“Protestar no es un delito”: Yessika Hoyos

“Protestar no es un delito”: Yessika Hoyos

¿Qué acciones viene adelantando el movimiento sindical para visibilizar la situación de la criminalización de la protesta sindical y social?

YH: El 17 y 18 de noviembre de 2015, la CUT y CTC con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos y sociales como el CCAJAR, la ENS, entre otras, realizaron un encuentro denominado “Encuentro Nacional por la No criminalización de la protesta sindical y social”,en esta oportunidad asistieron alrededor de 1.000 sindicalistas de todo el país, denunciando múltiples violaciones a sus derechos, precisamente en contextos caracterizados por exigencias sindicales y laborales.

¿En qué consisten este tipo de violaciones a derechos humanos?

YH: Los y las sindicalistas han denunciado la gravedad de las lesiones causadas por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional, a tal punto que se ha convertido en regla que por ejemplo, una vez se instala legalmente una huelga conforme a las leyes laborales, empresarios optan por llamar a la fuerza pública para desalojar de la zona o del lugar de trabajo a los sindicalistas, ante la mirada displicente del Ministerio del Trabajo, lo cuál es sumamente grave. Adicionalmente el escenario de violencia antisindical aún no encuentra la garantía efectiva desde elderecho de acceso a la justicia. En el tema del asesinato a sindicalistas, los procesos penales se siguencaracterizandopor ser escenarios deimpunidad, la cual se sitúa en un 87% según recientes cifras de la ENS.

¿Cuáles son las exigencias del movimiento sindical en esta materia?

YH: El Movimiento Sindical viene adelantando un proceso de diálogo con el gobierno colombiano en materia de reparación colectiva al movimiento sindical. Recientemente el gobierno expidió el decreto 624, por el cual se crea y reglamenta la Mesa Permanente de Concertación con las Centrales Sindicales CUT, CTC, CGT y FECODE, esto como medida legal para dar impulso a un proceso que esta reconocido en la ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas). Hay expectativa, pero también hay claridades de parte nuestra, y es que el Estado debe reparar plenamente todos los derechos de los y las sindicalistas, reconocer que sus luchas han sido y siguen siendo legítimas para la construcción de la democracia.

¿Cómo entender el proceso de reparación colectiva al movimiento sindical en un contexto de continuidad de las violaciones y de apertura a la paz negociada?

YH: Hay varias fórmulas para interpretar estos procesos. Todas ellas pasan por reconocer la obligación del Estado colombiano en garantizar que se conozca la verdad sobre los crímenes contra sindicalistas, los beneficiarios de estas violaciones a los derechos humanos, el derecho de las familias y del movimiento sindical a ser reparados integralmente, pero también el deber de hacer frente a las nuevas acciones que impiden la sindicalización y el desarrollode las libertades sindicales. Es decir, que las garantías de no repetición pasan por blindar al sindicalismo de aquellos actos que atentan contra la asociación sindical, y que hoy reconocemos en la obstrucción al ejercicio del derecho a la protesta y la movilización social. Un gran paso en este sentido sería el desmonte de la doctrina de enemigo interno utilizada por las fuerzas militares durante la vigencia del conflicto armado, pero también depende en gran medida de una intervención pacífica en los conflictos laborales entendido que es una obligación del Ministerio del Trabajo prevenir las violaciones a los derechos laborales y sindicales.

¿Y en materia de lucha contra la impunidad que nos espera?

YH: La lucha contra la impunidad está íntimamente ligada con el derecho de acceso a la justicia. Necesitamos el desmonte de leyes que han contribuido a la persecución de sindicalistas en escenarios penales como la ley de “seguridad ciudadana”, o que por el contrario impiden la sanción de los máximos responsables de los crímenes contra sindicalistas. La Justicia debe fortalecerse, y hay que reconocer que hay esfuerzos en la Fiscalía y en la Judicatura, pero el gobierno colombiano debe proporcionar mediante acciones serias y oportunas, todas las garantías para que las juezas y jueces logren concluir los procesos penales que aún esperan sanción efectiva y acceso a la verdad. Una judicatura fortalecida podrá responder a la tarea histórica de garantizar justicia con independencia y en plazos razonables.

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