Entre 1949 y 1958, período que comprende la violencia bipartidista y del genocidio gaitanista, se cuentan por lo menos 179.820 muertes violentas por causas políticas. Entre 1958 y 2012, el Informe General del CMH contó 220.000 muertes violentas por causa del conflicto armado en el país1. Con el Estatuto de Seguridad de 1978 se detuvieron 16.000 personas por motivos políticos. Entre 1988 y septiembre de 1990, fueron perpetradas 313 masacres, de las cuales 287 fueron cometidas por las Fuerzas Militares y sus grupos paramilitares. No menos de 5.000 militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica fueron asesinados entre 1986 y 1992, constituyendo el más reciente genocidio político del hemisferio occidental.
Parar la guerra. No mas impunidad
Entre 1949 y 1958, período que comprende la violencia bipartidista y del genocidio gaitanista, se cuentan por lo menos 179.820 muertes violentas por causas políticas. Entre 1958 y 2012, el Informe General del CMH contó 220.000 muertes violentas por causa del conflicto armado en el país1. Con el Estatuto de Seguridad de 1978 se detuvieron 16.000 personas por motivos políticos. Entre 1988 y septiembre de 1990, fueron perpetradas 313 masacres, de las cuales 287 fueron cometidas por las Fuerzas Militares y sus grupos paramilitares. No menos de 5.000 militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica fueron asesinados entre 1986 y 1992, constituyendo el más reciente genocidio político del hemisferio occidental.
Durante el Gobierno de Cesar Gaviria, mientras se proclamaba la Constitución Política de 1991 se cometieron 9.382 crímenes de Estado. En el gobierno de Ernesto Samper se tienen 4.916 registros entre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Entre 1996 y 2002, periodo que comprende el Gobierno de Andrés Pastrana, paramilitares produjeron 1.089 masacres, asesinando 6.569 personas. Durante los dos primeros años del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se registraron más de 5.000 detenciones arbitrarias, practicadas de manera masiva. Entre 2002 y 2005, más de 800 sindicalistas fueron asesinados.
Seguimos preguntándonos, como puede construirse la paz en Colombia en medio de la guerra. El gobierno colombiano ha manifestado su intención de llegar a un acuerdo definitivo de paz con las guerrillas pero al mismo tiempo continua en una campaña militarista que tiene como punta de lanza al Ministro de la Defensa Juan Carlos Pinzón pero que sigue en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos. Un gobierno esquizofrénico que puede hablar de paz al mismo tiempo que criminaliza la protesta social, persigue a la oposición política, restringe los derechos civiles y políticos y promueve un esquema de impunidad para los crímenes estatales. Entre 2011 y 2014, la inversión en Seguridad y Defensa ha aumentado 2,21 billones de pesos, un 19,6% más que en el periodo comprendido en el cuatrienio anterior entre 2007 y 2010. El presupuesto en Defensa es de lejos la porción del pastel mas importante del presupuesto nacional, superando ampliamente a sectores como educación y salud. Mantenemos un ejercito mas grande que el de Brasil teniendo la quinta parte de su población y una octava de su territorio. Un gobierno coherente en Colombia propondría una reducción significativa del pie de fuerza y de los recursos invertidos en Defensa.
Últimamente se conocieron miles de conversaciones filtradas en las que miembros del Ejército hablaban de organizar mafias para amenazar a funcionarios de la rama judicial y de repartirse los millonarios contratos al interior de la institución. El escándalo produjo el cambio de la cúpula militar. Sin embargo lo mas preocupante no es precisamente la corrupción. Según la Fiscalía General 1023 miembros de las Fuerzas Armadas resultaron señalados por paramilitares en las audiencias que se han hecho has ahora, también 1124 políticos fueron señalados por los paramilitares.
La misma Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia (OACNUDH) afirma en su último informe que la Ley de Justicia y Paz no ha sido un instrumento apropiado de justicia penal. Como gran balance hoy “Justicia y Paz” puede contar 39.546 hechos confesados y 51.906 víctimas relacionadas, pero como resultado final solo 9 sentencias definitivas. En los próximos meses empezaran a quedar en libertad cientos de paramilitares sin condena y sin haber confesado sus crímenes. También afirma la OACNUDH que en gran medida los enjuiciamientos han tenido un efecto muy limitado sobre el número y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos cometidos por agentes del Estado.
El Sistema de Incentivos y Recompensas de la Política de Seguridad Democrática, obra del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y de su ministro, hoy presidente Juan Manuel Santos ha tenido como resultado mas de 5000 casos conocidos de ejecuciones extrajudiciales. La presión por resultados medida en número de bajas (body count), y la adicción a mostrar cadáveres como resultados militares ante la opinión pública fueron constituyendo un ambiente de ataque contra la población civil que actualmente se ha instituido como Política de Estado. El Relator sobre ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas Philip Alston advirtió sobre la relación de los “gastos reservados”, las directivas secretas, y la sistematicidad de los homicidios. Entre sus recomendaciones estaba la remisión de los casos de la Justicia Penal Militar a la Justicia Ordinaria.
El gobierno nacional ha promovido sin embargo todo tipo de iniciativas para blindar la responsabilidad del Estado y de agentes estatales involucrados en crímenes atroces. Por ejemplo el Marco Jurídico para la Paz que permitiría al estado renunciar a la persecución penal de graves crímenes o la ampliación del Fuero Penal Militar que buscaba proteger a los militares de condenas vía justicia ordinaria.
Parar la guerra es dejar de invertir en ella, es abandonarla como proyecto político. El Estado Colombiano debe cambiar drásticamente sus política guerreristas y emprender reformas que permitan encaminar al país por una paz estable y duradera.
Proteger a las víctimas
La situación de las víctimas es crítica, 34 víctimas y reclamantes de tierras asesinados por reclamar sus derechos y mas de 500 amenazadas principalmente por grupos paramilitares.
Durante los primeros tres años del mandato del presidente Santos se presentaron 274 agresiones contra líderes y lideresas del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).
No olvidar que el pasado 9 de abril fue asesinado Elver Cordero, líder de víctimas del departamento de Córdoba. Según el Informe de Somos defensores las amenazas cada vez mas están pasando directamente al asesinato.
Actualmente no hay garantías y protección en casos de restitución. Dos procesos de retorno colectivo, apoyados por el MOVICE – Pitalito (Cesar) y La Europa (Sucre) no tienen medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección. El 17 de septiembre 2013, el ambientalista Nelson Posada, miembro del MOVICE, fue asesinado. Nelson murió esperando las medidas de protección que había solicitado meses antes.
La reparación no convence
La ley 1448/11 fue adoptada por el Congreso mas cuestionado y con mayor número de integrantes condenados penal y disciplinariamente. La mayoría de ellos por haber hecho acuerdos con los grupos paramilitares. Esta “Ley de víctimas” adopto un modelo excluyente y restrictivo de los derechos de las víctimas, bajo un enfoque transaccional en el que la indemnización constituye el centro de las medidas de reparación. La “Ley de Víctimas” es producto de la lucha de las víctimas y sus familiares, sin embargo solo participan de las instituciones y de los programas como población objeto. Hasta ahora los resultados muestran un proceso lento y engañoso.
Aún no se ha podido consolidar un Registro Único de Víctimas. La ausencia de Registro Único se constituye en la primera gran barrera para el acceso a las medidas contempladas y aún no hay articulación entre las distintas entidades estatales al nivel nacional y local. La ruta de acceso a las políticas de atención y reparación es percibida por las víctimas como un camino tortuoso y desgastante.
La Ley 1448/11 le otorga responsabilidad a los municipios en materia de atención y reparación a las víctimas lo que a la postre a significado la incapacidad de gobiernos locales de poder responder a los requerimientos de las víctimas.
El sistema mediante el cual se otorgan las ayudas de emergencia y las indemnizaciones administrativas es deficiente y mantiene a las víctimas expectantes pero sin información suficiente sobre el avance y progreso de sus solicitud.
Los Planes de Acción Territoriales no se han dado resultados y en gran parte de los municipios ni siquiera se han implementado.
La Ley entiende despojadores y testaferros, como “terceros de buena fe”. Magistrados de Restitución de Tierras han expresado su preocupación por encontrar que los procesos enfrentan a campesinos entre si, sin que se pueda aplicar la mayoría de las veces, las presunciones que permitirían identificar a los despojadores al interior del proceso probatorio.
La priorización como mecanismo de negación de los derechos de las víctimas. El carácter progresivo de las políticas no puede poner en duda la realización de los derechos de las víctimas. Por ejemplo la micro-focalización se ha reducido a la voluntad del Ministerio de Defensa para permitir o no la selección de corregimientos y veredas en los que sería posible iniciar procesos de restitución.
9 de abril de 1948, un día que no debemos olvidar!
Pasaba el Gobierno Conservador de la regeneración que dominaba políticamente al liberalismo y lo había logrado dividir, Jorge Eliecer Gaitán representaba la renovación del liberalismo y del discurso anti-oligárquico que introdujo con gran fuerza. Gozaba de reputación profesional y aceptación popular. Era un Indio y un Mulato que se destacaba como abogado y líder social. Había logrado ser alcalde de Bogotá. El riesgo de su discurso anti-oligárquico fue lo que prendió las alertas, su capacidad de despertar al pueblo lo condenó ante la oligarquía que no le perdonaría su valor.
El mensaje de la muerte de Gaitán fue escuchado por toda la clase dirigente. El candidato liberal perdió las elecciones y los conservadores acusaron a los gaitanistas de quemar Bogotá, todo para justificar una guerra que había comenzado años antes con el genocidio gaitanista.
Recordemos por un momento el periodo del Frente Nacional. Como se pensó la pacificación, que mecanismos se adoptaron para monopolizar los cargos y el presupuesto del estado. Los militares desempeñarían un papel fundamental en control político del Estado, la política fue repeler cualquier intento de amenaza política para el establecimiento. La doctrina de la seguridad nacional, herencia del anticomunismo de la guerra fría, permite al Estado librar una guerra contra lo que denominan enemigo interno. Se traduce en la identificación de los sindicalistas y de los opositores políticos como enemigos para justificar la guerra sucia y la violencia política.
Exigencias y propuestas
El Estado colombiano debe reconocer la existencia de una política sistemática que ha producido masivas violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio político y crímenes de guerra. El presidente de la República debe pedir perdón por estos hechos y se debe adoptar una ley que prohíba y sancione las expresiones de negacionismo.
Las víctimas tenemos derecho a participar y a decidir sobre nuestros derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Rechazamos que dos actores del conflicto, a puerta cerrada, tomen decisiones por nosotros y definan el futuro de nuestra lucha por la memoria sin contar con nuestras propuestas.
Debe constituirse una Comisión de la Verdad que investigue los hechos, recoja toda la información posible para su esclarecimiento y recomiende las acciones judiciales y las reformas institucionales necesarias para asegurar nuestros derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de estos crímenes. Ante esta comisión, el Estado y los grupos armados de oposición, partes en un acuerdo de paz, deben hacer un reconocimiento público de los hechos de su responsabilidad y pedir perdón a las víctimas, sus familiares y a la sociedad colombiana.
El Estado deberá asegurar medidas de reparación colectiva con relación al genocidio político o las persecuciones políticas contra los miembros de la oposición, más allá de la restitución de las personerías jurídicas a los partidos víctimas de este genocidio, como la Unión Patriótica, así como la restitución de las curules y cargos de elección popular perdidos por estos crímenes.
Es necesario reducir el tamaño de las Fuerzas Militares y de su presupuesto para el estricto cumplimiento de sus funciones de “defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”, conforme a lo establecido por el Artículo 217 de la Constitución Política. Separación de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y conversión de la misma en un cuerpo civil.
Las tres ramas del Poder Público deben ser depuradas de aquellos funcionarios involucrados, por acción u omisión, en graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra o con grupos y actividades paramilitares, o que hayan promovido la impunidad de estos crímenes o de los grupos y actividades paramilitares.
Desclasificar, organizar y preservar la totalidad de los documentos reservados del Estado, especialmente los archivos de inteligencia relacionados con las violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, para que hagan parte de los materiales de consulta para la memoria nacional sobre las víctimas y sirvan de insumo a los procesos judiciales. Derogación de todos los manuales, instrucciones, directivas y documentos de otra índole de las Fuerzas Militares y otros cuerpos de seguridad que califican, expresa o implícitamente, a los movimientos y partidos políticos de oposición como ‘enemigo interno’ o con otras categorías similares, que promuevan actividades ilegales de inteligencia o promuevan la creación de grupos paramilitares.
Las víctimas tenemos derecho a que se realice una revisión de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras por parte de nuestras organizaciones para formular una política justa y eficaz en materia de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
Para segurar la justicia, debe garantizarse la sanción a todos los responsables de estos crímenes, reapertura de todas las investigaciones penales archivadas o declaradas prescritas, anulación de todas las sentencias surgidas de una administración fraudulenta de justicia y eliminación de cualquier tipo de fuero que no permita que la justicia ordinaria se encargue de estos delitos.
Desmonte inmediato de la estrategia paramilitar, independientemente de la calificación que las autoridades le den a los grupos que la desarrollan en todo el territorio nacional.
Regreso de todos los desaparecidos a sus hogares, entrega de los restos de quienes hayan sido asesinados a sus familiares y revelación de todas las sepulturas clandestinas que existan en el país.
Le exigimos al presidente Juan Manuel Santos que declare el cese de hostilidades y desacelere el conflicto armado para generar la confianza social que necesita el proceso de paz. Esperamos que se de inicio a las negociaciones con ELN y con el EPL, para que se pueda terminar definitivamente el conflicto armado interno.
Nos unimos a todas las voces que han propuesto una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo idóneo para generar las importantes reformas que necesitará el país para una paz duradera y estable.
1- Fuerza Pública y paramilitares acumulan 428 actos de sevicia en este periodo.