En lugar de “claridad”, “precisión” y “garantías” de no impunidad, lo que se ha obtenido es una enorme confusión y falta de precisión sobre las normatividad aplicable, sobre la vigencia o no derechos humanos internacionalmente reconocidos en las actuaciones de la Fuerza Pública, dudas sobre si la aplicación de una interpretación del derecho internacional humanitario que despenaliza la mayor parte de las conductas perpetradas por la fuerza pública – incluidos los falsos positivos-, se aplicará solo hacia futuro o si habrá una aplicación retroactiva de estas mismas normas, dejando a las miles de víctimas de estos crímenes sin la posibilidad de invocar las protecciones que los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos les garantizaban hasta antes de la aprobación de esta reforma.

Los pueblos del Pacífico sufren el rigor de la guerra, siendo los primeros afectados con el recrudecimiento del conflicto que se observa desde el 22 de mayo de 2015 como consecuencia de los acontecimientos del 21 de mayo. Los hechos de la guerra se evidencian en las explosiones de artefactos, enfrentamientos, confinamientos, desplazamientos masivos, corte de servicios, suspensión de clases y disminución de faenas productivas por parte de las comunidades.