Bogotá, 18 de septiembre 2025 Las plataformas de derechos humanos, Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante los recortes sustanciales a sectores estratégicos para la democracia, la paz y la vigencia de los derechos humanos en Colombia que contempla el proyecto de ley de presupuesto general de la nación para el año 2026. Entre las más afectadas por esta iniciativa se encuentran la Defensoría del Pueblo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y, en particular, alertamos sobre el recorte del 48% al presupuesto de inversión de la Defensoría del Pueblo, lo cual representaría una afectación directa a la capacidad de esta entidad para cumplir su misión constitucional, especialmente en los territorios más afectados por la violencia, el conflicto armado y las crisis humanitarias.
El retiro de los territorios de varias instituciones públicas y agencias internacionales que realizaban labores de monitoreo de la situación de derechos humanos, acompañamiento a las comunidades, las víctimas y a los liderazgos sociales, como consecuencia de la crisis de la cooperación internacional, requiere una actitud por parte de los tomadores de decisiones en la discusión del presupuesto que no debilite la presencia del Estado y que, por el contrario, garantice la protección de los derechos de las personas y el cumplimiento de los compromisos con las víctimas del conflicto armado.
La actual crisis presupuestal es consecuencia directa de la falta de seriedad y transparencia del Congreso de la República para debatir y aprobar tanto el presupuesto inicial como la ley de financiamiento que lo respalda. Esta posición evidencia la prevalencia de intereses partidistas y cálculos electorales por encima del bienestar colectivo, dejando en una grave situación de desfinanciamiento a instituciones que cumplen funciones esenciales en la garantía, promoción y protección de derechos debilitando el Estado y afectando de manera directa a la ciudadanía.
Frente a esta situación, las plataformas exigimos :
- Al Congreso de la República, asumir con responsabilidad su papel constitucional en la discusión y aprobación del presupuesto, dejando de lado la prevalencia de intereses partidistas y cálculos electorales, y poniendo por encima el bienestar colectivo y los derechos de la ciudadanía.
- Al Gobierno Nacional y al Congreso, asegurar que los ajustes fiscales no se traduzcan en recortes desproporcionados a las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos, garantizar la justicia transicional, y garantizar derechos fundamentales como la salud, educación, la vida, la democracia y la paz, o acompañar a las personas y comunidades en las zonas más afectadas por la violencia.
Debilitar la institucionalidad encargada de garantizar los derechos humanos y sociales significa retroceder en los compromisos de paz, justicia y democracia que el país reclama con urgencia.
Las plataformas de derechos humanos reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de la ciudadanía y hacemos un llamado a la sociedad colombiana a exigir que los recursos públicos se destinen a lo que verdaderamente corresponde: la garantía de los derechos de todas y todos.
Firman:
Alianza de Organizaciones Sociales y Afines
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo