La población de Jardines de Sucumbíos no ha estado pasiva frente a la grave crisis humanitaria y al olvido por las autoridades administrativas en que vive. En 2003 se crea la Fundación El Progreso para afrontar la grave situación de los derechos humanos en la zona por los hostigamientos a la población civil de la fuerza pública y los paramilitares, la persecución de los líderes comunitarios, los continuos combates bélicos; por la fumigación de los cultivos de coca sin ningún tipo de programa de sustitución; por el abandono de las autoridades municipales y departamentales. El mismo mapa del municipio de Ipiales, expuesto en su propia web, deja en el olvido el corregimiento de Jardines de Sucumbíos terminando abruptamente sin llegar a sus límites con el Putumayo.

La CIDH lamenta que se haya producido esta amenaza e insta al Estado colombiano que adopte urgentemente todas las medidas que resulten necesarias para salvaguardar a la vida, la integridad y la seguridad de los beneficiarios y las beneficiarias de las medidas cautelares, así como de todos los defensores y defensoras de derechos humanos del país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos enfatiza la necesidad de que el Estado de Colombia conduzca una investigación de oficio de manera inmediata, exhaustiva, seria e imparcial para identificar de dónde provienen las amenazas, y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, con el objeto de evitar la repetición de las mismas. La Comisión recuerda que en muchos casos de muerte de defensores, ésta fue precedida de amenazas que fueron debidamente denunciadas pero no fueron debidamente atendidas por las autoridades.

Luego de tres años de vigencia del TLC entre Colombia y Canadá, vale la pena evaluar el tipo de inversión y el comportamiento de las empresas canadienses en nuestro país, para ver si este TLC ha ayudado a mejorar las garantías en materia laboral y socio-cultural en dichas empresas. Con esa intención, la ENS hizo un estudio sobre el cumplimiento de las responsabilidades contraídos por ambos gobiernos dentro del TLC, y de los acuerdos paralelos que se firmaron en respuesta a los cuestionamientos por la falta de medidas claras de protección a los derechos humanos.