Villavicencio – Meta, mayo 7 de 2017.
ASOMUDEM – Asociación de Mujeres desplazadas del Meta.
Escrito por: ASOMUDEM
En nuestra condición de víctimas sobrevivientes de las masacres de Mapiripán – Meta – ocurridas entre los años 1997 y 1998, alzamos nuestras voces con rechazo e indignación al conocer que el único alto mando militar hallado responsable y condenado por estos crímenes, fue dejado en libertad el pasado cinco de mayo sin haber aportado a la verdad, sin haber reparado a las víctimas, y en un contexto en el cual continuamos siendo, estigmatizadas, amenazadas y revictimizadas.
El Gobierno Nacional y sus fuerzas en el Congreso de la Republica, han hecho uso de la vía rápida y de facultades legislativas extraordinarias para imponer una interpretación del acuerdo suscrito con las FARC – EP, de manera desfavorable para las víctimas de crímenes de Estado, quienes vemos como se diluyen nuestros derechos a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición, porque de ninguna manera se nos ha tenido en cuenta negándonos la participación.
Recibimos con indignación la noticia que el Juzgado 21 de Ejecución de Penas de Bogotá, decretó la “libertad transitoria condicionada y anticipada” del general (r) Jaime Humberto Uscátegui, en virtud de los beneficios que de manera desproporcionada la ley de Amnistía – 1820 de 2016 – le otorga a los agentes del Estado responsables de graves violaciones a los derechos humanos, de crímenes de guerra y lesa humanidad. No obstante, a que en el referido acuerdo, se estableció que quien se acoja a estas leyes deben contar la verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.
La libertad anticipada y condicionada con la que se premia a los miembros de las fuerzas públicas responsables de estos graves crímenes sólo está condicionada a la firma de una mera acta de compromiso que no garantiza el restablecimiento de nuestros derechos. De ahí que nos preguntemos ¿cuáles serán los aportes del general (r) Uscátegui para repararnos? ya que ante los medios de comunicación ha manifestado reiteradamente la voluntad de demostrar su inocencia.
A 20 años de las masacres ocurridas en Mapiripán, perpetradas en varios lugares de nuestro municipio, el dolor que nos embarga por la violenta pérdida de nuestros seres queridos, el desarraigo, despojo y desplazamiento de nuestro territorio no ha cesado porque aún no hemos sido reparados integralmente. De acuerdo a las confesiones del cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso, una de las masacres – la ocurrida en el casco urbano del municipio – se preparó con más de seis meses de anticipación, contando con el apoyo del Ejército Nacional, que en reunión en la cual estuvo presente el zar de las esmeraldas Víctor Carranza se dividieron tareas y se aportaron hombres y dinero y que el destino planeado era la vereda Caño Jabón, donde arribaron 10 meses después de la masacre del casco urbano, para perpetrar otra, en la cual también participó el Ejército. Estos hechos fueron demostrados en instancias nacionales e internacionales, – Sentencia del 15 de septiembre de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -.
Las víctimas sobrevivientes de Mapiripán, continuamos luchando por la verdad, la justicia la reparación y las garantías de no repetición, por ello exigimos:
Al General (r) Jaime Humberto Uscátegui:
Que diga todo cuanto sabe en relación con las masacres de Mapiripán y la incursión paramilitar en nuestro territorio, no sólo frente a su responsabilidad sino a la de militares, políticos y empresarios implicados.
Que no nos re-victimice.
Que reconozca la existencia de la masacre y de las cientos de víctimas que produjo.
Que no mienta, que no engañe, que no juegue con el dolor de las víctimas y sus familiares, presumiendo de su inocencia.
A las autoridades judiciales del Estado, las vigentes y las que están por crearse; que cumplan estrictamente lo que dice el acuerdo en el punto de víctimas y que se realice un seguimiento al cumplimiento de los deberes que tienen los agentes del Estado, en este caso el general (r) Uscátegui, respecto a las víctimas, la sociedad, y ante el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y Garantías de No Repetición.
La impunidad es otra violación grave a los derechos humanos.