Ciudad de México, enero 16 de 2019

Señor Canciller
Carlos Holmes Trujillo
Señora Embajadora de Colombia en México
Patricia Eugenia Cárdenas Santamaría

Asunto: CON RELACIÓN A LA RESPUESTA URGENTE “LA SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y LÍDERES SOCIALES EN COLOMBIA” EMITIDA POR LA CANCILLERÍA-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE
OCTUBRE DE 2018

Saludo.

Agradecemos la misiva dirigida en respuesta a nuestra comunicación. Al respecto reconocemos que la respuesta emitida por la Cancillería al Colectivo por la Paz en Colombia desde México contiene una serie de disposiciones legales en torno al Plan de Acción Oportuna (PAO), así como medidas gubernamentales e institucionales para prevenir y proteger la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas.

Sin embargo, y a la luz de la realidad que proporcionan las cifras de asesinatos a este sector de la población, consideramos que tales disposiciones y medidas no se están aplicando efectivamente y que esta falta de puesta en marcha efectiva de la ley redunda en más impunidad, en la no garantía de sus derechos humanos y en el aumento de actos delictivos.

Esta situación es de suma gravedad, toda vez que luego de la Firma de los Acuerdos para el desarme de la guerrilla de las FARC-EP, se establecieron con rango de constitucionalidad y ante la comunidad internacional, una serie de compromisos por parte del Estado colombiano para hacer efectiva la paz, que no es sólo un proceso de desarme e incorporación a la vida civil de los excombatientes, sino por sobre todo, acciones efectivas para que los factores estructurales que generan desigualdad, inequidad, falta de condiciones dignas de vida en el campo y las regiones afectadas por el conflicto armado sean superadas.

Precisamente una de las obligaciones internacionales del Estado colombiano como miembro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición. Los asesinatos sistemáticos que se vienen presentando luego de la Firma y ratificación de los puntos del Acuerdo Final, la falta de sanción efectiva expresada en condenas ejemplares a los asesinos y la desaprobación masiva y vehemente por parte del gobierno ante estos hechos dan cuenta de una clara omisión y falta de cumplimiento, en particular, a la Ley de Víctimas de 2011 y al Decreto 2137 de 2018.

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