“Hoy en mi calidad del Ministro de Justicia y el Derecho me permito reconocer la responsabilidad internacional del Estado colombiano, por la vulneración a los derechos a la vida, del señor Omar Zúñiga Vásquez; a la integridad personal, a la libertad personal en perjuicio del señor Omar Zúñiga Vásquez y Amira Vásquez de Zúñiga; al derecho a las garantías judiciales, a la circulación y residencia, y al derecho a la protección judicial en perjuicio de los familiares del señor Omar Zúñiga Vásquez, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Con estas palabras el Ministro de Justicia reconoció la responsabilidad del Estado colombiano por el drama de la familia Zúñiga Vásquez que comenzó 24 años atrás en su finca La Icotea, ubicada en el corregimiento de San Jacinto, entonces municipio de San Cristóbal, Bolívar. Allí llegó por la época pidiendo víveres, una unidad de 30 integrantes de Batallón de Fusileros de la Infantería de Marina No. 3, 14 y 15, bajo el mando del Infante de Marina Henry Mauricio Rodríguez Botero. Esta familia de 19 hermanas y hermanos, campesina, trabajadora, próspera y generosa, no dudó en ofrecerles alimento una y otra vez. Chivos, vacas, arroz, maíz, leche, todo el fruto de su trabajo, como lo recuerda una de las hermanas de Omar, cada vez que llegaban a la casa y nos decían:

-¿Con qué va a colaborar con el Estado?

Esos mismos hombres, esta vez con el rostro cubierto y lanzando amenazas e insultos, llegaron a El Cerrito, otro lote cerca a la Icotea, el día 1 de junio de 1992, golpearon a la señora Amira Vásquez en las piernas y se llevaron a su hijo Omar, acusándolo de guerrillero. Ella se interpuso con todas sus fuerzas para evitar la detención pero no pudo hacer nada y también se la llevaron.

Sin ninguna orden judicial, de manera ilegal y arbitraria, sin tener la facultad para hacerlo ni prueba alguna contra Omar, abusando de su uniforme y sus armas, los trasladaron hasta el Colegio El Paraíso, en San Jacinto, y allí la encerraron a ella en un baño y a él en un salón donde fue sometido a torturas. Lo golpearon hasta romperle la mandíbula y le quemaron la espalda usando ácido y fuego. Su madre, que seguía encerrada en el baño, fue testigo por una rendija de todo lo que le hacían los militares a su hijo.

Luego los sacaron de allí por separado, y a ella le dijeron que Omar había huido. Tres días después, la familia Zúñiga encontró el cuerpo de Omar en el Cerro Capiro con disparos de arma de fuego y le dio sepultura. Su madre sobrevivió a los golpes y a la tortura psicológica.

Allí apenas comenzó el calvario de la familia que fue amenazada y desplazada. Perdió su tierra, su patrimonio y pasó a vivir dispersa y en la extrema pobreza. Omar dejó dos hijos, Julieth de 2 años y Julio Miguel de algunos meses de nacido, quienes sufrieron las consecuencias del crimen de su padre en la falta de oportunidades y condiciones para desarrollar sus proyectos de vida.

La búsqueda de la justicia no fue menos tortuosa. Carmen Zúñiga, hermana de Omar e hija de la señora Amira, lideró esa ardua batalla contra los mecanismos de impunidad. Aunque la familia conocía de sobra quiénes habían sido los autores de estos hechos, y se trataba sin duda de actos que no estaban relacionados con el servicio, la justicia penal militar asumió la investigación y luego la archivó en 1997. Allí pasó a la justicia ordinara sin que, por años, hubiese ningún avance.

En 2011, finalmente, con el acompañamiento ante la justicia nacional del abogado Daniel Prado, se dictó resolución de acusación contra el coronel Rodríguez Botero y los infantes de Marina que participaron en estos crímenes: Pedro Guzmán, dragoneante; Carlos Bermúdez, sargento; Misael Villabona, sargento; Oslavi de la Cruz, infante; Guillermo Castillo, sargento; Nelson Gutiérrez, militar; Alfonso Coronel, infante; Róger Argel, infante (r.), y Jairo Becerra, infante. Fueron declarados ausentes Carlos Castro, Fredy Aguirre y Éder Farrayan.

Para la época de la resolución de acusación, el ahora Coronel Rodríguez Botero hacía parte de una comisión de estudios en Montevideo, Uruguay, para ascender a General de la República. Cuando parecía avanzar la justicia, el 25 de junio de 2012 se declaró la prescripción del caso y él, al igual que todos los capturados, quedó en libertad.

Desde 2004, y al haber agotado los recursos ante las instancias nacionales, el caso había sido presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el acompañamiento del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. A Washington fue la señora Amira Vásquez a contar su historia. Ella llevaba en su memoria aquellos terribles hechos como si acabaran de suceder. Ante la pregunta de una funcionaria del Estado colombiano sobre cómo recordaba tan fielmente cada detalle, ella le respondió:

-Es que a usted no le han matado un hijo

Las diligencias judiciales conllevaron también hechos revictimizantes para la familia Zúñiga, ya que desenterraron dos veces el cuerpo de Omar Zúñiga, primero para establecer su identidad y luego por petición de la defensa de los militares. Por esta razón, durante todo este tiempo, su cuerpo permaneció en la Fiscalía, lejos de su familia que no tuvo un lugar para visitarlo, hasta este sábado cuando finalmente fue sepultado rodeado de sus seres queridos en el Parque Cementerio al norte de Barranquilla.

El trámite ante la Comisión Interamericana concluyó con un acuerdo de solución amistosa, suscrito entre el Estado colombiano y la familia Zúñiga Vásquez, el día 6 de abril de este año, que ordena reabrir el caso, reparar integralmente a su familia, y reconocer públicamente la responsabilidad del Estado por lo sucedido.

El caso de Omar es uno de las miles de ejecuciones extrajudiciales documentadas desde los años 80, y de las decenas de miles de víctimas de Crímenes de Estado que despoblaron el campo colombiano y desplazaron forzadamente a millones como la familia de Omar. Así lo recordó Carmen Zúñiga, su hermana en sus palabras durante el acto.

Gloria Gómez, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Asfaddes, a su turno recordó que en Barranquilla donde se presentó el primero de miles de casos, el de Omaira Montoya en 1977, y volvió a exigir verdad, justicia y reparación integral para las 159.615 víctimas, más de 45.500 directas y 114.000 indirectas, de desaparición forzada en Colombia, según cifras del Registro Único de Víctimas.

Cuando el Ministro de Justicia Jorge Londoño Ulloa leyó las palabras con las cuáles pidió perdón y reconoció la responsabilidad del Estado, la familia sintió satisfacción, pero también grandes expectativas de que esta vez la justicia actúe y que los hijos de Omar puedan rehacer su proyecto de vida. Sólo así podrán tomar forma de realidad las palabras del Ministro cuando afirmó:

“Estoy convencido que el perdón ostenta un enorme poder restaurativo, que contribuye en la reconstrucción del tejido social. Ayuda a restablecer la confianza en el Estado y sus instituciones, y constituye la piedra angular de un verdadero proceso de reconciliación nacional. Bajo esta firme creencia, el Estado colombiano expresa su solidaridad con los familiares y amigos del señor Omar Zúñiga y la señora Amira Vásquez y reconoce el daño que se les ha causado. Lo sucedido a ellos nos enluta como nación. Se trata de una acción repudiable y vergonzosa que se refunde en lo incomprensible de la violencia”.