Complicada ha resultado en Colombia la construcción del Protocolo de Participación Efectiva de Víctimas, que debió estar listo al término del espacio nacional transitorio cuyo periodo culminó el pasado 30 de marzo.

 

La falta de consenso, los problemas de representatividad, las controversias entorno a los incentivos económicos y las continuas recomendaciones al borrador de protocolo, han impedido consumar la elaboración del documento final y han encendido diversas discusiones.

Justamente ayer se realizó en el Congreso una sesión especial de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas con la participación del Gobierno, la Unidad de Víctimas, las organizaciones de víctimas, los órganos de control y las ONG´s. Por supuesto el tema del protocolo y la participación han sido centro del debate.

Dicho protocolo, será el instrumento a través del cual las organizaciones de víctimas podrán participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de atención y reparación integral a las víctimas; como lo dispuso la Ley 1448 de 2011 –Ley de Víctimas y Restitución de Tierras-.

Si bien la ley dispuso la creación del protocolo para promover la participación efectiva de las víctimas en los niveles nacional, departamental y municipal, también planteó que éste se debía construir con las organizaciones en un espacio transitorio. Pero el plazo de ese espacio terminó y el protocolo aún no se define, pese a las 26 reuniones regionales y los 2 encuentros nacionales, de organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras, para concretar el asunto.

En medio del debate, existen desde denuncias sobre intereses que involucran a los tramitadores hasta temas que comprenden la representación de las víctimas, los incentivos de participación, la debilidad institucional para fortalecer la capacidad organizativa, confusiones frente a los borradores de protocolo presentados y discrepancias con la Unidad Nacional de Atención y Reparación a Víctimas al momento de acoger las propuestas de las organizaciones, en las múltiples versiones del protocolo.
Buscando diferentes opiniones y experiencias al respecto, la agencia de prensa del IPC entrevistó funcionarios, líderes de organizaciones de víctimas, delegados de organizaciones defensoras y representantes del ministerio público, entre otros, para conocer sus versiones sobre lo que implica el tema la participación y, fundamentalmente, sobre lo que ha ocurrido con la discusión del protocolo.

Las entrevistas serán publicadas en varias entregas, en esta primera ocasión, partiendo de lo local, empezamos con:

Luz Mery Velásquez, delegada de las víctimas al Subcomité Municipal de Participación, relatando algunos problemas que en Medellín han tenido las víctimas en este proceso y denunciando la interferencia de tramitadores en el tema de la participación.

Jorge Mejía, Secretario de Gobierno de Medellín, refiriéndose a la intervención de los tramitadores para entorpecer la participación y a la necesidad de fortalecer las organizaciones para garantizar la participación efectiva.

Y Hugo Parra, personero delegado para la Atención a Víctimas en Medellín, abordando algunos de los problemas para la discusión del protocolo de participación en Medellín, partiendo de la falta de consenso en las organizaciones de víctimas y de la incidencia mayoritaria de las víctimas de desplazamiento forzado.

Luz Mery Velásquez, delegada al Subcomité de Participación de la Mesa Municipal de Víctimas de Medellín

¿Qué ha problemas han encontrado las víctimas en Medellín con el protocolo de participación?

Creo que la no existencia del protocolo ha generado una crisis en la participación de las víctimas en la mesa transitoria. El protocolo ha tenido varias versiones y ha habido un trabajo intenso de estudio y de propuestas, algunas personas lo hicimos juiciosamente, otras simplemente han hablado en contra del protocolo.

Hicimos unas propuestas muy interesantes, pero nos preocupa que la mayoría de los puntos propuestos no fueran tenidos en cuenta y ahora difícilmente va a aparecer una resolución, la cual no acoge ni transforma todo lo que se había planteado en el protocolo.

El protocolo era muy amplio pero tenía una problemática inicial, y es que fue basado en el protocolo de desplazados, entonces aquí la situación de las víctimas de otros tipos de victimización está siendo opacada porque acoge mucho la parte de desplazamiento forzado pero sobre los otros hechos victimizantes no se está actuando, visibilizando ni tomando medidas en beneficio del derecho que tenemos las víctimas de otros hechos victimizantes.

En la Mesa Municipal de Víctimas de Medellín estuvimos trabajando sobre un reglamento interno que establece las medidas de participación de los diferentes hechos victimizantes y el enfoque diferencial como mínimo de género. Trabajamos sobre un reglamento, pero ese reglamento está limitado o coartado a la espera del protocolo y seguimos en la espera.

Entonces se han adelantado algunas propuestas y tenemos algunos talleres sobre el reglamento interno de la mesa de víctimas de Medellín, pero creo que es difícil que se moldee porque la mesa de Medellín tiene un número de asociaciones muy alto, nos inscribimos 82 organizaciones de víctimas

¿Por qué es tan difícil trabajar con esas 82 organizaciones?

En esas 82 organizaciones hay muchas que consideramos no tienen organización de base. Creo que la mesa municipal de víctimas fue la estrategia que utilizaron los señores tramitadores como para legalizarse, para establecerse o ser actores en la medida que pensaron que nos iban a entregar presupuesto para ejecutar proyectos. Yo creo que esa fue la visión que motivó tanto la inscripción de los tramitadores.

El protocolo debe, en alguna forma, prohibir la inscripción ante las mesas municipales y en los diferentes espacios de participación de los señores tramitadores y en Medellín es urgente que se establezca esta diferenciación y que seamos avaladas las organizaciones que tengamos trabajo de base, trabajo social, con las diferentes víctimas en los diferentes hechos, que nosotros tengamos un fortalecimiento de las organizaciones, pero todo esto no se ha podido lograr en el municipio de Medellín porque estos señores no lo permiten. Son un número muy alto, tienen la nefasta experiencia de la Ley 387, de que no les hicieron caso y entonces no nos dejan trabajar.

Por eso el protocolo de participación es urgente que salga y que establezca parámetros que no coarten la participación de las víctimas pero que sí establezcan los parámetros y la legalidad de las organizaciones que vamos a participar en los estamentos o en los espacios de participación de víctimas, que podamos intervenir activamente en la toma de decisiones en beneficio de las víctimas del conflicto.

¿Cuáles fueron los temas que ustedes sugirieron se agregaran al protocolo y que no fueron agregados?

Nosotros sugerimos primero que todo que fuera incluyente. También recomendamos asuntos como la preparación de los funcionarios para la atención a las víctimas, que debe ser desde los contratistas, porque nada nos ganamos con que preparen a los directores de los centros si nosotros asistimos a donde un funcionario que no nos atiende bien.

Otros temas son la parte de la participación, el fortalecimiento de las organizaciones, la estructura de la mesa, la visibilización de los otros hechos victimizantes y la parte de la memoria histórica, en Medellín hay una situación particular con la Casa Museo de la Memoria, eso es para las víctimas y con las víctimas, entonces que nosotros podamos tener incidencia en todos esos aspectos.

Jorge Mejía, Secretario de Gobierno de Medellín

¿Qué se requiere en Medellín para lograr que la participación de las víctimas sea efectiva?
Hay una necesidad de que las víctimas se organicen en aras de la participación que es fundamental. Las víctimas tienen que tener capacidad organizativa suficiente para poder interlocutar debidamente con el Estado a nivel nacional, departamental o municipal.

¿Qué pasa con esa capacidad organizativa? ¿Por qué persisten las dificultades de interlocución?

Además de debilidades nuestras como Estado a nivel municipal, para fortalecer a las organizaciones de víctimas, hay que reconocer que todavía hay mucho individualismo a su interior y no solo eso sino que algunas personas también han tratado de aprovechar para beneficio propio esa condición de población numerosa de víctimas y algunos intermediarios tratan de hacer un negocio alrededor de este problema. Entonces a estas personas que se lucran indebidamente de esta tragedia no les conviene que haya organizaciones fuertes, robustas por parte de las víctimas que asuman la vocería legítima de las víctimas ante el Estado.

Hugo Parra, personero delegado para la Atención a Víctimas en Medellín

¿Cómo ha visto la Personería el proceso de construcción del protocolo de participación?

Ese ha sido un tema que se ha venido tratando ya desde hace mucho tiempo, desde el momento en que se consolidó la Mesa de Víctimas del Municipio de Medellín, pero que infortunadamente, en cada una de las reuniones en las que se ha llevado a cabo, la discusión del protocolo no ha sido posible, porque algunos de los representantes de las víctimas acá en el municipio de Medellín, de cierta manera, son algo complicados para trabajar y primero someten a discusión una gran cantidad de cosas antes de entrar en materia y ya luego es muy poco lo que se puede hacer. Esto a pesar de que hay un compromiso muy grande de muchas instituciones y organizaciones que estamos prestas a apoyar y consolidar este proyecto.

¿En el caso de Medellín cuáles han sido los asuntos o los temas que han dilatado la consolidación de este protocolo?

Es como repetitiva la situación porque ha sido bien difícil que los delegados y los representantes de las organizaciones de víctimas se metan más en el cuento de ser proactivos en este paseo y de sacar unas normas que nos permitan de verdad trabajar de manera mancomunada y avanzar en el proceso de lo que pretende la Ley 1448.

Entonces ellos empiezan a trabajar temas y asuntos de carácter personal, es que yo viví, a mi me pasó, yo tal cosa… Y en las mismas reuniones se ven unas diferencias muy grandes entre los diferentes hechos victimizantes. Recordemos que anteriormente sólo era el desplazamiento forzado y hoy en día la Ley 1448 agregó otros, que suman más o menos 12 hechos victimizantes.

Eso también ha venido ocasionando algunas incomodidades porque los desplazados consideran que son la mayoría y tratan, digamos en ciertos momentos, de apabullar a las otras víctimas de secuestros, de homicidios, de violaciones, de torturas o de cualquiera de esos otros hechos victimizantes que puedan darse.

Entonces no hay como una unificación de criterios entre las diferentes organizaciones sino que más bien cada una tira para su lado en vez de buscar la armonía de la ley y el beneficio para todos.

¿Cómo ha sido la actuación de la Unidad de Víctimas en este proceso?

La verdad que ha sido buena. Aquí la Unidad de Víctimas de Medellín, a cargo de la doctora Luz Patricia Correa, que es una persona de gran conocimiento de estos temas, y de un grupo de trabajo grande que tiene, pues siempre ha estado muy al tanto de fortalecer todo este trabajo, porque en últimas es a ellos a quienes corresponde. A nosotros solamente nos asignó la ley el manejo de la Secretaría Técnica de la Mesa de Víctimas, de convocar a las reuniones y de ayudarles a ellos; pero en últimas al municipio es al que le toca todo el tema de fortalecimiento, atención de los desplazados, ayudas humanitarias, subsidios, etc.

En ese sentido el municipio ha hecho un gran esfuerzo y ha metido unos recursos demasiado importantes, pero obviamente frente a la problemática que viven los desplazados y las víctimas es insuficiente. Pero ya no es culpa de la unidad municipal sino de la misma política del Estado a nivel nacional porque el tema es bastante grueso en todo el territorio nacional. En Medellín nada más se dice que hay unas 375.000 víctimas del conflicto armado, según los últimos datos de la Unidad Nacional de Víctimas.

En desarrollo…