Introducción
La permanencia de los conflictos armados y de las violencias derivadas del accionar criminal que afectan la construcción de la paz, están determinadas por múltiples causas interrelacionadas —estructurales, sociopolíticas, económicas, institucionales, organizacionales, culturales—, que permiten el surgimiento, la operatividad y reproducción de organizaciones y conductas responsables de homicidios, masacres y amenazas, entre otras afectaciones, contra defensores/as de derechos humanos (DD. HH.), movimientos sociales o movimientos políticos, las personas que participan en la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante Acuerdo Final de Paz), así como de la población en general.
Entre las causas de la continuidad de la violencia se destacan las debilidades y demora de la acción del Estado para implementar el Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), firmado en 2016, y los demás pactos de paz suscritos en el pasado con organizaciones que han sido parte de la conflictividad armada y de las condiciones de guerra en Colombia; también la ausencia de consensos políticos, económicos y sociales sobre la necesidad de la reconciliación nacional, sustentada en la realización efectiva de los DD. HH., en particular los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y de una plena vigencia del Estado social de derecho.
En consecuencia, persisten en la vida nacional sujetos sociopolíticos y fenómenos criminales, locales y transnacionales que animan modos de acumulación de poder y de riquezas basados en las armas, la corrupción, la cooptación y captura de instituciones del Estado, así como la reiterada limitación institucional para garantizar transformaciones que amplíen la democracia, la equidad y la garantía de los DD. HH.
Debido a esta problemática, el Estado colombiano adopta la presente Política Pública de Desmantelamiento de Conductas y Organizaciones Criminales que Atentan contra la Construcción de la Paz, Incluidas las Denominadas Sucesoras del Paramilitarismo y sus Redes de Apoyo. Con dicha política se busca trascender anteriores acciones desde un enfoque integral que comprenda e intervenga las múltiples causas estructurales reflejadas en las dimensiones financiera, política-institucional, armada, transnacional, sociocultural y de capacidad institucional, dentro de las cuales se crean y reproducen las organizaciones y conductas criminales que atentan contra la construcción de la paz y las garantías plenas para movimientos sociales y políticos, defensores/as de DD. HH. y constructores/as de paz, y el acceso pleno a los DD. HH. de toda la población.
Esta apuesta incluye la implementación simultánea de un conjunto de acciones coordinadas y priorizadas en las regiones más afectadas, que permitan avanzar significativamente en la desarticulación efectiva de las organizaciones y conductas criminales objeto de esta política, así como en la prevención de su surgimiento. Se debe destacar que la presente política pública y criminal se desarrollará con base en los parámetros fijados por la Constitución Política y la ley , además de la Sentencia C-224 de 2017 de la Corte Constitucion.
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20230907. Política Pública de Desmantelamiento