14 de marzo de 2016

Además de reuniones con entidades estatales, la delegación se reunió con organizaciones de la sociedad civil que trabajan acerca de ese tema, como el Colectivo de Abogados“José Alvear Restrepo” (CAJAR), CENSAT Agua Viva, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) yel Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).

En la reunión el 7 de marzo, las ONGs explicaron los problemas estructurales de las violaciones a los derechos humanos de las comunidades en el sur de la Guajira, como el desamparo institucional y las asimetrías del poder ante las que se ven enfrentadas con la empresa Cerrejón. También presentaron los impactos socio-culturalespor la falta de consultas previas, los reasentamientos y los desalojos violentos, como el desalojo de la comunidad de Roche finales de febrero, – y las afectaciones ambientales (por ejemplo por el desvío propuesto del Arroyo Bruno) , así como los daños a la salud por la contaminación de la mina.

El día siguiente, el 8 de marzo, la delegación viajó a la Guajira para conocer de primera mano la situación. Se reunieron en la comunidad de Chancleta con varios líderes de diferentes comunidades quienes les explicaron los problemas de la falta de agua potable, la contaminación del medio ambiente y daños a salud, así como de desalojos violentos, amenazas a los líderes, afectaciones socio-culturales de los reasentamientos y promesas no cumplidas por la empresa Cerrejón.

Entre otros, los parlamentarios escucharon a Luz Ángela Uriana quien vive con su familia en un resguardo indígena Wayúu muy cerca de varios tajos y les contó de las enfermedades respiratorias de las cuales está padeciendo su hijo de dos años. A raíz de una tutela presentada por ella, una jueza ordenó a Cerrejón de reducir sus emisiones, sentencia que fue confirmada el 26 de febrero de 2016.

Los parlamentarios también se mostraron impactados por la falta de agua en La Guajira. Ese tema también había llegado a la atención de la Corte Constitucional que, en revisión de una tutela instaurada por las comunidades de Chancleta y Patilla, ordenó a la empresa Cerrejón y las autoridades competentes de asegurar un abastecimiento adecuado de agua en las comunidades reasentadas en La Guajira. Posteriormente, los parlamentarios alemanes insistieron ante la empresa sobre la implementación de esa sentencia, quien accedió a un monitoreo independiente de su gestión en relación con el agua, bajo el seguimiento de los parlamentarios.

De vuelta en Alemania, la presidenta del Comité del Medio Ambiente, Bärbel Höhn (Verdes), indicó en una entrevista que 20% de las importaciones de carbón en Alemania vienen de Colombia y anunció de confrontar con sus hallazgoslos proveedores de energía alemanes, quienes compran ese carbón, y discutir con ellos como se podría mejorar la situación de la gente en el terreno.

En el marco de su visita, las organizaciones sociales y de derechos humanos solicitamos a la delegación de parlamentarios alemanes: Insistir en la implementación de los estándares ambientales internacionales en relación con la emisión de material particulado y gases de combustión nocivos para la salud de las comunidades, exigir un plan de cierre sostenible y organizar una comisión internacional para investigar las afectaciones socio-ambientales y las violaciones a los derechos humanos causadas por Cerrejón.