El jueves 7 de febrero, la Corporación Cahucopana denunció el toque de queda impuesto por grupos paramilitares, que fue dado a conocer por medio de panfletos intimidatorios distribuidos en el nordeste antioqueño en los municipios de Remedios, Segovia y Santa Isabel. Las restricciones regirían a partir del 4 de febrero, cuando quienes estén fuera de sus hogares después de la siete de la noche serán asesinados, y en el caso de los establecimientos públicos pueden ser blanco de bombas.

 

 

Según información de los habitantes de Segovia, el mismo 7 de febrero en la noche circuló otro panfleto en el que se especifican los barrios que están en mayor riesgo de “limpieza”. Después de las seis de la tarde no podrán salir los habitantes de los barrios Montañita, Caratal, la 70, el 20 de Julio, El Hueso, Marmajito, Santa Marta, Galán parte alta y baja, El Tigrito, Marquetalia, Camacol y Calle la Banca.

Advierten que continuarán “hasta limpiar con todo el pueblo” y seguirán con el municipio de Remedios y la Cruzada.

El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, en entrevista con la W Radio, reconoció las altas tasas de homicidios que deja el enfrentamiento entre paramilitares por el control de la minería ilegal de oro. Argumentó que se ha acompañado a esta población con el Plan Troya Nordeste como “expresión máxima de la lucha contra las Bacrim”, pero afirmó que la distribución de los panfletos no está ligada con los grupos paramilitares en conflicto.

Contrario a lo que afirma el secretario de Gobierno, la crisis humanitaria en esta zona no es coyuntural. Ha sido una lucha que se libra desde décadas atrás, donde las comunidades como única respuesta han obtenido el aumento de pie de fuerza. Los operativos del Plan Troya se suman al control paramilitar que cada día pone en riesgo a los pobladores. Los asesinatos a mujeres se han vuelto una constante. El último caso fue en Remedios el domingo 10 de febrero, cuando sicarios asesinaron a una mujer que transitaba hacia las cinco de la tarde por las calles de este municipio. Cerca de donde fue asesinada se reunía la Mesa comunal por la Vida Digna, con comunidades campesinas del nordeste antioqueño.

Segovia cuenta con 37.572 habitantes, 33 de los cuales han sido asesinados en lo transcurrido del año, según cifras del periódico El Colombiano, a pesar de estar custodiados por la Brigada 14ª del Ejército Nacional (Batallón Especial Energético y Vial N° 8 MY. Mario Serpa Cuesta), el Batallón Bomboná y la estación de Policía de Segovia.
La población sigue en espera de medidas urgentes contra la violación de derechos humanos y que las autoridades no sólo se hagan presentes o se pronuncien sino que actúen.