanzada, mientras tanto en atención al enfoque de género y con una motivación política, solicitamos que se tomen las siguientes disposiciones:

1. Reubicar a las prisioneras políticas que lo soliciten en lugares cercanos a su entorno familiar y social.
2. Atención médica urgente para los casos más críticos y libertad para las lisiadas de guerra, mayores de 60 años, madres de niños menores de 3 años.
3. Concentración de las prisioneras políticas en un solo patio y autorización para desarrollar proyectos productivos.
4. Autorización de ingreso sin cortapisas para las ONG’s que trabajan en favor de las y los prisioneros políticos.
5. Reglamentación interna con perspectiva de género elaborada en mesas de trabajo con participación las detenidas y de especialistas en el tema.
6. Revisión de los procesos jurídicos sustentados en “falsos positivos” y reconocimiento como rebeldes y no como terroristas.
7. Declarar la emergencia social carcelaria y decretar medidas para deshacinar las cárceles y brindar a toda la población condiciones dignas de prisionalización.

Los vientos del norte son favorables para el optimismo. Estados Unidos y Cuba han restablecido relaciones diplomáticas y como gesto de voluntad política, de manera recíproca han liberado prisioneros políticos. ¿Por qué no esperar que el gobierno colombiano haga gestos de paz así como las FARC-EP lo ha hecho en reiteradas ocasiones?

Como mujeres y como luchadoras populares ratificamos nuestra confianza en que tarde o temprano construiremos entre todos un país soberano, democrático y con justicia social.

Atentamente

Prisioneras Políticas
Jamundí, Valle del Cauca. Colombia

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