El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) denuncia presencia militar y hostigamientos en contra de la comunidad de Pitalito (Cesar), luego de realizar el retorno a su territorio, el día 21 de mayo 2013. La comunidad viene siendo acompañada por abogados del Equipo Jurídico Pueblos y la Fundación Comité de Presos Políticos (FCSPP), integrantes del Comité de Impulso del MOVICE.

Hechos:

 

• El 21 de mayo se percibió el frecuente tránsito por el territorio, de dos trabajadores del Sr. Juan Manuel Fernández de Castro, responsable del desalojo anterior de la comunidad. Los trabajadores portaban radios de comunicación de frecuencia corta.

• Ese mismo día, 21 de mayo, a las 1:40 pm, un grupo de siete miembros del Ejército Nacional del Batallón Energético y Vial No. 3, “General Fortul” de la Brigada Blindada X, al mando del teniente Barajas, rodearon la zona generando temor en la comunidad. Los uniformados quienes permanecieron en el lugar por espacio de una hora, pretendieron tomar fotografías a las familias asentadas, pero fueron disuadidos por la presencia de acompañantes internacionales.

• El 22 de mayo, a las 10:45 am, uno de los trabajadores del Sr. Juan Manuel Fernández de Castro recorrió la zona delimitada por la comunidad tomando fotografías de los emblemas, pancartas y banderas de la comunidad. Cuando los representantes de las organizaciones nacionales e internacionales presentes allí; Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y el Observatorio Internacional de Paz (IPO), se acercaron al trabajador preguntando por aquella situación, manifestó que era una orden del “patrón”; el Sr. Fernández de Castro.

• El 23 de mayo, antes de las 7:00 am, llegaron ocho miembros del Ejército Nacional motorizados, quienes se presentaron con actitud agresiva como integrantes del BAEV (Batallón Energético y Vial). Los militares fueron atendidos de nuevo por integrantes de las organizaciones internacionales presentes, quienes intervinieron para evitar que ingresaran al lugar de asentamiento de la comunidad, delimitado como espacio exclusivo de la población civil. Asimismo los militares señalaron que llegaron allí porque el “Procurador de Paz” les dijo que había recibido una llamada de PBI, en la que le denunciaban que en la zona había presencia de hombres armados “ajenos a ellos”, información que resulta falsa.

• El 24 de mayo, hicieron presencia en Pitalito el inspector de la Policía y el Personero del municipio de Chimichagua (Cesar), con el fin de observar lo que sucede en el predio. Al parecer se realizó en respuesta a una querella presentada por Fernández de Castro.

Contexto:

• La comunidad de Pitalito fue víctima de desplazamiento forzado desde el 24 de junio de 2010, debido a actos violentos en su contra, protagonizados por miembros del Ejército Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía y un grupo de civiles armados al servicio de Juan Manuel Fernández de Castro, empresario palmero, dueño de la empresa Orlandesca, afiliado a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma).

• Desde esa época del desplazamiento, la comunidad y aquellos que la acompañan han sido víctimas de a una serie amenazas, atentados, señalamientos y hostigamientos, entre ellos:

-El 7 de septiembre 2012, el Sr. Jhonel Cárdenas Castrillo, líder comunitario y de restitución de tierras que acompaña a la comunidad desplazada de Pitalito, sufrió un atentado contra su vida en el municipio de Curumaní (Cesar), cuando se encontraba cenando en la puerta de su casa junto a sus hijos menores. Hasta el momento, las investigaciones no han presentado ningún resultado concreto y los responsables siguen libres, a pesar de haber sido identificados.

-El 19 de enero 2013, en una reunión con la Policía Municipal y miembros del Ejército, el alcalde actual de Curumaní, Henry Alfonso Chacón Amaya, advirtió que habían “personas extrañas” visitando el pueblo de Santa Isabel, ubicado a 15 minutos de Curumaní, para conocer a los habitantes y que la comunidad debía tener cuidado porque estas personas tenían “vínculos con la guerrilla”. Al parecer se refería a los abogados que venían a acompañar la comunidad, miembros del Equipo Jurídico Pueblos y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

-El 9 de mayo 2013 se radicó la solicitud de restitución de tierras en los términos de la Ley de Víctimas (1448 de 2012) ante la Unidad de Restitución de Tierra de Valledupar. La comunidad realiza el retorno con fundamento en el artículo 66 de la misma ley.

El gobierno nacional manifiesta ser comprometido a la restitución de tierras en el país, y a los derechos de los reclamantes, sin embargo hasta ahora no ha tomado ninguna medida para asegurar la seguridad y la restitución de tierra a la comunidad de Pitalito.

Exigimos:

 

Que el Gobierno Nacional ordene de inmediato el cese de todo acto de persecución y hostilidad contra las familias de la comunidad campesina de la vereda Pitalito, y tome medidas necesarias para garantizar su seguridad y permanencia en la tierra.

Que las organizaciones nacionales e internacionales se comuniquen cuanto antes con las autoridades colombianas, para que cumplan estas medidas.