Publicado originalmente: https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/pablo-beltran-y-las-razones-de-los-perfilamientos-ilegales-de-nueve-militares-contra-periodistas-y-opositores-3453306
Escrito por: Sara Valentina Quevedo Delgado
Los exoficiales fueron sancionados por la Procuraduría. El castigo más alto fue una suspensión de seis meses.
Seis años después de que el Batallón de Inteligencia Militar Estratégico No. 4 realizara una serie de perfilamientos ilegales contra más de 30 periodistas, opositores y organizaciones sociales, la Procuraduría sancionó a nueve exmilitares, entre ellos a un general, Gonzalo Ernesto García Luna. El ‘castigo’ más alto fue la suspensión durante seis meses de los cargos.
Ese año, que comenzó enlutado por el atentado contra la Escuela General Santander —en el que fueron asesinados 22 cadetes—, el Ejército buscaba impactar blancos estratégicos, en especial de la guerrilla del Eln, autora del ataque explosivo, mediante las operaciones de inteligencia y contrainteligencia Harpía, Hierro 3, Huracán, Hermes y Hábil.
Seguimiento a periodistas y actores de interés
Una de las tareas ordenadas fue obtener el nombre y la ubicación de la periodista de Caracol que entrevistó al jefe ‘eleno’ el 3 de marzo de 2019 en La Habana, Cuba. “El propósito era realizarle actividades OSINT (Open Source Intelligence) y, si era posible, coordinar una entrevista para indagar sobre temas de interés relacionados con dicho cabecilla”, se lee en el fallo de la Procuraduría.
El 13 de agosto de 2019, el teniente coronel Hugo Armando Díaz Hernández, junto con el cabo primero Diego Pérez Reyes —suboficial de operaciones del BAIME 4—, solicitaron al coronel Benjamín Andrés Ramírez Villalobos autorización para realizar el perfilamiento de la periodista María Alejandra Villamizar.
Este seguimiento ilegal fue la puerta de entrada para que el sargento José Luis Cadena realizara, por orden del coronel Milton Eugenio Rozo Delgado y del teniente Luis Carlos Trujillo Perdono, inspecciones de inteligencia encaminadas a obtener información personal sobre 32 periodistas, opositores, medios y organizaciones sociales.
Algunos de los nombres que aparecen en la lista de ‘chuzados’ son el Diario SuVersión, el senador Gustavo Bolívar, la Liga Contra el Silencio, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar)—reconocido como víctima del Estado en las interceptaciones ilegales ordenadas por el extinto DAS—, Rutas del Conflicto, el periodista Gustavo Adolfo Rugeles, entre otros 26.
Según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, varias de esas personas denunciaban en ese momento el patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’.
“Este fallo ratifica las denuncias que desde el movimiento social y de derechos humanos hemos realizado nacional e internacionalmente, así como el hecho de que el Estado no puede justificar actos de inteligencia contra la sociedad civil bajo el pretexto de que las fuentes son ‘libres y abiertas’. Hacerlo constituye una infracción a los límites legales del accionar militar y una amenaza directa a los derechos humanos, fundamentales y a la democracia”, aseguró el colectivo.
Como parte activa del proceso, Cajar afirmó que “varios perfilamientos fueron ejecutados de forma deliberada, consciente y sin sustento legal, a través de órdenes verbales para evitar dejar registro de su ilegalidad”.
El correo de la Dian
Otra línea de este capítulo de seguimientos “injustificados”, y por ende ilegales, que también recoge la decisión del Ministerio Público, tiene que ver con una actividad de inteligencia “sin sustento” ni justificación de seguridad nacional, realizada a modo de favor personal para el exdirector de la Dian, José Andrés Romero Tarazona, quien había recibido un extraño correo con un video adjunto de una fogata y una persona realizando actos de brujería.
Pese a que el hecho no tenía carácter público ni representaba una amenaza a la seguridad nacional —que es el marco para el que está contemplada la inteligencia del Ejército—, el mayor Mauricio Quintero Arias adelantó acciones con recursos públicos para obtener información relacionada con el perfil del correo electrónico.
La Procuraduría puso la lupa sobre estas irregularidades disciplinarias con base en un informe de gestión presentado por Herbert Harbey Romero Ríos, director nacional de investigaciones especiales.
En el proceso, el 22 de septiembre de 2020, la entidad reconoció como víctimas a Antonio Eresmid Sanguino Pérez, Humberto Correa Gómez, Gustavo Bolívar Moreno, Reinaldo Villalba Vargas, Carlos Javier Soler Parra y Sebastián Escobar Uribe.
Por esta seguidilla de hechos y con base en el material probatorio —incluidos testimonios y registros—, la Procuraduría concluyó que se configuró una falta grave en el uso de herramientas de inteligencia sin justificación ni amenaza real contra el Estado. Se trató de una clara extralimitación de funciones y una infracción a la Ley 1621 de 2013, que regula las actividades de inteligencia y contrainteligencia.
Dicha ley establece como fines legítimos de estas operaciones la defensa de la soberanía nacional, la preservación del orden constitucional y la protección de los derechos humanos.
Este grave abuso de poder, sin embargo, fue sancionado con suspensiones sin remuneración que no superan los seis meses.
Los fallos disciplinarios de la Procuraduría recayeron sobre el coronel Milton Eugenio Rozo Delgado, el teniente Luis Carlos Perdomo, el brigadier general Gonzalo Ernesto Luna, el coronel Juan Esteban Zapata, el coronel Benjamín Andrés Ramírez Villalobos, el coronel Julio Tobías López Cuadros, el coronel Hugo Armando Hernández Mejía, el mayor Mauricio Quintero Arias y el mayor Eduardo de la Torre Díaz.