El CCAJAR ha desarrollado su trabajo de defensa de los derechos humanos en los escenarios legales nacionales e internacionales, concurriendo a debates jurídicos y políticos en los que ha sido posible presentar, controvertir y tomar definiciones en torno a pruebas y procesos que han pasado por el filtro de autoridades nacionales internacionales. Su proceder no se ha hecho entonces a espaldas de los organismos de la justicia.
Las tensiones de la vida política nacional parecen querer retomar hoy con mayor fuerza viejos cauces asociados al ocultamiento de la verdad y el comportamiento de actores que aprovechando los recursos públicos y el poder del Estado han vulnerado los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, para lo cual recurren a prácticas que han buscado desprestigiar a quienes trabajan para evitar la impunidad y garantizar los derechos de las víctimas.
Antes que acusar a la CCAJAR, hay que demandar de las autoridades nacionales su responsabilidad para determinar el porqué aceptaron como víctimas a las personas que hoy se retractan y engañaron con su proceder a instancias nacionales e internacionales.
Garantizar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos es entonces un imperativo de la sociedad nacional e internacional.
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