El proyecto de ley asigna en forma expresa a los tribunales militares los delitos por los cuales la Fiscalía impulsa actualmente los procesos de falsos positivos. El artículo 8 del proyecto dispone que los tribunales militares conocerán de “homicidio” y violaciones al derecho internacional humanitario (DIH) cometidos por militares. Los miles de casos de falsos positivos que la Fiscalía investiga se impulsan bajo la figura de delitos de “homicidio en persona protegida”, “homicidio agravado” u “homicidio”[2]. El Código Penal colombiano define “homicidio en persona protegida” (art. 135 del C.P.) como una violación del DIH, en tanto “homicidio agravado” (art. 104 del C.P.) y “homicidio” (art. 103 del C.P.) son delitos contenidos en el capítulo sobre “homicidio” del Código Penal. Por lo tanto, los tres tipos penales utilizados actualmente para procesar los casos de falsos positivos se encuadran en dos categorías de delitos que el proyecto de ley asigna explícitamente a la justicia militar.

De manera descarnada, miembros de las AUC del Bloque Resistencia Tayrona autores de la masacre en la vereda El Limón, corregimiento de Caracolí Sabanas de Manuela, en San Juan del Cesar, sur de La Guajira, confesaron cómo mataron a cada uno de los integrantes de esa etnia, cuyo relato se convirtió en un verdadero martirio y en una película de terror.