Este 18 de septiembre, 75 organizaciones y redes de organizaciones de la sociedad civil colombiana presentaron un informe alterno al Comité del Pacto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, CDESC, suscrito por el Estado colombiano, ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU.
El examen sobre los derechos económicos, sociales y culturales en cada país miembro de Naciones Unidas se realiza cada cinco años, y esta sesión la 62 del Comité, se realiza los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2017. El día de mañana, 19 de septiembre el Estado colombiano presentará su informe oficial.
Colombia tiene 15 millones de pobres y sigue siendo el segundo país más inequitativo de la región. El 42% de los hogares vive en inseguridad alimentaria, el 13% de los niños tiene desnutrición crónica y aproximadamente 2.000 niños y niñas murieron por hambre en la última década.
Estas fueron algunas de las cifras recogidas por el informe alterno, y presentadas por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, Plataforma DESC, a través de su vocera Jomary Ortegón Osorio, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, integrante de la Plataforma DESC, en su intervención durante la sesión con organizaciones sociales.
La Plataforma también destacó que para el año 2015, el 64 % de las personas trabajaba en la informalidad y el 18 % bajo relaciones laborales ilegales. El 89 % de los trabajadores rurales carece de protección social.
Por otra parte, el informe llama la atención sobre el modelo extractivista que genera graves impactos para el ambiente, el agua, el aire, los ecosistemas, la soberanía alimentaria, la salud y el territorio. “Más de la mitad de la población en municipios mineros de regiones como La Guajira y el Chocó es pobre” señaló Jomary Ortegón, vocera de la Plataforma DESC.
También hizo referencia a la expropiación de territorios por “utilidad pública e interés social” y señaló que casi el 15 % de los territorios de afros e indígenas está solicitados en concesión para explotaciones. No se ha cumplido la recomendación sobre consulta previa y existen obstáculos para los mecanismos de participación ciudadana.
La violencia ejercida contra las personas que defienden el territorio y los recursos naturales también estuvo presente en el informe alterno de la sociedad civil ante el Comité del Pacto DESC, y se recordó que en 2016 fueron asesinados 39 defensores de la tierra y el ambiente. También que la legislación contempalda en el Nuevo Código de Policía aumenta el riesgo para la movilización y la protesta social.
La Plataforma DESC, destacó que no existen políticas públicas con enfoque de derechos para poblaciones vulnerables e históricamente desprotegidas como personas LGBT, privadas de la libertad, población recicladora, adultos mayores y en condición de discapacidad. Y solicitó al Comité pronunciarse sobre sus derechos.
En el contexto de un acuerdo de paz, las organizaciones sociales consideran que la realización plena de los DESCA es una oportunidad para consolidarla y por tal razón solicitaron al Comité que inste al Estado colombiano a:
i) Dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz;
ii) Reducir la inversión en guerra y priorizar el gasto social;
iii) Garantizar la participación social en la definición de los usos del suelo;
v) Dotar de plenas garantías a la defensa de los DESCA;
y vi) Ratificar el Protocolo Facultativo al PIDESC.
Organizaciones ambientales, regionales, étnicas y de defensa de DESC profundizaron y complementaron la presentación.
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