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El auge de los sectores de la minería y el petróleo ha estado acompañado por una política de militarización en la que el gobierno colombiano ha creado, a lo largo de los últimos años, los denominados batallones energéticos, mineros y viales. Su crecimiento ha acompañado la política de atraer la inversión extranjera de las empresas multinacionales del sector para la implementación de la política neoliberal extractivista: la denominada ‘locomotora minero energética’. Si a inicios de 2011 eran 11 los batallones minero energéticos, en 2014 ya son 21.

En nuestro país hablar de “chuzadas”, “inteligencia preventiva” o “monitoreo” es sinónimo de cotidianidad. Año tras año se van descubriendo, escándalo tras escándalo, como las acciones gubernamentales que en principio fueron ejecutadas bajo el manto de la “legalidad” luego dan tintes de extralimitación del poder de quienes tiene la tecnología para vigilar, intromisión ilegal en la privacidad y hasta espionaje ilegal con fines perversos. Pero este escenario tiene varias caras; cuenta con una cara legal, conformada por una andanada de normas y leyes que soportan el espionaje en el país; una cara ilegal constituida por la acción de muchos “agentes del orden” que usan la tecnología para la vigilancia a su acomodo e intensión, y una zona media entre lo legal y lo ilegal de la cual carece de información la opinión pública. Echemos un vistazo a cada una de ellas.

El asesinato del defensor de Derechos Humanos ocurrió el día 18 de abril de 1998, cuando mercenarios de la muerte irrumpieron en su oficina, encerraron a su secretaria y tras su resistencia a ser secuestrado le dispararon.
Se cumplen 16 años de impunidad y la investigación por su asesinato permanece abierta en la Unidad de Derechos Humanos en Bogotá esperando junto a sus familiares la verdad y la justicia.