La Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados informó en 2010 que más de 300 actores del sistema judicial habían sido asesinados en Colombia en los 15 años anteriores. Ella hizo referencia a esta situación citando la propias cifras de la Policía Nacional, que indican que entre los años 2003 a 2009, un magistrado, seis jueces, 12 fiscales y 334 abogados fueron asesinados. Según las organizaciones de la sociedad civil en Colombia, alrededor de 700 abogados fueron asesinados durante un período de diez años, hasta 2013. Como señaló la Relatora Especial, la impunidad asociada a estos casos es también gravemente preocupante. La mayoría de los casos no han sido investigados adecuadamente y aún menos han dado lugar a sanciones penales, situación que a su vez contribuye a mantener la impunidad.

A finales de 2011, comienzan los trabajos de la exploración sísmica 3D en la Provincia de Sugamuxi, más exactamente en los municipio de Pesca, Tota, Cuitiva, Iza, Firavitoba y Sogamoso, llevados a cabo por la empresa Maurel & Prom y la contratista compañía Geofísica Latinoamérica CGL. La empresa comenzó a ofrecer dineros secretamente a los administradores, concejos y sacerdotes, de esta manera empezaron los trabajos recolectando los permisos sin importar si era el dueño del terreno, las mujeres y los hombres creen en estas personalidades de cada uno de los pueblos.