El informe ¿Qué futuro nos espera? documenta estos 23 casos en los que fueron asesinadas 39 víctimas. De ellas, 13 continúan en condición de personas no identificadas, por lo que se solicita a la JEP, coordinar con la UBPD las acciones necesarias para procurar su identificación y permitir la entrega digna de los cuerpos a sus familiares.
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Bogotá DC, 7 de marzo de 2019 – El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP, la Comisión Colombiana de JurIstas –CCJ, y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR, organizaciones defensoras de derechos humanos, presentan a la Jurisdicción Especial para la paz -JEP el Informe ¿Qué futuro nos espera? sobre 23 casos de ejecuciones extrajudiciales bajo la modalidad de “falsos positivos” cometidas por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”, bajo la comandancia del entonces Teniente Coronel Adolfo León Hernández Martínez, hoy Brigadier General, al mando del Comando de Transformación del Ejército del Futuro. El alto mando militar también fue mencionado en el reciente informe de Human Rights Watch que cuestiona los nombramientos de varios militares involucrados en crímenes como estos.
El informe ¿Qué futuro nos espera? documenta estos 23 casos en los que fueron asesinadas 39 víctimas. De ellas, 13 continúan en condición de personas no identificadas, por lo que se solicita a la JEP, coordinar con la UBPD las acciones necesarias para procurar su identificación y permitir la entrega digna de los cuerpos a sus familiares.
Este informe, el primero de cinco que presentarán a la JEP organizaciones de derechos humanos este año, revela cómo en el Batallón “La Popa” bajo la comandancia de Adolfo León Hernández, se simularon combates en que la mayoría de las víctimas fueron presentadas como integrantes de Bacrim y otras como integrantes del ELN o la antigua guerrilla Farc-EP. Para ello, los integrantes de la fuerza pública se valieron de diferentes artificios como falsificación de documentos de control del Batallón que se expresan en informes de inteligencia con fechas posteriores a los supuestos combates; misiones tácticas sin previo informe de inteligencia; incongruencias entre los testimonios de soldados involucrados y los organigramas operacionales en relación con la duración y ubicación de los combates; evidencia de disparos por la espalda no correspondientes con situaciones de combate; cuerpos presentados con prendas de vestir o calzado de tallas incorrectas (caso Talla 28 como lo nombró la Fiscalía) o mal puestas (botas al revés); y pagos de recompensas a supuestos informantes hasta seis meses después de las operaciones. Incluso se advierten pagos a personas presentadas posteriormente como muertas en combate.
Otro de los hallazgos es la existencia de un patrón de encubrimiento que buscaba que la jurisdicción penal militar fuera la encargada de investigar estos hechos para que las investigaciones se cerraran prontamente. Igualmente, se buscó encubrir la verdad a través de falsos testimonios de desmovilizados de grupos ilegales, o incluso en testimonios rendidos por el mismo comandante del batallón, el Coronel Martínez, a favor de los implicados. En uno de los casos, el hoy General llegó a presentar una denuncia penal por reclutamiento forzado de menores por parte de la guerrilla del ELN para intentar justificar la ejecución extrajudicial de una niña indígena de 15 años raptada cerca de su casa.
En tres de los casos que se relacionan en el documento existen condenas en primera o segunda instancia contra mandos medios o soldados rasos, pero en general prevalece la impunidad. La misma que facilitó el ascenso en la cadena de mando del general Hernández Martínez, por lo que las organizaciones solicitan a la JEP que como medida de reparación se ordene la creación de un sistema de control público de ascensos militares y como medida cautelar se ordene la suspensión del General Hernández Martínez en el cargo que ostenta actualmente, medida que debería hacerse extensiva a todos los comandantes militares cuyas unidades bajo su mando, están comprometidas en violaciones a derechos humanos.
Las organizaciones que presentan este informe solicitan a la JEP llamar al General Adolfo León Hernández Martínez a rendir versión voluntaria de reconocimiento de verdad y responsabilidad. De lo contrario, piden que se remita el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.
De cara a esclarecer la responsabilidad más allá de los autores materiales, el informe describe toda la cadena de mando para la época de los hechos. Los superiores jerárquicos de Martínez Hernández eran el comandante de la Décima Brigada Blindada Coronel Iván Darío Recuero; el entonces comandante de la Primera División del Ejército, Brigadier General Luis Felipe Paredes Cadena; el comandante del Comando Conjunto No. 1 “Caribe” Mayor General Óscar Enrique González Peña; el comandante del Ejército Nacional, General Mario Montoya Uribe, el Comandante de Fuerzas Militares, General Freddy Padilla de León; y el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.
Como medida de satisfacción de los derechos de las víctimas, el informe recomienda que se promueva la realización de actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad y perdón y restablecimiento de la dignidad y buen nombre de las víctimas, previamente concertados con ellas.
En seguimiento al examen preliminar que adelanta la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Colombia, las organizaciones enviarán el informe a este órgano que ha formulado recomendaciones sobre el deber de investigar las ejecuciones extrajudiciales, en particular, en el caso de altos mandos militares.
Rueda de prensa, posterior a la presentación del Informe ¿Que futuro nos espera?, en la que reiteramos solicitud de mecanismo público de ascensos en las fuerzas militares y que se suspenda de su cargo al Gral Hernández Martínez.
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