Tras 6 horas de deliberaciones en la reunión convocada para el día de hoy, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adoptó la posición intransigente de que la nivelación salarial de Ley 4ª de 1992 se agotó con el desafortunado acuerdo de 2012, es decir, con el reconocimiento de la bonificación judicial, a lo cual nos opusimos, porque el espíritu y el contenido de la norma se traduce en un mejoramiento de orden salarial. Es más, el Gobierno cerró la posibilidad de reconocer dicha prestación a quienes no la perciben y a diferir a la ley tributaria la ampliación de los gastos de representación para salvaguardar el ingreso laboral.