Bogotá, 26 de junio de 2025. En una decisión histórica, el Tribunal Superior de Buga, Sala Penal, profirió condena contra los narcotraficantes y paramilitares Diego León Montoya y Diego Rodríguez Vásquez por los hechos conocidos como la ‘Masacre de Trujillo’. Se les impuso pena de 420 meses (35 años) de prisión y se ordenó su captura inmediata.   

 Los hechos corresponden a una sucesión de actos de homicidio, tortura, secuestro y desaparición forzada, en ese municipio del Valle del Cauca. La sentencia se refiere únicamente a los crímenes ocurridos entre el 23 de marzo y el 23 de abril de 1990 y a 26 de los homicidios. Según informaciones de la comunidad, en su mayoría desplazada, se estima que en total fueron 342 las víctimas de la Masacre y que el 91% de las personas asesinadas eran hombres. De estos, el 51% tenían entre 26 y 45 años. El 54.2% eran campesinos, mientras que el 16% eran motoristas y tenderos. 

 “Saludamos esta decisión que valoramos como avance de la justicia que durante años ha sido reclamada por las víctimas. Diego León Montoya es uno de los máximos responsables de los hechos que allí se cometieron, pero también hay algunos integrantes del Ejército y civiles que participaron en toda la estructura criminal, a quienes todavía la Fiscalía debe investigar; es una impunidad estructural la que aquí impera. Esperamos que se puedan esclarecer estos hechos,” manifestó Eduardo Carreño Wilches, cofundador del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y representante de víctimas. 

La sentencia, resultado de recurso de apelación interpuesto por Fiscalía y Cajar, revoca la absolución proferida en 2021 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Tuluá, en favor de Diego León Montoya, alias ‘don Diego’.  El Tribunal Superior de Buga consideró que el fallo de primera instancia desconocía la realidad procesal y todas las pruebas que demostraban la responsabilidad de los acusados en los hechos violentos de Trujillo, cometidos en alianza con integrantes del Ejército Nacional, la Policía y algunos civiles.   

Para esto, tomó en cuenta los testimonios de la comunidad y de autores materiales de los crímenes, como el de Pablo Emilio Cano y el de Daniel Arcila Cardona (posteriormente torturado y asesinado), quien, como informante del Ejército y apoyo del coronel (r) Alirio Antonio Urueña, capturó a muchas de las víctimas, presenció las torturas a las que fueron sometidas y cómo fueron cruelmente asesinadas. De igual manera, señaló los lugares en la hacienda Las Violetas, propiedad de la familia de ‘Don Diego’ en los que se habrían cometido los hechos y cómo posteriormente una serie de cuerpos de las víctimas fueron arrojados al río Cauca. 

El caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en donde culminó en 2015 con un acuerdo de solución amistosa en el que el Estado colombiano reconoció su responsabilidad internacional. 

Debido a que Diego León Montoya, alias ‘Don Diego’ fue extraditado a Estados Unidos, esperamos se tomen las medidas necesarias para lograr que responda en Colombia por estos crímenes.