Distintas organizaciones sociales del país enviaron hoy una carta al presidente Juan Manuel Santos, y su Canciller, María Ángela Holguín, solicitando que “siente una posición firme de rechazo a las propuestas de reforma que afecten la independencia financiera de la RELE” ya que, para estas organizaciones, ha faltado claridad en la posición de Colombiana frente al tema.

 

En su carta las organizaciones plantean la existencia de contradicciones entre el discurso del Presidente Juan Manuel Santos y las más recientes declaraciones de la Canciller frente a esta reforma al CIDH:

Por un lado el Presidente afirmó el 22 de agosto de 2012 que no se apoyaría una reforma que afecte la independencia financiera de la RELE al decir que “No podemos retroceder en la labor que ha avanzado esta relatoría, y por eso apoyamos su independencia financiera, sin perjuicio de que otras de las relatorías reciban un apoyo mayor por parte de los Estados miembros.”

Más recientemente el 18 de marzo de 2013 Santos anunció: “Pero se trata en todo caso, y quiero dejar eso muy claro, de fortalecer y no de debilitar, y por eso Colombia NO comparte, no compartimos posiciones extremas, ni tampoco compartimos la tentativa de debilitar por ejemplo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, cuyo papel ha sido crucial, ha sido fundamental para proteger esta libertad tan importante para el desarrollo democrático de nuestros pueblos.

Por supuesto, esto no significa que otras relatorías no puedan o no deban recibir un apoyo mayor por parte de los Estados miembros.

Pero lo dije entonces y lo repito hoy, que estamos a portas de una decisión, de una discusión sobre esto en particular. Y quiero hacerlo ante ustedes los honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: en lo que a Colombia se refiere ,en lo que a nuestro país se refiere, nuestra postura de defensa y protección de la libertad de expresión no tiene ni tendrá fisura alguna.”

Por su parte, la Canciller afirmó recientemente en una entrevista hecha por la Revista Semana que “En cuanto a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, el punto que se ha discutido es sobre su financiamiento, más que otra cosa, porque los recursos que reciben otras relatorías como la indígena, la de mujer o de niños, son infinitamente inferiores y las relatorías deberían tener un mismo estándar. Vamos a ver qué pasa, porque no queremos que esto genere divisiones dentro de la misma OEA, en donde ya hay complicaciones.”

Las preocupaciones que manifiestan las ONG no paran solamente por los discursos contradictorios. Según la misiva, la posición adoptada por Colombia en la Reunión de Estados Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos realizada en Guayaquil la semana pasada fue blanda.

Según Camilo Sánchez, vocero del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, “una posición enérgica hubiera sido rechazar el texto de Guayaquil, o si acaso haber hecho notas aclaratorias sobre su posición tal como lo hicieron Paraguay y Panamá.”

Y agrega que “Colombia dice que logró bajarle el lenguaje a la propuesta de Ecuador (de uno más impositivo a uno más sugerente o de “recomendaciones”) y con eso se tranquiliza. A mi juicio, eso resulta siendo funcional a Ecuador y su objetivo de eliminar la independencia financiera de la Relatoría para la Libertad de Expresión.”

Hay que recordar que actualmente, los recursos que los Estados entregan a la CIDH sirven para financiar menos del 50% de su operación. Si no se permite que estos órganos reciban recursos de cooperación, significaría recortar aproximadamente el 50% de las actividades de las relatorías. Además de esto, se debe recordar que los pocos dineros que destina la CIDH a relatorías van a las oficinas de indígenas, mujer y niños, entre otras que no gestionan recursos propios.

Para finalizar, la misiva firmada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), la Misión de Observación Electoral (MOE), Transparencia por Colombia, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y ANDIARIOS. Las organizaciones recuerdan que en 2 días será la fecha límite para que los Estados miembros de la OEA acuerden estas modificaciones, que de ser aprobadas dejarían sin herramientas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para defender a los ciudadanos de los abusos del poder de los Estados.